De la Rúa seguirá al frente del TSJ al menos hasta el verano

Juan Luis de la Rúa seguirá al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al menos, hasta el verano. Así de claro quedó ayer tras la intervención en Valencia del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y la portavoz, Gabriela Bravo. El pasado viernes el Consejo no se puso de acuerdo en el relevo de De la Rúa y el plazo más optimista coloca dentro de tres meses la próxima convocatoria y otros tres para que el proceso burocrático que lleve a la deliberación se complete.

De Rosa y Bravo aseguraron ayer que el órgano al que representan "no atenderá a mandatos políticos de nadie" en el nombramiento de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sino "a los méritos y capacidad de los candidatos". De la Rúa no cuenta siquiera con el apoyo de su asociación, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Fue señalado por el presidente Francisco Camps como "más que un amigo", archivó la querella del caso Gürtel que implicaba, entre otros, a Camps, e ignoró el informe policial que relataba indicios de financiación irregular del PP valenciano, informe que ha servido para que el PSPV presentara el pasado noviembre una nueva querella a la que, de momento, el TSJ tampoco da respuesta.

Bravo y De Rosa aseguran que se basan en méritos y capacidades

De Rosa y Bravo trataron ayer de explicar el desencuentro del pasado viernes en el seno del Consejo reconociendo los muchos méritos de los candidatos. Bravo puntualizó que la mayor "complicación" con la que se han encontrado los vocales para decidirse es "la alta valía jurídica de los profesionales que optan al cargo". Y reiteró que el órgano no va a escuchar "mandatos políticos de nadie". El Consejo del que Bravo es portavoz ha elegido tres importantes relevos en la justicia valenciana y los tres han sido conservadores: el nombramiento de José Francisco Ceres para la sala de Lo Civil y Penal; el del presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez (amigo de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, imputado en dos procedimientos judiciales), y Carmen Llombart, de la APM, recién elegida presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Bravo y De Rosa participaron ayer en la primera de una serie de reuniones que se sucederán en los próximos meses con autoridades judiciales de Castellón y Valencia. El objeto es la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, cuya primera fase se inicia el próximo 5 de mayo al entrar en vigor las reformas procesales que modifican el papel de los jueces y los secretarios judiciales.