El PP convierte en ley un decreto paralizado por el Constitucional

El PP derogó ayer un decreto paralizado cautelarmente por el Tribunal Constitucional y lo convirtió en una ley que, previsiblemente, también será recurrida por el Gobierno y paralizada por el alto tribunal. La "maraña" legal en que se ha convertido, según el diputado socialista Manuel Mata, el conflicto por el plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal, sumó un nuevo enredo. El PP no sólo convalidó el decreto-ley por el que el Consell despojó de la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) al barrio, en respuesta a la orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan porque incurre en expolio del patrimonio cultural, sino que lo transformó ayer, en el pleno de las Cortes, en una ley cuya entrada en vigor, cuando se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, supondrá la derogación expresa del decreto-ley. Un decreto-ley, a su vez, que el Gobierno recurrió ante el Constitucional y que está suspendido cautelarmente.

Oltra denuncia que el bufete Eius cobró por un informe de Cabanyal 2010

Olano reivindicó al último alcalde franquista de Valencia

En un debate que hizo que la alcaldesa de Valencia, también diputada autonómica, se acercase al hemiciclo, Manuel Mata criticó toda esta actuación del PP y calificó el proyecto de escindir el barrio marinero como el "error Barberá". Mata recordó que "proteger el patrimonio es difícil, pero desprotegerlo resulta casi imposible, y eso es bueno". Con ello criticó la creación de un Consejo Asesor de Patrimonio Histórico Inmobiliario como institución consultiva de la Generalitat para declarar y derogar bienes de interés cultural y advirtió de que ese organismo carecerá de fundamento legal para sustentar la desprotección de El Cabanyal. Mata añadió que en 17 años de gobierno municipal, Barberá no ha hecho nada en El Cabanyal y dijo que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento pueden pagar las expropiaciones porque "no tienen un duro".

El diputado popular José Marí Olano defendió que el denominado Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal es "bueno" para Valencia y "plenamente legal y constitucional". Marí Olano calificó la orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan como "una extralimitación competencial", mientras Mata acusaba a la alcaldesa de haber convertido la ciudad en "territorio para hacer negocio".

También la diputada de Compromís Mònica Oltra incidió en ese aspecto al asegurar que el PP ha traspasado "todos los límites legales y morales". Oltra denunció que el bufete Eius, del que es socio el ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar José María Michavila y que ha sido relacionado con el caso Gürtel, ha cobrado "por hacer el informe de Cabanyal 2010" y beneficiar a las empresas que formaban parte de la sociedad con plusvalías que la Sindicatura de Comptes consideró que "no se ajustan a la legalidad". Oltra volvió a recordar que una de esas empresas es de la familia del consejero Juan Cotino, que aún no ha explicado los beneficios obtenidos por sus familiares.

Marina Albiol, de Esquerra Unida, emplazó al PP a dejar de hacer victimismo a costa del erario público, se opuso al intento de "arrasar" El Cabanyal y calificó el plan como un intento de "destruir y expoliar" una zona declarada BIC.

Marí Olano, que en el calor del debate reivindicó al último alcalde franquista de Valencia, Miguel Ramón Izquierdo, de quien dijo que hoy se sentaría en los bancos del PP, acusó a la izquierda de pretender "perpetuar la decadencia y la degradación" de El Cabanyal, y señaló que los socialistas carecen de legitimidad para hablar de protección del patrimonio porque "se cargaron" el Teatro Romano de Sagunto.