Intenciones frustradas y escenarios confortables

Declaración institucional por el empleo y la competitividad. Ese era el título de la declaración fallida que Camps y los agentes sociales impulsores del documento no pudieron finalmente presentar.

El documento de cuatro folios constaba de dos apartados, uno de análisis del contexto económico actual y otro de intenciones para impulsar la economía.

En el primer apartado se hacía un breve repaso al contexto económico, a la merma de la capacidad de inversión y a las dificultades para acceder al crédito. Pero sobre todo, este apartado del documento comparaba el crecimiento registrado en el número de personas ocupadas desde 1993 hasta la actualidad. Y ponía especial énfasis en el millón más de personas que residen en la actualidad.

En la segunda parte del documento, se manifestaba "la unánime preocupación ante esta situación y el deseo de afrontar y resolver constructivamente estos problemas en un clima de cooperación responsable".

El texto, además, recogía el acuerdo sobre "la necesidad de llevar a cabo dos grupos de acciones". Por un lado, "las dirigidas a impulsar la actividad económica con actuaciones en materia de inversiones, apoyo financiero a las pymes y de empleo que permitan restablecer en dos años los equilibrios fundamentales de la economía valenciana". Y por otro, "las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía a apostar por la reorientación de actividades, nichos de mercado y sectores con mayores potencialidades de crecimiento". Siempre sin medidas concretas.

Luego, la declaración indicaba que el Pavace II y el Programa Operativo Integrado (el documento que fija el objetivo de las ayudas europeas) eran los instrumentos "dinamizadores de la economía y de la generación de empleo" y que como tales tenían su plasmación en los Presupuestos de la Generalitat de 2009.

De los borradores iniciales, se llegó a eliminar cualquier referencia que hiciese pensar que las cuentas del Consell para 2009 eran negociables.

Las intensas conversaciones que no cuajaron en la citada declaración, contrastan con la devaluación del Parlamento en la lucha contra la crisis y con las reticencias del presidente del Consell hacia la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El lobby que agrupa a los grandes empresarios valencianos y que durante meses solicitó una entrevista, pública o privada, con Camps para exponerle su punto de vista y plantearle una serie de medidas concretas. Finalmente, después de que AVE se haya reunido en las últimas semanas con el presidente del ICO, Aurelio Martínez, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, Camps ha accedido a tener un encuentro para hablar de la crisis el 3 de diciembre.