Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ

El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular. La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para frenar a José Flors

En la judicatura no es ningún secreto que De la Rúa es amigo de Camps

Si la causa sigue su camino, a finales de marzo el juez puede dictar su auto

Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.

Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".

Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.

Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.

Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.

En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.

La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.

Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.

Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.

Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.

Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.

Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.

Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.