"Si lo sé, no compro"

Se han publicitado como lujosas urbanizaciones, en algunos casos recubiertas de materiales que para si quisieran jeques y marajás. Pero nada más poner sus pies en el interior, sus compradores se topan con la cruda realidad: las casas de ensueño semejan más un trabajo de los protagonistas de la popular tira cómica Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. El caso más llamativo de este abismal contraste entre la arcádica oferta de las inmobiliarias y el estado real del acabado de las fincas ha saltado en Benidorm: los propietarios de la lujosa Torre Lugano (42 plantas) han presentado una demanda contra el promotor en la que reclaman una indemnización de 28 millones de euros por defectos en los acabados y deficiencias en servicios básicos.

El cúmulo de desperfectos en los pisos y la interminable lista de carencias en las zonas comunes de las torres de apartamentos y urbanizaciones ha desencadenado una catarata de denuncias por parte de los compradores contra los promotores. Más escasas son las demandas de éstos contra los constructores, pero también las hay.

En el fondo de estas quejas de los usuarios subyace el urbanismo salvaje, caracterizado por fáciles recalificaciones de suelo y las aceleradas ejecuciones de obra para dar salida a la pujante demanda de hasta hace apenas dos años. Este argumento se justifica en la estadística de reclamaciones de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana- UCE sobre la evolución de reclamaciones tramitadas por el organismo entre 2004 y 2009: 4.216 el primer año y sólo 1.972 en 2009. El primer motivo de las reclamaciones de los usuarios son desperfectos en los suelos y azulejos, seguido por defectos en puertas y ventanas, pintura y filtraciones de agua.

La urbanización Dénia Plaza, en Dénia, es un calco de Torre Lugano. Algunos de los compradores de las 292 viviendas, han terminado colgando carteles en los balcones con leyendas como Si lo sé, no compro que pretenden indicar la supuesta estafa del promotor, la empresa Luz Bulevar. Hasta abrieron un foro en la red para estar en contacto. Uno de ellos relató que al final "conseguí que me pintasen y arreglasen las paredes de medio piso, me pintasen la barandilla, me arreglasen una fuga en la instalación de calefacción provocada por un clavo que atravesaba el tubo, aparte de mil tonterías como rotos de la piedra del lavabo, bañera, rejuntar piedras y barandillas de las terrazas, arreglar persianas y cerraduras de la menorquina de la terraza". Sin embargo, otro de los compradores los considera problemas particulares que no afectan a todos los vecinos, aunque abre otro frente, la morosidad del promotor. "A la promotora le quedan la mitad de los pisos sin vender y al no poder hacer frente a los gastos de comunidad acumulan una deuda de 115.000 euros, lo que nos ha obligado al resto de propietarios a hacer una derrama extraordinaria y a incrementar la cuota un 30%", comenta, recordando que han tenido que acudir al juzgado a reclamar el débito.

Un importante administrador de fincas de Benidorm que prefiere mantener el anonimato reconoce que "en los últimos años han crecido considerablemente las reclamaciones de los compradores", producto de la utilización "de mano de obra poco cualificada", pero también del "todo vale en el que se instalaron algunos promotores mirando sólo su propio beneficio".

Más grave todavía es la realidad que viven en la urbanización de adosados San Rafael Sol, entre L'Alfàs del Pi y La Nucia, de 40 viviendas. Construida sobre una ladera, el relleno va cediendo con las lluvias y está todo agrietado. La comunidad de propietarios acabó llevando al juzgado al promotor-constructor, que fue condenado en primera instancia a reparar la totalidad de los desperfectos aparecidos. Recurrió y finalmente deberá solucionar los daños generales, pero no los particulares. Aún así, tiene que afrontar obras de subsanación por importe de 300.000 euros. Nuria García vive allí desde hace cuatro años sin dar crédito. "Tenemos hasta moho en el garaje porque el agua se filtra por el relleno, remueve toda la estructura y se nos han resquebrajado hasta las escaleras", comenta angustiada de pensar que "cedió una valla y arrastró a una niña que acabó cayendo por un desnivel de casi tres metros".

En La Cala de La Vila Joiosa, la comunidad de propietarios del edificio Torre Maestral ha conseguido llegar a un acuerdo con el promotor para que resuelva los numerosos desperfectos del exterior del edificio. El importe de las obras en marcha supera el millón de euros.

En la playa de Piles (La Safor), los propietarios de la promoción Aguazul recuperaron en el juzgado lo que habían invertido en la reparación del edificio recién estrenado denunciando al promotor, finalmente condenado a pagar los casi 300.000 euros que reclamaban los compradores de los cerca de 50 apartamentos del bloque.

El abogado Jorge Bolás Alfonso, especializado en defender a las comunidades de propietarios, habla de dos fenómenos sucesivos, el que comporta la crisis del sector, "que provoca que el promotor para vender tenga que rebajar los precios y, con ello, las calidades sobre la marcha, modificando a la baja el proyecto original sin contar con quienes ya habían comprado sobre el plano" y el posterior, que pasa "por las reparaciones urgentes que tienen que costear los propietarios para poder vivir sin sobresaltos en su vivienda" una vez han obtenido la cédula de habitabilidad.

No todas las comunidades se atreven a acudir al juzgado para exigir sus derechos, aunque la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) sólo da dos años para reclamar desde que aparece el vicio en la construcción. Además, en muchas promociones construidas los últimos años, el promotor es "el principal propietario porque no ha vendido ni la mitad de las viviendas y bloquea la toma de decisiones en las asambleas de propietarios".

Bolás, autor del libro Viviendas de protección y rehabilitación de viviendas (Ed. Tirant lo Blanch) es el abogado que defiende a la comunidad de propietarios de Torre Lugano en Benidorm, un rascacielos de 148 metros y 204 viviendas. Han presentado la mayor demanda de estas características en la historia del urbanismo valenciano, reclamando 28,2 millones de euros por la diferencia entre la memoria de calidades original y la obra finalmente entregada. Denuncian que en vez enlucir la fachada con cemento blanco, el rascacielos está pintado de blanco o que no existe el ascensor panorámico proyectado, lo que permitió al promotor ganar espacio y construir más viviendas. "Claro que ha influido la crisis, pero casi tan importante ha sido la voracidad de los promotores", afirma Bolás. Y advierte irónicamente del cuidado que deben tener los compradores con la empresa constructora, "porque tienden a desaparecer tras concluir la obra".

Al margen de la estadística de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, hay otra entidad, en este caso pública, la Sindicatura de Greuges, que certifica la magnitud de los problemas con los que los usuarios de la vivienda se encuentra cuando pasan el umbral de las casas. El organismo es testigo del malestar de los compradores a través del aluvión de quejas que recibe en materia de urbanismo. La institución que preside José Cholbi carece de una estadística concreta de las quejas por desperfectos, ya que se agrupan en epígrafe de Urbanismo. Pero las referencias a este problema en la última memoria del Síndic son profusas y contundentes: "La crisis económica ha dificultado la conclusión de obras de urbanización por parte de algunos urbanizadores, las cuales no pueden ser recepcionadas por el Ayuntamiento al no haberse realizado correctamente, encontrándose los vecinos en una auténtica situación de desesperación e indefensión que les impide disfrutar de una vivienda digna", recoge el documento.