Valencia pagará 1,1 millones más por abonar una expropiación fuera de plazo

El Ayuntamiento de Valencia deberá pagar 1.401.599 euros por una parcela del Parque de Cabecera que de haberla costeado en su momento hubiese costado 273.692. El consistorio aprobó en sesión plenaria del 24 de julio de 1998 expropiar 140 parcelas (300.000 metros cuadrados) de la antigua huerta de Campanar para levantar el Parque de Cabecera. Previó gastar algo más de siete millones de euros.

Con el tiempo e impuntualidad en los pagos, varios propietarios de las parcelas, amparados por la Ley de Expropiación Forzosa, han pedido al Jurado de Expropiaciones que retase sus terrenos, es decir, que amolde la cantidad que el Ayuntamiento les había de pagar a la coyuntura actual. Así, tres propietarios, las familias Trénor, Benlloch y Cotino, se han acogido a la retasación, ya que el consistorio rebasó los dos años que tenía para abonar el precio fijado por el Jurado de Expropiaciones. Ante esta situación, los Trénor pidieron más de 24 millones de euros por los 273.692 que hubiesen zanjado el asunto previamente. El jurado, según anunció ayer el concejal socialista Juan Ferrer, falló a favor de la familia, aunque sólo concedió 1.401.599 euros, lejos de los 24 que pretendía.

Es la primera sentencia que emite este tribunal respecto de las retasaciones de las parcelas del Parque de Cabecera. El gobierno local, liderado por Rita Barberá, acordó recurrirla el pasado 23 de abril, según Ferrer. En caso de no prosperar, el Ayuntamiento debería enfrentar el pago de casi un millón y medio de euros, lo que "equivale a que cada familia de la ciudad le pague tres euros a la familia Trénor por la negligencia del consistorio", apuntó irónico el concejal."No quiero pensar que el retraso ha sido deliberado", lanzó Ferrer. "Los técnicos municipales siempre advierten las demoras, por lo que tengo la obligación de pensar que se trata de una negligencia inaceptable". El edil explicó que el terreno se encarece años después porque ya no se trata de suelo rústico no urbanizable, ya no son campos de cultivo. Ahora, con el parque crecido y el Bioparc funcionando, el Jurado de Expropiaciones considera en la retasación que el tipo de suelo es urbano consolidado y por lo tanto más caro.

El Ayuntamiento espera a que el jurado decida ahora sobre los otros dos casos, los de la familias Benlloch y Cotino. En el primer caso, el jurado, después de que los Benlloch recurriesen la cantidad que ofertaba el consistorio, les concedió 249.000 euros. Pasaron dos años y el pago no se hizo efectivo, por lo que optaron por la retasación, en la que han solicitado 800.000 euros.

Un caso delicado

El caso de la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero del Consell, resulta más delicado. Una empresa en su nombre, Alquería Dolores, SL, pidió en octubre de 2009 que se valorasen de nuevo los terrenos que el Ayuntamiento le expropió para ejecutar las obras del parque. Los Cotino entienden que su parcela, de 13.600 metros cuadrados, ya no cuesta los 687.000 euros que estimó el Jurado de Expropiaciones. Pasados más de dos años, la familia considera que la cantidad que debe cobrar asciende a 3,6 millones de euros. Al doblar la parcela de los Cotino la superficie de la de los Trénor, el precio que el jurado estime para los terrenos de la familia del vicepresidente del Consell será presumiblemente superior a los 1,4 millones de euros que ha concedido a los Trénor. Si el Ayuntamiento hubiese pagado en menos de dos años los 687.000 euros que el jurado acordó en 2005 para los Cotino, el problema de los sobrecostes no existiría.

El concejal Juan Ferrer lamentó también que el año pasado el equipo de gobierno desembolsó 1.471.711 euros en pagar intereses por demorarse en pagar otros terrenos expropiados. Cuando el jurado decide el precio a pagar por un trozo de suelo, el Consistorio tiene tres meses para abonarlos libres de intereses. A partir de los 90 días, la cantidad rinde rédito. Si el tiempo sigue corriendo y pasan dos años sin que el gobierno pague, se pasa entonces a la retasación. Según Ferrer, se pagarán más intereses, ya que hay otros cinco millones pendientes de pago no consignados en el presupuesto de 2010.