La Nucia planea hacerse con los derechos del agua de los regantes para los PAI

El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, ha ligado de tal manera su futuro político al desarrollo urbanístico de los planes de la Serreta, Pie de Monte y el Algar que no ha reparado en medios para conseguir justificar la existencia de recursos hídricos en su municipio, apropiárselos, cambiar el uso del agua y eludir el control de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para impulsar la construcción de más de 10.000 viviendas entre los tres planes urbanísticos. El Tribunal Superior de Justicia anuló el pasado 13 de mayo el PAI del Algar a instancias de la Abogacía del Estado y puso al descubierto que estos sectores, desarrollados por Cano a través de una homologación fuera del Plan General de La Nucia, no disponen de agua.

La solución planteada por Cano es que el Ayuntamiento se adueñe de los derechos de agua que tienen concedidos las comunidades de regantes llamadas Planet, Sentenilla de Dalt, Sentenilla de Baix y Armaig. Estas cuatro comunidades fueron obligadas por la CHJ a reunirse la semana pasada tras cinco años sin que las directivas, controladas por el alcalde, rindieran cuentas de su gestión a los regantes. Fue entonces cuando descubrieron que Cases del Pinar, la empresa urbanizadora de la Serreta, había estado haciendo aportaciones a la Comunidad General de Regantes, formada por el Ayuntamiento y las cuatro comunidades, de 1,3 millones de euros en dos ejercicios para invertirlos en el desarrollo del riego por goteo del término municipal de La Nucia, que debería abastecerse de agua procedente de una balsa de 500.000 metros cúbicos en lo alto de la Serreta.

Sin embargo, el urbanizador no quiere seguir aportando dinero sin la certeza de obtener el control del agua y la empresa que ejecutaba las obras acabó en concurso de acreedores sin siquiera ejecutar el 30% del proyecto. En la última reunión de las juntas de riego, Cano propuso tres opciones: pagar 6.268 euros por hanegada para poder concluir las obras, pagar 1.635 euros para saldar las deudas y dejarlas sin terminar o que abandonaran la comunidad general, opción que perseguía Cano.

La concejal del Bloc Nacionalista Valencià, Sònia Pérez, ha denunciado que el Ayuntamiento tramita desde 2008 ante la CHJ un expediente de concesión única del agua, que aprobó con los votos del PP en un pleno en febrero de 2009 sin aportar documentación a la oposición. La edil nacionalista se ha personado en el proceso como parte interesada para poder recurrir, ya que en la práctica la concesión única implicaría que el consistorio controlaría y gestionaría los derechos de los regantes y podría modificar el uso del agua para destinarla a consumo humano e impulsar así los PAI.

Si Cano completa el trámite de los tres sectores, la favorecida será la mercantil Gestrumar, de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, promotores de cabecera del munícipe. La firma obtuvo una plusvalía de 17,3 millones de euros con una reventa de parcelas adquiridas a Dragados el mismo día que esta empresa las había permutado al consistorio. Aunque la mayor parte del pago de ese dinero estaba condicionado a la definitiva aprobación de los sectores.