La interventora de Mislata denunció un lucro injusto

El Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el PP, decidió ayer de manera fulminante suspender de manera provisional a su interventora municipal, la funcionaria Herminia Llop, "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo". Los desencuentros de la funcionaria con el Ayuntamiento vienen de lejos.

En agosto de 2009 la interventora ya presentó un informe en el que expresaba que no se podía "pronunciar respecto a la proporcionalidad" de un convenio firmado con Lubasa para la construcción de unos aparcamientos y si se había producido "enriquecimiento injusto para alguna de las partes".

Todo empezó en septiembre de 2006 con la decisión del alcalde de Mislata, el popular Manuel Corredera, de construir cuatro aparcamientos. La empresa adjudicataria de las obras, por valor de 16,8 millones de euros, fue Lubasa, a la que también se le concedió la explotación administrativa de los aparcamientos. Pero un año más tarde, la empresa decidió paralizar la obra del último aparcamiento (lo que provocó un socavón de 10.000 metros cuadrados que todavía existe en el centro de la localidad) porque sólo se vendieron ocho plazas de las 1.064 construidas.

La funcionaria se opuso a la cantidad que el PP quería pagar a Lubasa

Llop insistió en que debía ser la empresa la que indemnizara al Ayuntamiento

Tras dos años, el PP rescindió el contrato con Lubasa y decidió pagar 17,6 millones de euros por los tres aparcamientos terminados y el inconcluso, un precio superior al de la licitación inicial.

Empezó entonces la guerra entre la intervención municipal, que no veía nada clara la operación, y la alcaldía. La funcionaria llegó a enfrentarse al PP y mientras tanto el PSPV exigía la revisión de la liquidación.

A partir de ahí la situación se fue enquistando y llegó incluso a intervenir la Delegación del Gobierno solicitando a la interventora municipal diversos informes cuyo contenido no agradó a Corredera.

Los desencuentros arreciaron. Por una parte, en diversos plenos la funcionaria manifestó su disconformidad con lo que el PP pretendía pagar a Lubasa, un coste mucho mayor del establecido inicialmente y que el PSPV cifró en 24,5 millones de euros, fruto de sumar al coste de toda la operación los intereses generados por la misma. Pero además la interventora ha insistido en que Lubasa debería indemnizar al Ayuntamiento por la paralización del cuarto aparcamiento, cosa que el PP ha ignorado.

La sorpresa fue mayúscula ayer en el Ayuntamiento de Mislata porque Corredera, a través de un decreto, suspendía de manera provisional a la interventora, por un plazo máximo de seis meses.

La funcionaria, que estaba muy afectada por lo inesperado de la situación, no salió de su despacho hasta pasadas las siete de la tarde. Algunos funcionarios afirman que durante su encierro estuvo fotocopiando documentos para su defensa, un extremo que ella negó a este periódico. Custodiada todo el tiempo por siete policías locales para evitar, según diversas fuentes, que la interventora municipal saliera del Ayuntamiento con documentación, la acción de Herminia Llop provocó un tenso clima que acabó con la presencia de su abogado.

Corredera, que no quiso hacer declaraciones "porque es un tema meramente administrativo", justificó la presencia policial por "controlar a un trabajador en su despacho fuera de horario".

Los socialistas de Mislata, a través de su secretario general, Carlos Fernández Bielsa, advirtieron: "No van a callarnos por decreto a quienes estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, a quienes denunciamos el derroche y el despilfarro del PP y a quienes hemos denunciado, una y otra vez, el gran pelotazo del PP con los aparcamientos de Lubasa". Los socialistas tacharon la decisión del alcalde de "dictatorial porque castiga a quienes no hacen informes como él quiere, con claros síntomas de abuso de poder, simplemente por defender la legalidad" y le exigieron que "revoque la decisión de fulminar a la interventora municipal y paralice el decreto ya que no existe ninguna razón".