Varios juristas ven el decreto ley de El Cabanyal como un disparate

El conflicto en torno a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, que dura ya más de una década, ha rebrotado con fuerza esta semana. A la orden de paralización del plan del Ministerio de Cultura por considerarlo un expolio del patrimonio histórico del barrio, le ha seguido un decreto ley con el que el Consell pretende burlar la decisión del Gobierno y dar vía libre a los derribos. La Generalitat defiende que la orden del ministerio -en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo que exigía un dictamen sobre el posible expolio- supone una invasión de su autonomía. El Consell asegura que su decreto ley, aprobado por urgencia el jueves, "prevalece" sobre la orden y autoriza así la demolición de casas dentro de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La degradación del barrio se ha agudizado en los últimos años

La plataforma y los vecinos insisten en que se invierta en rehabilitación

El PP sostiene que su proyecto es la solución para revitalizar la zona

Orden y decreto ley están sobre la mesa y acabarán en los tribunales. La situación jurídica que se genera es nueva y en buena medida abre caminos inexplorados. Varios juristas consultados, que piden el anonimato, no se atreven a diseñar un itinerario único. Pero sí coinciden en la sorpresa y asombro: "El decreto ley es un disparate"; "la Generalitat busca un subterfugio para no cumplir una sentencia" y "comete errores elementales en la redacción del decreto"; "el ministerio ha sido poco hábil porque el informe parece una maniobra política"; "la respuesta del Consell es propia de una dictadura, que hace la ley a capricho, sin importarle que no se ajuste a derecho, como es el caso". Estas son algunas de las afirmaciones de juristas consultados al respecto, que, además, discuten que la Generalitat haya incluido en el decreto ley una disposición que pretende devolver la situación a 1993, cuando se aprobó el BIC, y a 2001, año de la aprobación definitiva del plan de El Cabanyal. Desde entonces, entre otras cosas, se han producido derribos imposibles de ignorar ni de restituir.

Hay cosas en las que coinciden. La más elemental: que un decreto ley está por encima de una orden ministerial. Pero la discusión no está en si una norma es superior a otra. Está en quién tiene competencias sobre qué materia. La Constitución recoge que el Estado tiene competencias exclusivas en la "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación". El ministerio afirma que el plan de El Cabanyal es un expolio. La Generalitat, lo contrario. Todo apunta que será el Tribunal Constitucional el que decida quién es competente en el asunto.Está claro que el Estado tiene competencias para proteger de un expolio. Y lo está que la Generalitat tiene en materia de protección del patrimonio. Pero es la Generalitat la que se siente invadida y propone seguir adelante a pesar de la resolución judicial y la orden ministerial. El Gobierno ya anunció el pasado viernes que estudia un posible recurso de inconstitucionalidad. Con él, tal como recoge el artículo 161 de la Carta Magna, la paralización del decreto ley sería automática durante cinco meses prorrogables por el propio tribunal. Por su parte, el Ayuntamiento y la Generalitat preparan recursos contra la orden ante la Audiencia Nacional y por un conflicto de competencias ante el Constitucional.

Los juristas consultados ven varios argumentos para un recurso gubernamental ante el Constitucional. El más obvio es que la Generalitat aprueba una ley -el decreto pasará a ser ley en un plazo máximo de un mes- tratando de legislar sobre una materia de la que no es competente.

Pero hay más. El Consell ha optado por un decreto ley, que se suele utilizar para decisiones que son urgentes y de necesidad, como lo serían unas inundaciones, un devastador incendio o un terremoto. El decreto ley no está previsto para cuestiones ordinarias como ésta, según ha establecido por diversos motivos el Constitucional en varias sentencias.

Hay algún motivo más. Varios juristas señalan que el hecho mismo de dictar una norma como el decreto ley para evitar cumplir una orden ministerial que emana de una sentencia del Tribunal Supremo vulnera la Constitución. "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto", afirma el artículo 118.

