Fabra mete la tijera al personal de la Generalitat nada más llegar

La amortización de 704 plazas de funcionarios, la reducción de un 22% de liberados sindicales, la reordenación de plantillas docentes en centros públicos, el aplazamiento de inversiones en las universidades, el ahorro en gasto farmacéutico y también en algunos aspectos de la sanidad son las principales medidas del plan de ajuste que ayer aprobó el pleno del Consell, presidido por su flamante nuevo titular, Alberto Fabra. El plan que, tras la reunión de Gobierno valenciano, explicó el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, prevé un recorte de 680 millones de euros y obedece a la necesidad de "sacar la tijera" para hacer frente a la crisis económica.

Vela achacó el ajuste al Gobierno central por no haber aceptado anticipar el pago de 633 millones correspondientes al Fondo de Competitividad, que compensa a las comunidades autónomas más perjudicadas por el actual sistema de financiación. El consejero, sin embargo, reconoció que aquí no acaban los recortes, ya que "la austeridad va a marcar el trabajo esta legislatura, al menos los primeros años".

La financiación de las universidades registra uno de los principales recortes

La reestructuración del sector público incluye grandes eventos y RTVV

El titular de Hacienda calificó de "auténtico atraco" que el Ministerio de Economía haya denegado la petición de los 633 millones que la Generalitat recibirá dentro de dos años del Fondo de Competitividad, pero también se mostró satisfecho de que el Gobierno, en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, haya dado el visto bueno al plan de reequilibrio de la Generalitat. Vela, que evaluó en más de 1.800 millones de euros el conjunto de recortes que se han puesto en marcha, si se suma a este nuevo plan el ya anunciado anteriormente plan de austeridad, señaló que la dinámica de los ajustes "no es estática", anunció que el titular de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, preparará este verano la reestructuración del sector público de la Generalitat, es decir, del centenar largo de empresas, fundaciones y entidades, y no descartó que haya que recurrir a expedientes de regulación de empleo (ERE).

El Consell espera ahorrar 25 millones de euros anuales, (ocho millones en el último cuatrimestre de este año) con la amortización de 704 plazas de funcionarios que están vacantes u ocupadas por trabajadores susceptibles de jubilación. "A través de la negociación y el diálogo" con los sindicatos, según especificó el consejero de Hacienda y Administración Pública, la Generalitat espera reducir un 22% el número de liberados sindicales, lo que depararía un ahorro de seis millones de euros. Vela comentó que se trata de adecuar la cifra de liberados a lo que establece la legislación básica. "Suele decirse que es el chocolate del loro, pero es que el loro come mucho", bromeó.

En el área de sanidad, y siempre que no se resienta "la calidad de la prestación de los servicios básicos", la tijera afectará a las azafatas y el personal que informa a los pacientes en los servicios de urgencias, así como a la prescripción de medicamentos y otros aspectos, con un ahorro calculado en 69,2 millones de euros. La parte del león del ajuste corresponderá al gasto farmacéutico, donde se pretende recortar entre 215 y 260 millones de euros.

Pero los recortes también afectarán a la educación. Por una parte, con la reducción de asesores en los centros de formación, innovación y recursos educativos (Cefire) y con la reordenación de plantillas docentes en los centros públicos, que el consejero de Hacienda no supo especificar en qué consistirá y remitió al titular de Educación, José Ciscar, para que lo explique. Por otra parte, con "ajustes en la financiación presupuestaria de las universidades públicas". Si en educación se busca un ahorro de 19,1 millones, en universidades es de 132 millones, el tercer recorte más importante de cuantos prevé el plan. Vela apuntó que se trata de aplazar algunas inversiones previstas y agradeció a los rectores que hayan negociado el ajuste.

La aplicación de la cláusula de no disponibilidad de créditos, ya en vigor, permitirá ahorrar 173,7 millones, según las cifras del plan, que incluye apartados dedicados al ahorro en telefonía e Internet, en fotocopias y publicaciones y en energía, así como la creación de una junta central de compras para el material fungible y ofimático. Como complemento a estas medidas la Generalitat quiere reforzar el papel de la intervención, tanto sobre las empresas y organismos como en el control financiero previo.

Vela añadió que la reducción de consejerías y la supresión de 24 altos cargos y de 21 plazas de asesores en la nueva composición del Consell permite un ahorro anual de 2,2 millones (1,4 millones este año). "¿Va a haber ERE?", se preguntó el consejero de Hacienda y Administración Pública. "Mejor decir que este ha sido el primer ERE. Y no he oído que nadie se quejara".

En efecto, Vela no descartó que los sucesivos planes y medidas de recorte lleven aparejados expedientes de regulación de empleo. Una medida que resulta probable en la reestructuración del sector público que este verano preparará el titular de Economía, Enrique Verdeguer, para presentarla en septiembre. Esa reestructuración, confirmó Vela, incluye a la empresa pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

A la pregunta de si los recortes no sólo se aplicarán a los funcionarios, a la educación o la sanidad sino también a los "grandes eventos" y, en concreto, al gran premio de fórmula 1, Vela señaló que los grandes eventos están incluidos en el plan de reestructuración del sector público. Sobre la fórmula 1 comentó que "es una actividad muy positiva para la economía valenciana", no tanto por el beneficio directo como por "el retorno" que genera.

La portavoz del Consell, Lola Johnson, eludió aclarar el futuro de la prueba que se disputa en el circuito urbano de Valencia y asumió que hay negociaciones con Bernie Ecclestone y con Cataluña para estudiar la celebración de la prueba en años alternos. Al respecto, Johnson, que también es titular de Cultura, Turismo y Deporte, dijo que el asunto está en fase de negociación, en la que "se ponen encima de la mesa diversas alternativas".