El Ponsoda que nadie sospechaba

Alejandro Ponsoda era quien ganaba las elecciones para el PP. Casi todos los vecinos lo tenían como una persona afable que apenas intervenía en la gestión de los asuntos relevantes del municipio. Nadie sospechaba que también había caído supuestamente en manos de la corrupción hasta que un empresario interrogado por la Guardia Civil decidió entregar dos documentos privados firmados por él mismo y Ponsoda que dejaron al descubierto los desmanes cometidos por el alcalde.

Este empresario, presidente de la mercantil Finado Car, SL, que realizaba trabajos de jardinería para el Ayuntamiento de Polop, entregó a la Policía un contrato por el que cedía a Ponsoda por 6.500 euros un porcentaje accionarial de la misma empresa que contrataba con el Consistorio, que pagó en dos plazos. El contrato establecía la siguiente condición: "Se obliga a darle los beneficios de Finado Car, SL y las acciones cuando lo requiera el señor Ponsoda".

En el otro contrato privado, el empresario se comprometía a pagarle un tercio de la comisión que recibiera por la venta del polígono-sector 9, propiedad de varios socios, que estaba dispuesto a adquirir un tercero.

Las irregularidades supuestamente cometidas por el entonces alcalde fueron creciendo a medida que la Guardia Civil interrogaba a todos los trabajadores del Consistorio. De la declaración de uno de los funcionarios del departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Polop se pudo saber que el consistorio contrató con el grupo Siscar "obras referentes a parques para las que no había consignación presupuestaria" por importe de 480.000 euros, otra posible irregularidad que el funcionario atribuyó al alcalde asesinado.

Durante la investigación, la Guardia Civil solicitó al servicio provincial de gestión de impuestos Suma la lista de todas las deudas que Polop estaba tramitando para cobrar por la vía ejecutiva para intentar descifrar si el crimen pudo haberse debido a las sanciones propuestas por el Consistorio. Suma tenía abiertos a finales de 2007 más de 2.500 expedientes de hasta 30.200 euros, una gran parte por infracciones relacionadas con el urbanismo. Sin embargo, la sanción urbanística de 30.200 euros impuesta a un particular o la de 13.800 euros a una mercantil fueron retiradas porque se habían impuesto "por error", según ordenó al organismo provincial Ponsoda.