El TSJ condena al Consell a pagar a un dependiente

Su pelea en los tribunales en defensa de los derechos que contempla la Ley de la Dependencia ha dado frutos. Una pareja de Cocentaina, José Hipólito y Carmen Insa, padres de Pau Agulló de 11 años, que sufre parálisis cerebral recibieron el pasado viernes una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo) que condena a la Consejería de Bienestar Social a reconocer la retroactividad en la ayuda económica que les correspondía por el cuidado de su hijo, que tiene "un grado de dependencia 3, nivel dos con carácter permanente", según un informe del año 2008. El TSJ declara "como situación jurídica individualiza el derecho de esta persona dependiente a una prestación económica desde el 7 de junio de 2007, condenando a la consejería de Bienestar Social al abono de la misma y de los intereses legales desde el cumplimiento del requisito de la afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social en la forma legalmente establecida". El informe del Programa Individualizado de Atención reconocía el derecho de este dependiente a percibir una prestación económica de 583 euros mensuales para los familiares que le prestaban atención y cuidado, función que recayó en su abuela.

Los padres admiten que puede ser que la ayuda económica que les corresponda sea importante, "aunque quizá nunca la cobremos, pero lo que no nos quita nadie es el placer de que nos reconozcan que teníamos razón, que nuestros esfuerzos y nuestra voz no han caído en saco roto, aunque la Justicia haya sido lenta".