Alerta ante la violencia del odio

El Movimiento contra la Intolerancia presentó ayer su informe Raxen (racismo, xenofobia, neofascismo) de 2008. Lo hizo en Valencia, y no por casualidad. De los 350 incidentes violentos sucedidos en España que recoge este documento, la Comunidad Valenciana es la autonomía que cuenta con el mayor número de casos, más de 80, por delante de Madrid (60) y Cataluña (40).

Para Esteban Ibarra, responsable de esta entidad, este "preocupante" escenario no se debe a ninguna casualidad. Por un lado, está el "residuo antidemocrático latente" que dejó la transición. Por otro, la "falta de reacción institucional" que se traduce en una sensación de "impunidad". El resultado es la actividad de grupos neofascistas, como el de la organización desmantelada en 2005 por parte de la Guardia Civil o las agresiones a inmigrantes filmadas en el barrio de Barona y colgadas en Internet.

Esteban Ibarra pidió un mayor compromiso institucional

Pero también los actos vandálicos contra grupos de izquierda y nacionalistas, como las sufridas en sedes del Bloc y otras entidades y personas, a las que se refirió en la presentación del informe Toni Gisbert, coordinador de Acció Cultural del País Valencià. Gisbert incidió en la "cobertura ideológica" que algunos violentos vinculados a la ultraderecha y el blaverismo reciben por parte de instituciones valencianas.

Pero no todo es negativo. El Movimiento contra la Intolerancia subraya la iniciativa tomada por la Fiscalía de Valencia de permitir a las víctimas de este tipo de violencia dar la dirección de la oficina de víctimas del delito como domicilio, para estar más protegidos.

Las 350 denuncias que destaca el documento son unas 150 más que las del año pasado. Esteban Ibarra, sin embargo, comentó que los incidentes y agresiones totales estimadas rebasan los 4.000 en toda España, ya que el informe sólo recoge hechos de los que ha tenido noticia el Movimiento Contra la Intolerancia. Además, el documento recoge 200 páginas web existentes de contenido fascista, decenas de conciertos de música de grupos violentos y apunta a la existencia en todo el país de unos 10.000 ultras y neonazis.

Ibarra pidió un mayor compromiso institucional en la persecución de este tipo de grupos, y reclamó un registro oficial en el que quede constancia de los delitos por odio que se comenten, así como una protección a las víctimas como frente al terrorismo.