Amnistía Internacional denuncia la violación de derechos en El Cabanyal

Amnistía Internacional considera la situación del barrio de El Cabanyal, en Valencia, uno de los ejemplos de violación de derechos en su último informe sobre España, presentado ayer. En el barrio marinero, señaló Rubén Martínez Dalmau, miembro de la organización y profesor de Derecho Constitucional, se ha producido "una degradación urbana provocada por las Administraciones, seguida de derribos y de desalojos forzosos". Y para llevar a cabo algunos de esos desalojos, siguió, hubo una serie de cargas policiales caracterizadas por la "brutalidad".

El informe de Amnistía Internacional, titulado Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, describe la situación que desde hace años vive el barrio, cuyo conjunto urbano se encuentra amenazado por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que pretende el Ayuntamiento de Valencia.

La actual crisis ha provocado 270.000 ejecuciones hipotecarias

"Varias asociaciones de vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal han denunciado el deterioro provocado en su entorno, reivindicando el carácter cultural e histórico de dicho barrio y el derecho a la vivienda en su integridad, lo que en su opinión debiera implicar su conservación y rehabilitación, no su destrucción", señala Amnistía. "Los vecinos del barrio han intentado sin éxito que las autoridades locales y autonómicas tengan en cuenta los derechos que les asisten en la defensa del barrio. La reanudación de los derribos y la carga policial contra quienes se oponían a estos se produjeron en circunstancias en las que incluso existían actuaciones judiciales en curso", recuerda el informe.

Marià Ferrer, vecino del barrio y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez, participó en el acto, celebrado en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para contar su propio caso. El tipo de arquitectura de pocas alturas de El Cabanyal y las relaciones sociales que dicha trama urbana contribuyó a suscitar, afirmó, representan lo contrario al estilo de vida derivado de la burbuja inmobiliaria que ha estallado con la crisis. Ferrer responsabilizó a las Administraciones local y autonómica de la "degradación de la convivencia" que ha padecido el barrio, y que habría seguido un esquema clásico "que figura en cualquier libro de geografía urbana". La venta de drogas, citó como ejemplo, se producía hace años en una esquina del barrio, mientras que hoy alcanza la calle del Progreso y ronda la de José Benlliure, en el corazón de El Cabanyal.

El informe recoge otros casos concretos que Amnistía considera violación de derechos sociales, económicos y culturales: los desalojos en la Cañada Real de Madrid; las 270.000 ejecuciones hipotecarias que se han iniciado desde que empezó la crisis, la falta de cobertura sanitaria de ciertos colectivos...

Martínez Dalmau destacó que, pese a que esa clase de derechos sociales y económicos (como el de la vivienda digna) se encuentran recogidos en la Constitución, a diferencia de los derechos fundamentales, no resultan directamente exigibles ante los tribunales. Ello a pesar, agregó, de que su aplicación también podría ser directa a través de los tratados internacionales firmados por España, que así lo establecen.