La devaluación del valenciano

"No habrá un paso atrás en cuanto a la difusión y a la presencia social y en el sistema educativo del valenciano". Aún era solo candidato cuando Francisco Camps se presentó ante su electorado el 12 de abril de 2003 -en plena campaña de las autonómicas- como el barón territorial del PP enfrentado al Ministerio de Educación de Aznar por los polémicos recortes del horario lectivo del valenciano, catalán, gallego y euskera contenido en la derogada Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza. También propuso, como colofón de su programa, la creación de una Universitat Lliure de Valencia. La iniciativa, según la describió el actual presidente de la Generalitat, pretendía la educación superior on-line para "estudiar valenciano desde cualquier rincón del mundo".

Educación limitará el bilingüismo en centros escolares de habla castellana

La Acadèmia ha advertido dos veces del retroceso de la lengua

El valenciano en las universidades se ha estancado, debido a que dependen del voluntarismo del profesorado. Y, sobre todo, a la falta de formación con que llegan los estudiantes de Bachillerato. La falta de continuidad del valenciano en los institutos hace que de los 138.223 alumnos de Infantil y Primaria que estudian valenciano sólo 58.626 continúan en la ESO.

Una de las razones: los puestos de trabajo docente de los institutos no están catalogados. La batalla de los agentes educativos y sociales para que la Administración exija el requisito lingüístico a todos los aspirantes a ocupar una plaza de Secundaria se quedó en el camino definitivamente el 15 marzo de 2009, con el anuncio de la primera huelga general de la enseñanza no universitaria.

Rotas las negociaciones con la Plataforma per l'Ensenyament Públic -por el empecinamiento de Camps y de Alejandro Font de Mora, su consejero más longevo en el cargo con casi ocho años al frente de la política educativa- Educación dio marcha atrás al acuerdo de catalogar en septiembre las plazas de Secundaria.

Desde 2003 la enseñanza en valenciano ha crecido a un ritmo anual del 3%. "Si tenemos en cuenta el aumento de población, es una de las cifras más bajas de la historia desde 1983", ha denunciado Escola Valenciana.

Con estos mimbres, Camps ha optado por modificar el espíritu de la Llei d'Ús i Ensenyament de 1983 sin pasar por las Cortes. El borrador de las instrucciones de inicio del próximo curso, limita el bilingüismo en los colegios de los 142 municipios castellanohablantes y abre la puerta a que los padres de alumnos contrarios a la lengua puedan vetar el valenciano. La consejería justifica este extremo en una "exención" que figura en el desarrollo de la LUEV. Es decir, la excepción hecha norma.

Tampoco ha hecho mella en Camps, el consenso social de sindicatos, partidos, universidades y entidades culturales -incluida la Acadèmia Valenciana de la Llengua- para implantar el requisito lingüístico en la Administración valenciana. El pasado martes 29, el PP dio cerrojazo en las Cortes a las enmiendas en esa dirección de la Plataforma pel Requisit Lingüistic, defendidas por la oposición. Sólo el 1,2% de la Administración atiende en valenciano, pese a que el 65% de los 190.000 funcionarios están capacitados.

En dos legislaturas, Camps ha recibido al menos dos advertencias sonoras alertando del retroceso del uso del valenciano de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Con todo, donde más intransigente se ha mostrado ha sido con la unidad de la lengua catalana y valenciana, que estuvo a punto de dinamitar una ponencia consensuada de la AVL.

En noviembre de 2004, Camps rechazó de plano la doble denominación sobre la que trabajaba una ponencia de la AVL, en aras de la normalización lingüística. Su fobia a la "unidad lingüística" ha llevado a su consejero a practicar la "insumisión" en las 35 sentencias del Tribunal Superior de Justicia que reconocen el título de Filología Catalana -el único acreditado en el Estado- en las oposiciones docentes. Harto de la judicialización el juez del TSJ, Rafael Manzana, sentó precedente en julio y condenó a la Administración valenciana por "faltar, reiteradamente a su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes". Del "ni un paso más", a imputar a la Administración Camps de "conducta temeraria", en palabras del juez.