Una empresa municipal alquila infraviviendas en El Cabanyal

Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, calificó de "bulo" las referencias a una supuesta práctica de alquiler de infraviviendas desde la empresa municipal Cabanyal 2010, encargada de comprar el máximo de viviendas en el área afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. No era un bulo. En la calle de Sant Pere, estrecha y paralela al mar, que se transformará con el proyecto al que el Tribunal Supremo dio el jueves luz verde para que el Ayuntamiento pueda ejecutarlo, hay cuatro viviendas alquiladas por Cabanyal 2010 que no pueden llamarse así.

No son las únicas. Decenas de familias tienen desde hace meses en El Cabanyal un contrato de arrendamiento de la empresa mixta constituida por la Generalitat, el Ayuntamiento y varias empresas, por el que han tenido que depositar una fianza. Sin embargo, el contrato no ha servido en algunos casos para poder empadronarse, ya que los habitáculos alquilados son, por ejemplo, almacenes.

Las viviendas que ya han abandonado los que fueran sus propietarios, tras venderlas a Cabanal 2010, son puestas en el mercado hasta que se ejecute el derribo de los inmuebles. Hay alquileres que alcanzan los 250 euros. En una de esas viviendas, un jubilado, con 312 euros de pensión, cobija a cuatro de sus descendientes, entre ellos a tres menores. En menos de 20 metros cuadrados se amontonan cuatro camas. No tienen luz, no tienen agua, no tienen ventilación, las paredes están llenas de humedad y el suelo es de cemento plagado de agujeros. Desde hace ocho meses este jubilado malvive con la autorización del Ayuntamiento. Afectados por el proyecto acusan a la alcaldesa, Rita Barberá, de haber deteriorado el barrio.

"He sido un hombre honrado, un buen trabajador. Se lo di todo a Unión Naval de Levante. He sacado adelante a cinco hijos. Mi mujer ha trabajado día y noche para cuidarlos. Ahora, con 63 años, sin poder casi andar, con una hija enferma de los nervios, de la que nos tenemos que hacer cargo, un nieto huérfano que vive en casa, y otro hijo que ha tenido que venirse a vivir a casa, con 580 euros de pensión, doña Rita quiere que me vaya y me hipoteque". Basilio Muñoz vive en la calle de Sant Pere, en el tramo de El Cabanyal que desaparecerá. La planta baja del número 81 de la calle es suya desde hace 17 años.

"La compramos por ocho millones de pesetas. Nos dan 50.000 euros por ella. ¿Es éste el único lugar en el que la vivienda no ha subido? ¿Creen que somos estúpidos? No, señora, somos pobres, no tenemos estudios, pero la alcaldesa tiene que saber que no somos tontos", afirma Basilio, que deja escapar su rabia mientras en una mano sostiene un papel. "Fíjese, doña Rita me dice que me echa de mi casa mientras me pasa el recibo para que pague 70,90 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles". María, su mujer, por detrás, añade: "Necesitamos una casa, no somos perros. Toda nuestra vida la hemos pasado entre Natzaret y El Cabanyal, ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué?".

La respuesta es una avenida que prolongará Blasco Ibáñez hasta el mar, un gran proyecto con la firma de Rita Barberá que ha logrado luz verde del Tribunal Supremo. 1.652 viviendas se verán afectadas. Diez años de pleitos no han servido para que el valor histórico y cultural del barrio, con una trama urbanística singular, haya salido reforzado. Los vecinos se han desgastado, dividido en algunos casos. Y en ese tiempo, el abandono del barrio por el Ayuntamiento ha servido para que se instalen familias marginales que en algunos casos han quebrado una convivencia casi familiar.

Casi todos recuerdan que el barrio era otra cosa. "Aquí las puertas estaban abiertas, todos nos conocíamos, los chiquillos iban de casa en casa, se hacían fiestas. Claro que todos esos drogadictos que hay aquí deberían desaparecer", se exclama Francisca Cubells, una mujer menuda, nacida en la calle de Escalante, muy cerca del lugar que tuvo que abandonar hace pocos meses, la que fuera su casa de toda la vida en la calle de Sant Pere. "Por mí, que venga la avenida y lo que quieran, pero nosotros necesitamos una casa. Tengo miedo, me quedaré en la calle. Tengo 84 años, una pensión de 800 euros, soy viuda, me echaron de la casa donde vivía y a cambio me dieron 50.000 euros. Me mandaron a las nuevas viviendas de la avenida de los Naranjos. ¿Qué compraba yo con ese dinero? Nada", relata mientras recorre a paso lento un camino, el del mercado, que conoce de memoria y que la pone al día de cómo palpita el barrio. Ahora, aunque está más lejos, mantiene esa rutina. "Mi hijo ha tenido que pedir un préstamo para la nueva casa que me ofrecieron. No sabemos si se lo darán. Mientras tanto, pago un alquiler de 375 euros, que con los gastos sube a 500. No tengo nada. Estoy aturdida, enfadada y con mucho miedo. Nunca pensé que me vería así. Menos mal que mi marido, el pobre, murió antes de que esto pasara, hace tres años".

Pedro Anrrubia, de 81 años, y Cati Torres, de 80 años, también viven en la zona que sólo quedará en la memoria. Sólo él tiene pensión. No quieren ni oír hablar de que los manden a La Coma o a cualquier otro sitio. Su única alternativa viable es una casita en una aldea cerca de Anna, sin médico, sin tiendas. "Es como un destierro". Lo mismo les ocurre a José Montañana, que trabajó siempre en cervezas El Águila, y a su mujer, Encarna Baltrina.

La mayoría de los afectados son gente mayor, con escasos recursos. Pero también están Lola, Maite, Ana, Rosi, José y Vía. Son gente joven, que eligió el barrio por su ambiente popular y sus características. Han comprado casas, las han reformado, se han implicado con la cultura, con los vecinos y los hábitos de El Cabanyal. Están dispuestos a resistir.

Maribel Domènec, vecina del barrio y profesora en la Universidad

Politécnica de Valencia, resume ayer el sentimiento de los afectados: tras la sentencia del Tribunal Supremo "Nos hemos quedado solos".