Una ley para la integración

El Gobierno de la Generalitat acaba de firmar el Pacto Valenciano por la Inmigración con los agentes sociales. Los sindicatos CC OO y UGT, la patronal Cierval y el Consell han suscrito el primer acuerdo de estas características en nuestro país. Un pacto al que se unirá la Ley de Integración de los Inmigrantes y que cubre una laguna necesitada de iniciativas políticas. Se trata de una respuesta complementaria a la legislación estatal aún necesitada de reformas que no debería dilatarse más en el tiempo.

Todos los inmigrantes tienen derecho a la integración, incluso aquellos que han llegado de forma irregular. Y mientras se resuelve en un sentido u otro su situación, deben ser los destinatarios de las políticas de integración. Pero que no lo olviden algunos predicadores del aquí cabemos todos: los inmigrantes también tienen el deber de integrarse en la sociedad que han elegido para vivir, trabajar o encontrar las oportunidades que no se les ofrecen en su país de origen. Derechos y deberes. Es necesaria una posición tan alejada del tradicional asimilacionismo practicado por los irreductibles del purismo como del relativismo cultural y social que postula todavía cierto anacronismo de izquierda.

La necesaria ley estatal de integración debería ser fruto del consenso en el Parlamento

La inmigración no solo implica llegar a otra nación y encontrar trabajo y alojamiento, tampoco se agota en el derecho a recibir las atenciones sanitarias o sociales, ni en la incorporación al sistema educativo de los menores inmigrantes. La integración va más allá. Inmigración e integración son las dos caras de una misma moneda. Porque sin integración, la inmigración es un no lugar en la sociedad. Una fuga cotidiana, una marginación constante. Un desarraigo multiplicado. Una fuente de inquietud y de frustración.

El Gobierno valenciano impulsa la integración de los inmigrantes. Es el primer Ejecutivo autonómico que ha convertido esa inquietud en un proyecto de ley, cuya aprobación en la Cámara autonómica es inminente. La nueva ley es una iniciativa democrática que contrasta con un hecho difícilmente explicable: la ausencia de una norma estatal sobre integración. Ese vacío normativo es una dejación de responsabilidades por parte del Ejecutivo socialista. La normativa estatal está centrada en lo que se conoce como política de fronteras. No existe todavía ese texto que articule el proceso de integración de los inmigrantes.

Esa ley es necesaria, es urgente. Porque los inmigrantes en España ya suponen cerca de cinco millones de personas, más del 11% de la sociedad, y se han incorporado a la sociedad española en apenas ocho años. Lo que no deja de ser extraordinario, si se tiene en cuenta que los grandes países de la Unión Europea -Francia, Alemania, Reino Unido- ya tienen porcentualmente menos extranjeros que España. Esos países, además, llevan 50 años siendo destino regular de la inmigración, mientras que España solo lleva diez años.

Ello da cuenta de las proporciones del fenómeno migratorio en España, y, a la vez, dice mucho a favor de los españoles, de su apertura, de su universalismo y de su capacidad de convivencia. También ello demuestra que los inmigrantes han sabido incorporarse a la sociedad española con gran inteligencia y sensibilidad. Con un esfuerzo admirable. Sin que ello signifique olvidar que se han producido algunos sucesos aislados, aunque muy preocupantes, de xenofobia y racismo.

Ha llegado la hora de perfeccionar los mecanismos de la integración. Porque han pasado varios años y todos sabemos más de la inmigración. Sin olvidar que la ciudadanía valora muy positivamente la aportación de los inmigrantes a la riqueza de España. Riqueza no solo evaluable en términos económicos, sino también culturales.

La necesaria ley estatal de integración debería ser fruto del consenso en el Parlamento, y, sin duda, el resultado de un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. Pero para ello es necesario que los socialistas se desprendan de ciertas rutinas disfrazadas de impreciso y quimérico progresismo, que todavía lastran su discurso. El giro copernicano del presidente Zapatero tiene que ir acompañado de propuestas concretas. De otro modo continuaremos con la incongruencia entre el discurso y la realidad a la que nos tiene acostumbrado el PSOE cuando gobierna.

Una ley que, por otra parte, estaría muy cercana a los postulados del congreso de los socialistas europeos celebrado en Oporto en diciembre de 2006, coincidentes con los que el PP ha planteado en reiteradas ocasiones, y que hacen una llamada a la defensa de los valores democráticos europeos como elemento clave para la integración de los inmigrantes. Una integración realizada desde la diversidad y desde el respeto a la cultura originaria de los inmigrantes, pero que en ningún caso puede entrar en contradicción con dichos valores.

Es necesario profundizar en el camino de la integración. Concebir un nuevo marco legal estatal que plasme del modo que sea más adecuado ese doble compromiso que se establece entre el inmigrante y la sociedad de llegada. Donde el nuevo país extiende sus derechos a la población inmigrante, y donde ésta se compromete a vivir conforme a los deberes que también atañen y obligan a la población autóctona. Y esta ley debe ir acompañada de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales para prevenir fracturas sociales que la actual situación económica puede producir.

Rafael Blasco es consejero de Inmigración y Ciudadanía.