La causa contra Camps se retrasa por los nuevos delitos

La asunción por parte del Tribunal Superior de Justicia del grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel, que ha significado la imputación por graves delitos de corrupción del vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y la cúpula del PP regional (el exsecretario general; Ricardo Costa; el vicesecretario general, David Serra; la tesorera, Yolanda García, y la administradora, Cristina Ibáñez) entre otros cargos populares, provocará una demora en el procedimiento que se sigue contra el presidente Francisco Camps por haber aceptado supuestamente regalos de la red que dirigía Francisco Correa. El retraso será, probablemente, de unas semanas, puede que de un mes.

El motivo es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano pidió a las partes, en el auto en el que asumía la inhibición dictada por el magistrado Antonio Pedreira, que dijeran si esos nuevos comportamientos supuestamente criminales (constituirían prevaricación, cohecho, delito electoral y falsificación de documento mercantil) deben unirse a la llamada causa de los trajes en la que está inmerso Camps.

Todo listo

Todo apunta a que la Sala Civil y Penal del TSJ se inclinará por mantener separado el procedimiento contra el presidente. Pero hasta que dicha decisión sea firme, es casi seguro que se producirá una nueva cadena de resoluciones judiciales, recursos, y resoluciones, hasta que una de ellas devenga firme. El procedimiento contra Camps se encuentra, por su parte, listo para que el juez instructor, José Flors, decida si lo sienta o no en el banquillo.

El magistrado, de hecho, ya convocó el 5 de abril la audiencia que precederá inmediatamente (la ley le da tres días desde ese acto para hacerlo) a su decisión de abrir o no juicio oral contra el presidente. El magistrado dejó pendiente, sin embargo, el señalamiento de la fecha en tanto no se resolvieran los recursos pendientes.

La aceptación de la inhibición de Pedreira, adoptada por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ, ha desvelado la magnitud de la corrupción que la red de Correa desarrolló en Valencia durante años presuntamente con la complicidad del Ejecutivo autonómico y el PP regional, y con la participación de algunas de las principales constructoras de la comunidad autónoma.