El PP impide cualquier debate sobre el futuro Consejo Escolar

El procedimiento de lectura única es una técnica que un Parlamento puede utilizar cuando las circunstancias políticas exigen una respuesta legislativa urgente, por ejemplo la disolución de las Cámaras por la finalización de su mandato, o para adaptar una norma estatal al Tratado de Lisboa. Ninguna de estas circunstancias concurre hoy para que el PP en las Cortes Valencianas apruebe por la vía de lectura única la reforma de la Ley de Consejos Escolares, que modifica la composición del órgano para ceder la mayoría institucional a la Generalitat.

"Se trata de un caso único en el Estado", según ha denunciado la portavoz socialista de Educación en las Cortes, Ana Noguera, para censurar lo inadecuado del procedimiento registrado por el portavoz del PP, Rafael Blasco. Esta "singular" tramitación permitirá aprobar los cambios a una ley -que se hacen vía decreto- sin debate parlamentario, pese a las enmiendas a la reforma y a la urgencia de la mayoría del propio Consejo Escolar. El Comité Económico y Social (CES) ha avalado esta posición.

"Se trata de un caso único en el Estado", afirma la socialista Ana Noguera

Trapiello: "Es un error considerar el Consejo como un 'miniparlamento'"

Los agentes sociales, en concreto los consejeros del STEPV, Santiago Estañán, de CC OO, Luis García Trapiello, y de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, Camilo Lozano, pidieron la retirada del anteproyecto de ley y denunciaron la "ausencia de justificación de los cambios". Además, recuerdan que de 68 consejeros que hay, ningún representante -ni la Administración- habían pedido nunca el cambio de composición del máximo órgano consultivo en materia educativa.

En el preámbulo, la Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora, argumenta que "los cambios pretenden dar respuesta a las exigencias sociales, garantizando una participación más amplia, adecuada y efectiva de la comunidad educativa" al posibilitar la entrada de "todos los sectores que la dinámica social ha generado". Se refiere a colectivos de defensa de los discapacitados, inmigrantes o juventud que de otras consejerías, con lo que la Generalitat pasa de nombrar al 15% del Consejo a designar indirectamente al 33%, a costa reducir los agentes sociales.

Según el dictamen que salió adelante con 35 votos a favor de la retirada del anteproyecto de ley, "los cambios porcentuales introducidos desequilibran el sentido constitucional del órgano colegiado de participación social en la programación general de la enseñanza valenciana", como anotó Estañán, quien preguntó a la consejería: "¿Tan perjudicial para el mandato constitucional de la participación social en la enseñanza es que las familias, los estudiantes, el profesorado y el personal de administración y servicios ostenten el 50%?"

En el mismo sentido, García Trapiello le recordó a la Administración que "no tendría sentido que un gobernante crease un órgano de opinión y de participación en la que los funcionarios con carácter político fuesen los que opinasen sobre aquello que ellos mismos hubiesen redactado". Trapiello concluye su exposición de enmiendas con un aviso: "Es un error grave considerar el Consejo Escolar como un seudominiparlamento, en el que el partido en el Gobierno se asegura la mayoría de votos".

El informe del CES recuerda la importancia de legislar por "consenso" y enmienda los recortes de la participación de los consejeros de las cooperativas de enseñanza o de los movimientos de renovación pedagógica y pide transparencia en la designación de los consejeros de nueva creación. Tampoco comprende el CES la necesidad de una "transitoria" para que, en tanto se publique la ley, el consejo se sustituya por una comisión de 19 miembros nombrados por el consejero, de forma indefinida.

La ley del nuevo Consejo Escolar se votará después de una proposición no de ley presentada por el PP para reprobar la actuación del portavoz socialista, Ángel Luna, en el caso Gürtel, en el que ésta imputado el presidente Francisco Camps.