Los 'deberes' de la juez de Fabra

La juez de refuerzo para Nules dejará el trabajo de su compañera reducido a casi la mitad. De los casi 3.600 casos, entre diligencias previas penales y asuntos civiles, que durante el año pasado recibió el juzgado número 1 de Nules, la juez de refuerzo se hará cargo de todos los civiles, con lo que pasará a tramitar cerca de 1.500 expedientes. Los demás, los penales, quedarán en manos de quien, desde noviembre de 2007, se hace cargo del juzgado, una juez, sustituta, la octava responsable también del caso Fabra.

La última diligencia practicada se remonta al mes de septiembre, cuando autorizó a los peritos judiciales a que acudieran a los bancos, acompañados de la policía, para reclamar la documentación que las entidades no habían facilitado. Esta información resulta crucial para la elaboración del informe en el que se cruzarán los datos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de su familia, con los movimientos en sus cuentas.

El juzgado de Nules que instruye el caso tiene pendientes varias diligencias

Desde entonces, se ha cumplido el quinto aniversario del llamado caso Fabra, por el que se investiga al presidente provincial del PP ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Una vez descargada de trabajo, la juez cuenta con tiempo para tratar de agilizar el caso, si quiere. Sus posibilidades, pese a lo adelantado de la instrucción, no son banales.

El escrito por el que el juzgado autorizó la realización del informe de los peritos inspectores de Hacienda es de mayo de 2005. Como en el resto de pruebas aprobadas, Carlos Fabra recurrió la decisión y un año después la Audiencia provincial avaló la decisión del juzgado y dio vía libre a la recopilación de información. Dos años y medio después, el informe aún no se ha concluido. Algunos bancos y cajas de ahorro suministraron la información por goteo. Pero hasta septiembre, momento en el que los peritos acudieron a las entidades junto a la policía para reclamar exactamente lo que querían, tampoco hubo nadie que les apercibiera o recriminara su lentitud. Además, la última titular del juzgado número 1 de Nules dictó que el acceso a esta información por parte de los peritos se hiciera "ordenadamente", que después de una cosa, se estudiara otra. Y los peritos tampoco utilizaron ninguna argucia legal para aligerar la transmisión de esa información.

La documentación ya está acumulada y la juez, que ahora tiene más tiempo, podría actuar con la misma diligencia que lo hizo en septiembre y reclamar, exigir, la presentación del informe o la designación de cierta exclusividad para que los técnicos saquen adelante el trabajo de un proceso que lleva abierto cinco años y que ha causado alarma social. Estos peritos inspectores dependen de la fiscalía anticorrupción, pero tampoco el fiscal que lleva el caso les ha reclamado premura.

En diciembre de 2007, la acusación popular solicitó la práctica de una nueva prueba. La petición no ha sido ni contestada, con lo que la juez también podría responder a este escrito.

Carlos Fabra nunca ha sido interrogado por la denuncia presentada por la Agencia Tributaria que, tras comprobar sus ingresos y declaraciones de renta del ejercicio de 1999, le acusó de impago de cuotas y desveló un desfase de 600.000 euros. Según la denuncia, las cuentas de Fabra y de su familia presentaban este volumen de ingresos sin que estuviera acreditada su procedencia. La juez le llamó entonces a declarar para que explicara el origen del dinero, pero el presidente de la Diputación se acogió a su derecho a no hacerlo porque había recurrido la denuncia. Su recurso fue visto y desestimado y las jueces, titulares y sustitutas, que desde entonces han pasado por el juzgado, no volvieron a reclamar sus explicaciones. El propio Fabra ha manifestado en más de una ocasión su deseo de que la investigación a la que está sometido concluya. También el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, arengó hace unos días con una petición para que Carlos Fabra pueda defenderse "donde le corresponde, que es en los juzgados". Sin embargo, al igual que dispone del derecho a no declarar, el imputado también tiene en su mano otro derecho, el de acudir al juez tantas veces como considere oportunidades para explicar estos desfases. Y Carlos Fabra no lo ha hecho y su partido, el PP, tampoco se lo ha reclamado.

La juez podría llamarle a declarar por esta acusación y, con sus explicaciones, el presidente del PP castellonense podría arrojar algo de luz al caso, sobre todo en lo que se refiere a su incremento patrimonial y a sus cuentas. De esta manera, quizá, los peritos también contarían con alguna pista para concluir su informe.

Las diligencias del caso Fabra suman sus folios por decenas de miles. La juez que más tiempo ha permanecido en el número 1 de Nules estuvo poco más de dos años y, después, pidió el traslado. Las otras seis que precedieron a la actual pasaron meses en la plaza, con un importante volumen de trabajo y un caso especialmente complejo por la índole de los delitos, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas... La actual juez estará hasta julio, en el caso de que algún nuevo juez reclame la plaza para cubrirla como titular, o hasta enero de 2010, en que habrá otro concurso de destinos, o no se sabe hasta cuándo.

De momento, el margen de maniobra que tiene, aunque importante, es limitado. Otra cosa será cuando llegue el esperado informe, momento en el que habrá de estudiar, analizar y determinar si es suficiente para decretar la apertura de juicio oral, si pide más pruebas, si interroga a alguien más o si archiva la causa.