Calatrava recurrió a Camps para cobrar su proyecto en Castellón

En plena polémica con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para cobrar los honorarios por el proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón, el arquitecto Santiago Calatrava recurrió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien estuvo al tanto de la negociación como consecuencia de la cual el arquitecto cobró 2,7 millones de euros pese a que la empresa pública de la Generalitat dejó constancia de que el proyecto "excedía" todo lo previsto en el contrato original. Así lo constata la documentación, a la que tuvo acceso la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, del expediente del complejo encargado a Calatrava, ahora paralizado por una sentencia que anula el plan urbanístico en el que debería ubicarse.

Proyectos Temáticos consideró que había una "modificación unilateral"

"Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron", dice Esquerra Unida

La discusión con Calatrava costó el cargo al director general de Grandes Proyectos, José Luis Villanueva, y al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Eusebio Monzó, que fueron sustituidos en agosto de 2009 por Cristina Morató y Nicolás Figueras, respectivamente, cuando la polémica con el arquitecto alcanzaba el máximo de intensidad.

La correspondencia entre la oficina o los abogados de Calatrava y la Sociedad Proyectos Temáticos o la Consejería de Economía y Hacienda, reflejada en 13 cartas, arranca en diciembre de 2008, cuando el director general de la empresa pública, Eusebio Monzó, comunica al responsable de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo, que el proyecto básico presentado por el arquitecto unos días antes supone "una modificación unilateral" del contrato que no cuenta con el visto bueno de la Generalitat. A partir de ahí, y hasta finales de febrero de 2009, se produce un cruce de cartas en las que ambas partes reiteran sus posiciones. Cuando el representante de Calatrava exige el 12 de febrero de 2009 a José Luis Villanueva que "se hagan las gestiones oportunas para el pago pendiente de 1,35 millones de euros" (el arquitecto había cobrado ya una cantidad similar al firmarse el contrato, en diciembre de 2007), anota que ha enviado copia al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos y al "molt honorable señor don Francisco Camps".

Tras la sustitución en agosto de Villanueva y Monzó, es Manuel Alcaide quien escribe el 3 de septiembre en nombre del despacho de Calatrava al consejero de Economía, Gerardo Camps, con copia a Francisco Camps y al también vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.En esta carta de la que tienen conocimiento Francisco Camps y dos de sus vicepresidentes, el despacho de Calatrava atribuye a la dirección de la Sociedad Proyectos Temáticos, en ese momento ya relevada, una "interpretación errónea" del contrato y de "la negociación del mismo con Luis Lobón", que fue director general de Grandes Proyectos y hoy es secretario autonómico de Empleo. Según el arquitecto, el coste de 60 millones reflejado en el contrato "se acordó de común acuerdo". Para justificar el aumento de las dimensiones y los costes del proyecto, Calatrava atribuye al Ayuntamiento de Castellón, que preside Alberto Fabra, un "aumento del programa" que implicaba pasar de 16.000 metros cuadrados de superficie construida a 62.000 metros cuadrados. Al final, tras una negociación, se deja, según la oficina de Calatrava, en 48.240 metros cuadrados, lo que implica un "lógico aumento de costes".

"Entendemos que los continuos cambios entre los representantes de la propiedad", alega el despacho del arquitecto, en alusión a los responsables de la Sociedad Proyectos Temáticos, "pueden haber contribuido a difuminar los objetivos y las prioridades relativas a este proyecto que nos han conducido a esta situación". A lo largo de las semanas siguientes, Calatrava insiste en sus reclamaciones, hasta que el 11 de noviembre de 2009 sus abogados advierten al nuevo director de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras, que han recibido el encargo de actuar judicialmente contra la empresa de la Generalitat. "Nos dirigimos a usted, por última vez, para evitar tener que recurrir a los tribunales", amenazan.

Cinco días después, los abogados de la empresa pública comunican por burofax a los abogados de Calatrava que se le abonarán los 1,35 millones de euros, pero puntualizan que consideran que el arquitecto ha incumplido las previsiones del contrato original y añaden que los pagos responden a la "voluntad de entendimiento" con Calatrava. Todavía envían dos días después a la Sociedad Proyectos Temáticos otra carta los abogados del arquitecto en la que advierten que se niega a aceptar objeción alguna a su proyecto mientras no se le paguen los honorarios.

Esquerra Unida ha comparado el proceso de este encargo a Calatrava, por el que ha cobrado 2,7 millones pese a incumplir el contrato, con el caso Palma Arena, en el que están imputados el ex presidente balear Jaume Matas y el propio arquitecto valenciano. La formación de izquierda presentará esta semana ante la fiscalía una denuncia sobre el Centro de Convenciones de Castellón y otros dos proyectos de Calatrava que ha cobrado y están paralizados.

La documentación del expediente "evidencia que los consejeros Camps y Rambla y el propio presidente de la Generalitat eran conocedores de las exigencias del arquitecto pese a su incumplimiento del contrato", señaló ayer la portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz. "Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron por encima de los directores generales para que Calatrava cobrara indebidamente 1,35 millones de euros".