Una escucha telefónica vincula a Ripoll con el cohecho de la basura

Una conversación telefónica grabada al presidente de la Diputación y líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, es el principal indicio de su presunta implicación en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja). En la escucha, según fuentes del caso, el dirigente popular habla con otro imputado en el sumario de supuestas contrapartidas y favores a cambio de la contrata de la planta del plan zonal de basuras de La Vega Baja. El contrato fue adjudicado en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y el Grupo Ortiz e Hijos. El constructor Enrique Ortiz es otro de los 15 imputados en la causa, que se abrió en mayo de 2007.

Estas fuentes del caso han señalado que no existe prueba documental que relacione a Ripoll con el supuesto soborno por el mencionado contrato. El líder del PP fue arrestado el pasado día 6 en su domicilio particular por los agentes de la Unidad de Delitos Monetarios. Antes de ser conducido a la comisaría para interrogarle, la policía registró su casa (un chalé a las afueras del casco urbano de Alicante) por espacio de cuatro horas. Ripoll comentó un día después que la policía no se incautó de nada en su domicilio, "ni documentos ni dinero".

Delitos

Tras declarar en comisaría, Ripoll quedó en libertad con cargos. Dos días después, prestó declaración ante el magistrado instructor del caso, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela. El magistrado le imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pidió una fianza de 500.000 euros, extremo que rechazó San Martín.

Tras interrogar a todos los detenidos en la operación del pasado día 6, el juez instructor dictó el lunes un auto por el que se inhibía de varias piezas de la causa general, entre ellas la que afecta directamente a la imputación de Ripoll y la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja. Esas diligencias serán remitidas a los juzgados de Alicante.

El pasado miércoles el magistrado San Martín firmó otro auto en el que levantaba el secreto del sumario del sumario, blindado desde el inicio de la investigación, salvo las piezas sobre las que se ha rechazado la competencia. San Martín estima que el nuevo juez competente decidirá sobre el secreto del sumario de la pieza de Ripoll en un plazo de 10 días. Fuentes de caso califican de "exageradamente optimistas" esas previsiones. Con toda seguridad, el juzgado de Alicante que sea designado para ver el caso asumirá la competencia, pero será difícil que adopte alguna resolución en 10 días, remarcan esas fuentes.

Ripoll, en uno de sus primeros actos públicos tras su imputación, reconoció ayer a los periodistas su preocupación por su situación judicial y admitió que electoramente será una rémora. "Eso no beneficia nunca, pero espero poder rebatirla con argumentos en la correspondiente comparecencia ante los jueces", aseveró. El líder del PP alicantino insistió en resaltar su inocencia y de que los tiempos judiciales sean cortos. "Lo que me planteo en este momento es cuanto antes demostrar mi inocencia y, sobre todo, la actuación regular y ajustada a derecho de la Diputación y del consorcio de La Vega Baja, como la de otros consorciones que también presidido [Ripoll controla los seis consorcios de otros tantos planes zonales de basura de la provincia de Alicante]", dijo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, denunció ayer un "cierto paralelismo" entre la actitud de Ripoll y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras ser imputados en supuestas tramas de corrupción. "Ambos se han escudado en el secreto del sumario para no dar información", dijo el dirigente socialista. "Si hay un procedimiento administrativo [el expediente de adjudicación del plan zonal] que es previo al sumario se debe poner encima de la mesa", añadió.