Dependientes y discapacitados protestan por el retraso del Consell en pagar

Mientras el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se jactaba en el interior del edificio Prop de Alicante de una inversión de 2,6 millones de euros del Gobierno valenciano en proyectos destinados a mejorar las condiciones del pueblo saharaui, unas 30 personas de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia se manifestaban en el exterior del mismo edificio solicitando percibir las prestaciones sin "sujeción a dotaciones presupuestarias". Este colectivo defiende que tienen sus "derechos reconocidos por la Ley de la Dependencia" y que "son prioritarios a la fórmula 1, la Volvo Ocean Race y otros eventos". "Es increíble que tengamos que estar en la calle para exigir el cumplimiento de una ley que el PP votó a favor", añadió una afectada, aunque el consejero los recibió más tarde para pedirles disculpas por "el retraso en el pago de la última mensualidad". El mes de junio lo cobraron el 27 de julio y solo después de solicitar un día antes reunirse con el secretario general de la Dependencia, Joaquín Martínez, y presentar más de un centenar de quejas individuales al Síndic de Greuges. Este retraso se suma al del pasado mes de enero y a los que ya sufrieron el año pasado. El importe mensual total es de 3,8 millones de euros en derechos ya reconocidos a 9.509 dependientes.

"Somos la mayor vergüenza del Consell", lamentan los dependientes

También ayer, la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) denunció que la Consejería de Formación y Empleo de la Generalitat valenciana debe 3,3 millones de euros en ayudas concedidas a 24 centros especiales de empleo que ocupan a 1.387 trabajadores con discapacidad. Los gerentes de estas entidades temen llegar al cierre por falta de liquidez, ya que el Consell les adeuda órdenes de pago de hace un año.En Alicante tienen reconocidas sus prestaciones 9.509 dependientes del total de 28.655 que hay en la Comunidad Valenciana. El importe mensual que perciben es de 3,8 millones de euros, que el colectivo exige cobrar con "criterios claros". "El cuidador es un trabajador más que cotiza a la Seguridad Social, así que lo lógico y lo que queremos es que cobre como cualquier empleado", explicó el portavoz de la plataforma alicantina, Miquel Martorell.

La plataforma registró ayer una carta dirigida al consejero Cabré. Consideran que las 112.000 solicitudes sin resolver y las 33.500 personas con derecho a recibir la prestación que no han cobrado nada son "la mayor vergüenza del Gobierno valenciano", que ha pecado con este colectivo de "poca sensibilidad humana y política", ya que el 80% de los perceptores de las ayudas tienen más de 75 años y pensiones muy bajas.

Y solicitaron la dimisión del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez. Su lista de quejas es larga. Dicen estar hartos de que haya gente esperando una resolución desde 2007; de la opacidad de la información que ofrece la consejería, ya que no hay informes por provincias, comarcas o Ayuntamientos; de los incumplimientos en los plazos de las solicitudes y de los engaños en la retroactividad de las mismas. También manifestaron su solidaridad con los 80 valoradores de dependencia de la empresa pública Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) que, según dicen, "han echado a la calle a los tres años para no tener que hacerlos fijos".

Por su parte, el presidente de Agevalcee, Juan José Serrano, aseguró ayer que "estamos viviendo una situación de enorme preocupación e incertidumbre por las continuas demoras y recortes en las ayudas que nos corresponden por ley". Los centros especiales que agrupa esta asociación funcionan como empresas convencionales, pero su plantilla está formada por trabajadores discapacitados a los que intenta integrar en el mercado laboral. Sus incentivos están canalizados a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Pero aseguran que la única ayuda que reciben ahora de forma puntual es la bonificación de las cotizaciones sociales que les concede el Ministerio de Trabajo.

En Valencia hay 109 centros especiales de empleo inscritos, de los que 24 están agrupados en Agevalcee. La mayoría tienen pendientes de cobro cantidades correspondientes a 2010 y lo que va de este año, a pesar de que las ayudas que reparte el Consell están reforzadas por la aportación de fondos europeos.