La Abogacía del Estado reclama a Fabra casi 3,5 millones de euros

La Abogacía del Estado ha presentado su escrito de acusación contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que reclama que devuelva el dinero supuestamente defraudado a Hacienda (886.000 euros), además del pago de una multa de más de 2,6 millones de euros, con lo que, en total, el dirigente del PP debería ingresar en las arcas públicas casi 3,5 millones de euros.

La cuantía que solicita la Abogacía del Estado es más elevada que la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de calificación exige a Fabra el pago de 2,6 millones de euros por la supuesta comisión de los cinco delitos fiscales por los que está imputado. En ambos casos, la petición de las penas de cárcel es la misma: Un año por tráfico de influencias, cuatro por cohecho y diez por el fraude fiscal, que suman un total de 15 años. Por el delito de cohecho piden para el presidente de la Diputación, además, otra multa de 600.000 euros.

Exige que pague una multa que triplica el dinero defraudado

La Abogacía del Estado está personada en el llamado caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Tras esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decidió que las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y de su familia fueran analizados. Tras cuatro años recabando información y cruzando datos, los peritos, que son inspectores de Hacienda, presentaron un informe en el que detallaban la existencia de ingresos imputables a Carlos Fabra y realizados entre 1999 y 2004 por valor de dos millones de euros, que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarados.

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, los ingresos no justificados ascienden a otros 1,6 millones de euros. El informe también concluía que la "ocultación de ingresos" dio lugar a un fraude a Hacienda hasta en nueve ocasiones: cinco por parte de Fabra y cuatro de las que se responsabiliza a Fernández. El único año de los analizados que no se detectó una cuantía defraudada que superara el mínimo que lo convierte en delito (120.000 euros) fue en 2004, cuando la investigación del caso Fabra ya estaba en marcha.

La diferencia de la cuantía de las multas que reclama la fiscalía y las que solicita la Abogacía del Estado estriba en que mientras que Anticorrupción solo pide que devuelva lo defraudado y pague una multa del doble de lo que dejó de ingresar a Hacienda, la defensa del Estado exige que devuelva lo que no ingresó en las arcas públicas y que pague una multa cuya cuantía asciende al triple de la cantidad defraudada.

En cualquier caso, ambas peticiones distan de la reclamada por la acusación popular. Esta, que representa a la Unión de Consumidores, ha pedido que Carlos Fabra pague, en concepto de multa, el dinero defraudado multiplicado por seis, es decir, 5,3 millones de euros. Además, pide una pena de más de 20 años de cárcel.

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado era el único que faltaba por presentar de las tres acusaciones que están representadas en el caso Fabra.

Desde mediados de mayo, momento en el que el informe pericial llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, su titular, Jacobo Pin, ha llamado a declarar a los dos principales implicados, Carlos Fabra y María Amparo Fernández. El primero no acudió, convaleciente de un trasplante de hígado, y la segunda se negó a responder a otras preguntas que no fueran las de su abogado, al que le contestó que las cuentas las administraba su marido. Poco después, el juez puso fecha a la vistilla que dicta la ley del jurado en la que las acusaciones concretaron las imputaciones y las defensas solicitaron el archivo.

La Fiscalía Anticorrupción sorprendió reduciendo el caso a cuatro imputados y, el 30 de junio, el juez dictó un auto en el que ante "los indicios racionales de criminalidad" pedía a las acusaciones los escritos en los que han reflejado las peticiones de cárcel y de multa. Ahora serán las defensas las que respondan a estos por lo que, previsiblemente, la posible apertura del juicio no se dicte hasta septiembre.