La juez procesa al exsecretario general de Canal 9 por abuso sexual

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Paterna dictó ayer auto de procesamiento contra Vicente Sanz, exsecretario general de Ràdio Televisió Valenciana, por un delito continuado de abuso sexual. La juez señala que existen "indicios racionales" de que Sanz "se prevalió de su puesto de trabajo" para obtener "favores de naturaleza sexual" de tres periodistas del ente público entre los años 2007 y 2010.

Mediante una táctica que combinaba promesas laborales y amenazas, sigue el auto, Sanz las habría sometido a una "situación gravemente intimidatoria y humillante" que le permitió alcanzar su objetivo. Ello habría ocurrido sin el consentimiento de las mujeres "o al menos habiendo obtenido el mismo [consentimiento] de forma viciada, por estar mediatizada por las promesas y amenazas". La juez señala que los hechos "pueden estar castigados con penas de hasta 10 años prisión". Y le impone una fianza de 30.000 euros. En caso de no satisfacerla en 24 horas, añade, "procédase al embargo de sus bienes, suficientes para cubrir dicha cantidad".

Vicente Sanz, que fue brevemente presidente provincial del PP de Valencia, se hizo famoso en 1994 después de que se divulgara el contenido de una grabación en la que supuestamente afirmaba estar en política "para forrarse". Aquello significó el fin de su carrera política. Poco después, sin embargo, el expresidente Eduardo Zaplana lo nombró jefe de recursos humanos de Canal 9. El directivo se consolidó como número dos del ente que agrupa a la radio y la televisión valenciana y vio pasar a cuatro directores generales: Juan José Bayona, José Vicente Villaescusa, Pedro García Gimeno y José López Jaraba, que lo destituyó en febrero de 2010, después de que las tres periodistas presentaran la denuncia y de que el supuesto escándalo se hiciera público. Sanz, recientemente jubilado, cobrará 36.512 euros de RTVV como indemnización: una parte por haber sido destituido; y otra, porque dicho cese no se realizó con el preceptivo preaviso.

El auto de procesamiento recoge pasajes crudos que relatan cómo Sanz fue transformando supuestamente el acoso sexual en agresiones sexuales. El directivo, señala, logró mediante la estrategia mencionada que M. R. "le enviara fotos íntimas". "El denunciado, al parecer, llegó a tocar en sus genitales a esta mujer con intenciones libidinosas y presuntamente también se masturbó en presencia de ella en varias ocasiones". "Se masturbó frente a A. M. y llegó a tocar varias veces sus partes íntimas con intención lúbrica. Incluso en una de las ocasiones en que mostró su sexo erecto a esta mujer, le llegó a coger de la cabeza, atrayéndola hacia él, al tiempo que le decía: 'dame una chupaeta".

Sanz habría logrado igualmente "convencer a A. M. y a N. A. para que se desnudaran, total o parcialmente, y se acariciaran mutuamente frente al imputado, mientras él se masturbaba, y luego obligó a las mujeres a recoger el semen". "En varias ocasiones", prosigue la resolución, "consiguió que esta mujer le masturbara y le obligó a practicarle felaciones".

El hecho de que existiese presuntamente "acceso carnal por vía oral y la introducción de dedos en la vagina" tiene relevancia jurídica porque eleva el castigo previsto en el Código Penal. De uno a tres años de cárcel que prevé el tipo básico a la franja de cuatro a 10 años de prisión que establece para el tipo agravado por el que está imputado Sanz, recogido en el artículo 181.4 de la ley. La modalidad de abuso sexual que la juez apunta que habría cometido es aquella en la que el consentimiento se obtiene aprovechándose "de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima".

Aunque aún quedan algunos trámites procesales, incluidos los recursos a la resolución judicial, las fuentes jurídicas consultadas consideran que, leído el auto, Sanz está prácticamente abocado a ser juzgado en la Audiencia de Valencia más pronto que tarde.

La juez destaca que el imputado "reconoce haber mantenido relaciones sexuales completas con las denunciantes, que es más de lo que afirman las propias víctimas". Lo único que varía fundamentalmente entre unas y otras declaraciones, añade, es si las relaciones fueron consentidas o no. Para inclinarse por la segunda tesis, la titular del juzgado de Paterna repasa diversos indicios.

Constan, por ejemplo, las transcripciones de mensajes telefónicos enviados por Sanz a las supuestas víctimas "que prueban la situación de presión y control a la que se veían sometidas las mujeres"; un vídeo que acredita los contactos sexuales, y SMS con imágenes explícitas.

Una de las testigos, vio salir llorando a una de las mujeres del despacho del directivo y refirió "otros comportamientos que pueden ser calificados como de anormales del señor Sanz": pedirle que le enseñara la ropa interior; hacer insinuaciones; cerrar su despacho con pestillo cuando estaba reunido con mujeres... Dos testigos aseguraron que Sanz ejercía el poder de forma arbitraria. Y Lola Johnson, nueva portavoz de la Generalitat y consejera de Cultura y Turismo, por entonces directora de Canal 9, relató que presenció un ataque de ansiedad de una de las denunciantes.

La Intersindical Valenciana, personada como acusación, denunció ayer "que el director general de RTVV, José López Jaraba, y la exdirectora de TVV, Lola Johnson, conocían los hechos con anterioridad a su publicación en prensa e incluso vieron el vídeo que figura en el procedimiento, y aún así no actuaron en tiempo y forma para frenar esa situación". Josep Moreno, portavoz socialista en la comisión de control de RTVV, consideró "inexplicable" la inacción de Jaraba y Johnson; "hasta ahora se han dedicado a dar cobertura al presunto culpable en lugar de a las supuestas víctimas".