Es cierto, por otra parte, que hay juristas que discuten la cuestión de las competencias en contra del Estado. Interpretan que el sentido de la competencia del expolio no es el literal; es más laxo y se refiere más a una alteración incluso de ubicación de un bien de una singularidad extraordinaria y con una protección superior. El Ministerio de Cultura no lo entiende así. Es excepcional la orden ministerial porque lo es que un poder público supuestamente cometa un expolio. Un antecedente parecido ocurrió con un retablo visigodo en la provincia de Toledo, a cuyo rescate también salió Cultura.

Pero, ¿qué pasa mientras se aclara la disputa en los tribunales? La Generalitat se propone validar el decreto ley a través de la comisión permanente de las Cortes y el Ayuntamiento quiere proseguir los derribos en áreas del plan. Como hasta ahora, los afectados tienen la opción de recurrir las demoliciones en los juzgados. El Estado podría pedir a la Policía que evite la actuación por incumplir una orden ministerial resultado del fallo de un tribunal.

Más allá del debate jurídico, la paralización del plan por parte del Ministerio de Cultura se presenta al Consell como una oportunidad para afilar su perfil de víctima frente al Gobierno central. Sin dinero y ni iniciativa política por el impacto del escándalo del caso Gürtel, la paralización del plan ha permitido al PP enfatizar la "valencianofobia" de Rodríguez Zapatero, según el término acuñado por el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Blasco.

La apuesta hacia el adversario es fuerte. La Generalitat sólo ha aprobado otro decreto ley para la vivienda y nunca ha adoptado una medida legislativa tan claramente dirigida a sortear una disposición gubernamental. Pero, además, la acción salda deudas internas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido el más firme apoyo de Francisco Camps durante su calvario judicial por aceptar regalos de la trama corrupta Gürtel. Ahora Camps le devuelve el favor cambiando la legalidad para que el proyecto estrella de la alcaldesa siga adelante.

Y mientras arrecia esta tormenta política, El Cabanyal aguarda expectante el desenlace de la nueva situación. Y sigue en pie, de momento. El hecho de que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del BIC no se haya ejecutado desde que se aprobó en 2001 se debe, en buena medida, al tesón de la plataforma ciudadana Salvem El Cabanyal, que desde el barrio ha combatido el proyecto en los tribunales y cuya denuncia por expolio ha desembocado esta semana en el dictamen del ministerio. Su posición, secundada por una asociación de vecinos que no se cansa de denunciar la degradación urbana y social de El Cabanyal, ha concitado a lo largo de la última década numerosos apoyos del mundo del arte y la cultura, de arquitectos y urbanistas, y cuenta con el respaldo de la oposición socialista en el consistorio y de otros partidos de la izquierda.

La decisión del gobierno municipal del PP de prolongar Blasco Ibáñez hizo surgir las primeras protestas vecinales ya en 1996. Pronto se recogieron varios miles de firmas en contra de todas las opciones que implicaran derribos en el singular entramado urbano de El Cabanyal. El PP las desechó y apostó por una avenida de 48 metros de ancho -más los que ocupan los nuevos edificios en sus laterales- que implicará el derribo de más de 450 inmuebles (unas 1.650 viviendas), una parte de ellas en el BIC. La movilización acabó por desbordar a la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar y desembocó en la creación de la plataforma Salvem El Cabanyal en 1998, a la que se sumaron vecinos y comerciantes del barrio, con apoyo de la oposición del PP.

Arrancó con la celebración de tres cenas populares en el barrio y desde entonces no ha dejado de plantear iniciativas contra el plan. Entre ellas destaca la edición anual de Portes Obertes, en la que los vecinos que participan muestran sus casas y las abren a la exposición de obras de arte. "La cultura ha sido una vía importante para visualizar el problema del barrio y resaltar su vertiente de conjunto histórico", recuerda Maribel Doménech, portavoz de la plataforma. Portes Obertes, entre otras actividades, también ha sido el vehículo para pedir el apoyo de músicos como Enrique Morente, que cerró con su actuación la edición de este año, o de escritores como José Luis Sampedro y Fernando Delgado, que participaron en 2007, y de Manuel Vicent, que colaboró en una exposición del fotoperiodista Agustí Centelles.

