La denuncia contra Luna por revelación de secretos llega al TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tramitará la denuncia que el PP presentó para que se investigara la supuesta filtración de un documento secreto del caso Gürtel que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, exhibió en la Cámara. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 19. Tras varias diligencias, el titular del juzgado ha decidido inhibirse en favor del TSJ, con informe favorable del fiscal, por entender que es la instancia competente. ¿Por qué? Porque la investigación se centra en Ángel Luna y es diputado de las Cortes autonómicas y, por tanto, aforado.

Entre las diligencias practicadas, el juzgado se dirigió al TSJ de Madrid y a la Dirección General de la Policía. La intención era saber si Luna exhibió en las Cortes autonómicas el pasado 24 de marzo un informe que, según ha informado la policía al juzgado, estaba secreto, que se levantó 12 días después. El TSJM ha sido menos preciso, ha informado de que con los datos facilitados no podía localizar el informe en cuestión.

Discusión de fondo

Una vez recibidos dichos informes, el juzgado ha entendido que no tiene competencias para seguir investigando. Ni siquiera valora si existen o no indicios del delito del que fue acusado Luna por el portavoz del PP, Rafael Blasco. El juez envió ayer una exposición motivada, de acuerdo con el informe del fiscal, a la sala de Lo Civil y Penal que preside Juan Luis de la Rúa.

La discusión de fondo es si Luna es o no custodio de un secreto procesal, si puede o no exhibir un informe que forma parte de una causa secreta. Los argumentos en uno u otro sentido se desarrollarán en el TSJ. Según fuentes jurídicas, el recorrido de la denuncia de Blasco es corto.

La sala de Lo Civil y Penal recibirá la exposición motivada y decidirá si hay materia para seguir instruyendo contra el portavoz socialista por exponer en la cámara autonómica datos sobre la trama Gürtel, de la que dos causas descansan ya en el TSJ: los trajes recibidos por cuatro altos cargos, entre ellos el presidente Francisco Camps: y la supuesta financiación irregular del PP valenciano.