Fabra se autoabsuelve tras el archivo de cuatro de sus supuestos delitos

El presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, se mostró ayer "satisfecho y alegre" con la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que ha dictado el sobreseimiento libre de cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales que se le imputan. Fabra pasó por alto que todavía está acusado de un posible delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias, y aseguró que el "archivo" es "tanto como la absolución". Se jactó de que no le van a "poder juzgar de nada" en referencia a los cuatro delitos fiscales, obviando que el fallo judicial será recurrido ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular.

Carlos Fabra compareció ante los medios de comunicación a la finalización del pleno de presupuestos de la Diputación de Castellón, y lo hizo rodeado de diputados del Partido Popular, simpatizantes y asesores de la institución que preside, quienes no dudaron en jalear y aplaudir a la finalización de alguna de sus respuestas a los periodistas.

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A pesar de las acusaciones que todavía recaen sobre él, Fabra intentó trasladar la imagen de que ya ha sido "absuelto". Afirmó que ha sido "exonerado" de unos supuestos delitos y que "más de uno" se había "llevado un disgusto". Calificó de "sainete" la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, y apeló al victimismo al aseverar que ha sufrido "una persecución política y fiscal desde hace siete años por encima de lo que una persona humana puede soportar".Carlos Fabra hizo un alegato de la prescripción como causa legal para su "absolución", subrayando que "simplemente se ha aplicado la ley" y comparándose con el portavoz socialista en las Cortes, al manifestar que "si la prescripción vale para Ángel Luna, también vale para Fabra". El presidente provincial se permitió criticar la labor de los distintos jueces de Nules y la Fiscalía Anticorrupción quienes "no hicieron los deberes como debían haberlos hecho" y "dejaron pasar el tiempo de prescripción". "Ahora han prescrito, ¡yo qué quieren que les diga!", añadió.

La Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y el juez instructor discrepan en este punto con los magistrados de la Audiencia Provincial. Interpretan que los plazos de prescripción habían quedado paralizados desde el momento en que la Agencia Tributaria presentó su denuncia correspondiente a la declaración de la renta de Fabra de 1999, por lo que no eran necesarias querellas posteriores sobre los supuestos delitos fiscales detectados entre 2000 y 2003.

El presidente de los populares de Castellón no hizo referencia a la estrategia dilatoria desarrollada por su defensa, con continuos recursos a la mayoría de las decisiones del juzgado instrucción, ni tampoco a los problemas advertidos por los peritos de Hacienda para elaborar su informe, clave en la investigación del supuesto fraude, quienes vieron cómo determinadas entidades financieras tardaron meses o no facilitaron la documentación necesaria.

Fabra mostró un tono tranquilo, excepto cuando se le preguntó si, como político, no debía dar explicaciones sobre los 3,6 millones que ingresó sin justificar y sobre la supuesta cuota defraudada cercana al millón de euros que figura en la investigación de 2000 a 2003. Su única y desabrida respuesta fue él da las explicaciones "ante un juez". Pero la realidad es que en su primera comparecencia ante el juzgado para testificar por un supuesto delito fiscal se acogió a su derecho a no declarar, y en la segunda no contestó a las preguntas de las acusaciones.

Por otra parte, Fabra dijo que no había "visto por ningún sitio los tres millones" en ingresos que le atribuye el informe pericial, se mostró convencido de que la Audiencia también ha sobreseído el cohecho, y dijo estar "convencido" de que demostrará su inocencia en el resto de acusaciones. Reiteró por último que no se presentará a las próximas elecciones.

Las explicaciones ofrecidas por Fabra no son suficientes para la oposición. Ayer, el secretario general de los socialistas de Castellón, Francesc Colomer, reclamó al dirigente del PP que explicara "quién le ingresaba tanto dinero y a cambio de qué. Apelar a la prescripción constituye un insulto para todos los ciudadanos que pagan sus impuestos". En una línea crítica semejante se pronunció el coordinador local del PSPV en Castellón, Mario Edo, quien anunció que "uno de los ejes de la campaña electoral será la lucha contra la impunidad del fabrismo". Elena Valenciano, portavoz electoral del PSOE, recordó que Fabra sigue imputado por "gravísimos delitos como fraude electoral, cohecho y tráfico de influencias".

La diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, aseguró que "la alegría del PP por la prescripción de cuatro delitos causa estupor a cualquier demócrata". El coordinador general de IU, Cayo Lara, consideró "frustrante para la democracia la lentitud de la justicia". Carles Mulet, portavoz de Compromís en Castellón, dijo que "lo más preocupante es que nadie se ha sorprendido por la decisión de la Audiencia".

El PP, en cambio, se mostró satisfecho por la decisión de los magistrados. Javier Arenas, vicesecretario, no ve "inconveniente alguno" en que Fabra pueda volver a presentarse si así lo desea. Y el presidente en Alicante, José Joaquín Ripoll, instó a pedir perdón a quienes atacaron a Fabra.