Barberá autoriza el derribo de 31 casas en El Cabanyal

El gobierno local de Valencia, que encabeza la popular Rita Barberá, ha condenado a la piqueta otras 31 viviendas emplazadas en El Cabanyal. El concejal delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, dio ayer cuenta tras la Comisión de Urbanismo de la tramitación de las nuevas licencias pese a que los derribos están suspendidos.

En total, son 18 las licencias concedidas y 31 las viviendas amenazadas, muchas de ellas todavía propiedad de los particulares.

Bellver aseguró que las licencias no se aprobaron ayer, sino que se autorizaron cuando la ley de la Generalitat -la que desprotegía el barrio marinero- estaba en vigor. El Gobierno presentó a principios de abril un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, lo que interrumpió de nuevo las demoliciones. "La publicación del recurso [del Gobierno ante el Constitucional] en el BOE es del 21 de abril, y las dos últimas licencias de derribo se firmaron el 20", dijo Bellver para justificar que entonces no había limitaciones.

Algunas de las licencias amenazan las casas de un dirigente de Salvem

La oposición se mostró indignada. "El gobierno ha tramitado las licencias con unas prisas y una aceleración indignas. Ha aprovechado lo que considera un vacío legal, que no es tal, para tramitar nuevos derribos", criticó el concejal socialista Vicente González Móstoles. Para este edil de la oposición, conceder estas licencias "es situarse fuera de la legalidad". Este agregó que la mayoría de viviendas condenadas -30- están afectadas por el plan especial y sólo una está fuera del ámbito.

Para la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar la mayoría de licencias de derribo concedidas resultarían "ilegales", dado que la mayoría de las casas están incluidas en el catálogo de edificios protegidos del PGOU.

La mayoría de los edificios sobre los que ya pesa la licencia de derribo están entre las calles de San Pedro y de Luis Despuig, y en muchos casos no son todavía de propiedad municipal. Los vecinos denuncian desde hace tiempo al consistorio por acoso inmobiliario.

"No es un capricho del equipo de gobierno", dijo el concejal delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, que, sin embargo, se apresuró a aclarar que las licencias quedan suspendidas.

Bellver reveló que el gobierno local ha consultado con la Audiencia Nacional -donde la corporación ha recurrido la orden ministerial- qué parte del plan está afectada por la orden de Cultura, si todo o sólo la zona afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, y este tribunal ha respondido que el Ayuntamiento está obligado a la suspensión inmediata de la ejecución del plan, "así como de todas las actuaciones administrativas". A la pregunta de por qué entonces se han aprobado estas nuevas licencias -si el PEPRI está paralizado-, el concejal delegado respondió: "No tiene ninguna finalidad. Cuando se firmaron las licencias no había inconveniente. Además, vamos a seguir tomando decisiones respetando la legalidad". La intención del consistorio es, si los juzgados le dan la razón, tenerlo todo dispuesto para que "así se puedan aplicar inmediatamente".

Los socialistas rechazaron estos argumentos. "No hay voluntad de respetar las leyes ni El Cabanyal. Hay una suspensión y traer esto hoy [por ayer] es una insensatez", apostilló González Móstoles, quien recordó que los informes previos a las licencias se evacuaron entre el 8 y 9 de abril y la resolución de los derribos fue posterior a la admisión a trámite por parte del Constitucional del último recurso presentado por el Gobierno, el pasado 14 de abril.

La asociación de vecinos, contraria a la prolongación de la avenida, utilizó los argumentos del consistorio para quitarles la razón sobre los últimos derribos. "La alcaldesa dijo que el recurso de inconstitucionalidad les imposibilitaba regenerar el barrio y ahora se autoconcede licencias en edificios que, en muchos casos, ni siquiera son de propiedad municipal, sino de propietarios". Cuatro de los inmuebles sentenciados al derribo son propiedad de la familia de Faustino Villora, dirigente de Salvem El Cabanyal.

Maribel Doménech, presidenta de la plataforma, acusó a Barberá de no ejercer sus obligaciones dentro del sistema democrático. "Sólo entiende la dictadura y su capricho personal", dijo. Doménech interpretó la concesión de estas nuevas licencias como "un ataque frontal al Tribunal Constitucional, a la democracia y a los vecinos". "Desde enero, con la orden ministerial en vigor, está paralizado cualquier acto administrativo y estos lo son, así que están fuera de la ley", enfatizó.

La dirección de Esquerra Unida en Valencia condenó la actitud de la alcaldesa. "El PP gobierna contra la ley, provocando la indefensión entre los ciudadanos", declaró Amadeu Sanchis, coordinador del partido en la capital.

El Tribunal Constitucional resolverá en unos meses el conflicto de competencias entre las dos administraciones públicas. El contencioso estalló después de una sentencia del Tribunal Supremo en la que reconocía que el Ministerio de Cultura era la autoridad competente para pronunciarse si el plan de El Cabanyal suponía un expolio para el barrio o no. Cultura dictó una orden que suspendía el plan por el riesgo que entrañaba. La Generalitat ha intentado eludir por dos veces esta orden, primero con un decreto y luego con una ley, ambas recurridas por el Gobierno ante el Constitucional.