Urbanismo: simplificaciones y mentiras

El urbanismo es una disciplina compleja que requiere, en su aplicación, ciertos conocimientos y muchos matices. Por eso es comprensible que se cometan algunas simplificaciones a la hora de pronunciarse sobre algunos temas. Pero una cosa son las simplificaciones y otra bien distinta son las mentiras. Por ejemplo: decir que los socialistas hemos cambiado de posición en relación con los informes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el urbanismo valenciano, es una simplificación; decir que los socialistas decimos que el urbanismo de Camps es el más adecuado es, sencillamente, una mentira.

Aclaremos algo la situación. Los socialistas no es que hayamos cambiado de opinión sobre los informes europeos, es que los informes son diferentes y ahora nos estamos pronunciando sobre un borrador, propuesto por la eurodiputada verde danesa Auken, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Informe Fourtou anteriormente aprobado. Insisto, nada que ver. ¿Habríamos de mantener idéntica posición sobre dos documentos radicalmente diferentes, aunque puedan tener algún punto en común, elaborados ante situaciones radicalmente diferentes en cuanto a la cantidad de actividad urbanística que se desarrolla? El que piense eso que lo diga y que lo defienda, pero nosotros creemos en aquello del "análisis concreto de la situación concreta", a la hora de hacer política. Con el desplome del sector que se ha producido, a algunos les podría parecer una broma macabra alentar ahora una moratoria urbanística, por citar algo que propone la señora Auken.

Precisamente porque no compartimos lo que se ha hecho estamos promoviendo un cambio

El tratamiento por los europeos de los temas de gestión urbanística presenta muchas dificultades. No existe una cultura jurídico-urbanística común, lo que hace que uno no entienda nada sobre cómo se hacen las cosas en otro país, si no realiza un estudio en profundidad de su legislación y sus prácticas. No me parece que sea el caso de la danesa Auken. No es casualidad que la Unión Europea no tenga competencias en materia de urbanismo. Si no las ha asumido es porque no hay manera de armonizar las diferentes formas de gestionarlo que se dan entre los diferentes socios europeos. Por eso llama la atención leer que determinadas normas o actuaciones que se producen en España vulneran las normativas europeas en materia de urbanismo. Es difícil que eso ocurra porque no existen tales normativas. Si observamos, veremos cómo los diferentes informes de la Comisión de Peticiones abordan el fenómeno desde la óptica del derecho de propiedad, de la legislación de contratos del Estado o de la normativa medioambiental, materias en la que sí existe un ámbito competencial europeo. Es decir: en muchos casos, mezclamos urbanismo y Europa con excesiva ligereza.

Estos debates los vamos a tener muchas veces porque la relación entre urbanismo y propiedad privada, tal y como está configurada en España, es de muy difícil comprensión para ciudadanos de otros países europeos. La situación nos obliga a un considerable esfuerzo de explicación pero nunca a aceptar, acríticamente, cualquier diatriba que venga de fuera. También nos tocará explicar que, habiendo abusos como los hay en todas partes, es conveniente acudir a los tribunales para resolver las injusticias, antes de descalificar en bloque todas las instituciones de un país, como prácticamente hace el borrador de la señora Auken.

En relación con las acusaciones de que ahora validamos el urbanismo practicado por el PP durante los últimos años en la Comunidad Valenciana, poco tengo que decir. Son, literalmente, mentiras. Esto ya no son simplificaciones producidas por la complejidad del asunto, son ataques deliberados. En ninguna intervención, en ningún documento se puede encontrar ni siquiera un indicio que permita deducir que ahora respaldamos los excesos urbanísticos producidos, la falta de planeamiento supramunicipal, la ausencia de una estrategia territorial o el desprecio por la sostenibilidad. Es más, hay hechos muy concretos que demuestran lo contrario. Hemos sido los socialistas y no otros, los que hemos recurrido la aprobación del macro-PAI conocido como Nou Mil.leni, de Catarroja, y seguiremos, por esta vía, recurriendo la aprobación de planes inaceptables como el Gran Manises o el de Rabassa, en Alicante. No hay mejor indicador de nuestra voluntad. Cuando se entiende que algo no se ajusta a la legalidad, lo que hay que hacer es acudir a los tribunales, no reclamar imprecisas moratorias.

Pero esto, aunque algunos no lo entiendan o no lo quieran entender, no es contradictorio con la oferta de un acuerdo para mejorar la normativa urbanística valenciana y, si se pudiera, para fijar una estrategia territorial adecuada. Precisamente porque no compartimos lo que se ha hecho estamos promoviendo un cambio. Forma parte del estilo de prosopopeya grandilocuente del president Camps intentar engañar a los ciudadanos, afirmando que su modelo era bueno y que los socialistas debemos pedir perdón por acercarnos ahora a sus posiciones. La realidad es bien distinta. Los que han aceptado que tienen que cambiar legislación y modos son ellos y por eso es posible intentar un acuerdo sobre algo nuevo, no sobre el pasado.

Creo que esta es una actitud seria y responsable, sobre todo en los tiempos que corren. Intentamos mejorar las cosas, proponiendo acuerdos al que gobierna pero sin renunciar a lo que consideramos irrenunciable como, por ejemplo, la sostenibilidad del futuro modelo. A partir de aquí, seguiremos intentando aclarar y matizar las simplificaciones que, inevitablemente, se producen en un tema tan complejo. A los ataques deliberados y mentirosos no les vamos a dedicar mucho tiempo. No vale la pena, ya que tenemos demasiadas cosas que hacer para intentar mejorar la vida en esta Comunidad.

Ángel Luna es Síndic-Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.