"Somos un movimiento no jerárquico, muy dinámico que siempre ha sido una esponja, que ha ido sumando gente e ideas para hacer cosas", afirma Faustino Villora, miembro de Salvem El Cabanyal desde el principio (como Doménech) y su voz más visible durante años. Importante ha sido destacar la defensa del conjunto histórico de El Cabanyal, pero "la visión social siempre ha ido por delante", asegura Villora. La defensa de la gente que no lo quiere abandonar, en muchos casos con pocos recursos o de avanzada edad.

Especialmente desde que el barrio empezó a deslizarse por la pendiente de la degradación urbanística y económica, y de las drogas en muchas esquinas. Una situación que ha dividido al barrio, en el que conviven vecinos contrarios al plan con los que defienden que la situación no puede seguir así, como una mujer que preguntaba esta semana a los periodistas: "¿Usted cree que se puede vivir con lo que hay aquí?". Los problemas se han agudizado en los últimos años, apunta Vicente Gallart, vicepresidente de la asociación de vecinos, que coincide con la plataforma en que el Ayuntamiento ha permitido y hasta provocado esa degradación mientras esperaba la bendición de los tribunales para desarrollar el plan. La asociación ha puesto el acento estos años en exigir la rehabilitación e inversiones para mejorar el barrio. También ha denunciado que el convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para dar ayudas a la rehabilitación no se cumple. "Hemos intentado tender la mano y nos hemos reunido con el Ayuntamiento, pero no han cumplido sus compromisos", asegura Gallart.

El Ayuntamiento insiste en que la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar es una antigua aspiración de la ciudad que permitirá revitalizar la zona. "El plan va a seguir adelante", ha subrayado la alcaldesa, que exhibe la fuerza de los votos y de la mayoría absoluta del PP para rechazar las críticas de la asociación y de Salvem El Cabanyal. De la mano del nuevo decreto ley, anuncia que ahora impulsará el plan aprobado en 2001, pero que hasta ahora apenas se ha desarrollado -de los más de 300 millones que cuesta la operación, se han invertido 46,4-. Más allá de la polémica prolongación, cuyas obras no se han iniciado estos años a la espera de una resolución judicial definitiva, el plan prevé dotaciones socioculturales, deportivas, zonas verdes y viviendas nuevas que no se han construido. Y una promesa de amplia regeneración urbana y económica que tampoco se ha cumplido, si bien el Ayuntamiento ha rehabilitado dos museos y un teatro, y ha renovado calles, entre otras actuaciones. Además, ha comprado una cuarta parte de las más de 1.600 viviendas que quiere demoler. Barberá mantiene su convicción de que la prolongación y su plan son la solución para el barrio.

"Con la paralización [por la orden ministerial] el barrio seguirá sufriendo una degeneración y degradación", opina también Alejandro Escribano, arquitecto y autor del principal informe en el que se basó el Tribunal Superior de Justicia para dar vía libre al plan en 2004.

Barberá esgrime a favor de su plan esa y otra decena de sentencias favorables, entre ellas la que confirmó ese fallo en el Supremo. Sin embargo, el mismo tribunal reabrió el caso para que se determinara si el proyecto supone un expolio, una cuestión que se había tratado genéricamente, pero que tenía pendiente de cerrar el procedimiento de Cultura que tanta polémica ha generado esta semana. La ministra, Ángeles González-Sinde, destacó ayer que hay formas de regenerar un barrio "sin necesidad de demoler bienes culturales" y criticó el proceder del Consell. El ministerio considera que el plan es "incompatible" con la preservación del patrimonio histórico y exige que se cambie. En esa línea se sitúan también las iniciativas del grupo municipal socialista. Su portavoz, Carmen Alborch, ha pedido un plan que respete la singularidad del barrio.

Las dos posturas frente al proyecto están tan alejadas como hace una década. El Ayuntamiento seguirá con su ejecución, y Salvem El Cabanyal intentará parar los derribos.