Deslealtad institucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, irrumpió el miércoles en las tensas negociaciones entre el Gobierno y el PP sobre un pacto anticrisis con una llamada a la "rebelión" en contra de la subida del IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 6 al 7% en el tipo reducido, contenida en los Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Congreso para 2010. La campaña "rebelde" se iniciará a partir de abril con mesas públicas para firmar en contra de la subida, charlas informativas en distritos y ayuntamientos y otros actos propagandísticos. De nuevo, como en el caso reciente de la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural, Aguirre se ha adelantado a las iniciativas del PP, que ya había dispuesto manifestaciones públicas para protestar por la subida. Pillados a contrapié una vez más, los dirigentes del PP se han puesto a la cabeza de la revuelta de Aguirre para no perder la iniciativa política.

Es discutible si esta "llamada a la rebelión" contra la subida de un impuesto constituye una inducción al delito fiscal. En una sociedad que sufre una economía sumergida calculada en 250.000 millones de euros y en la que el pago del IVA en las facturas de determinados servicios es una rareza, incitar a la rebelión contra la subida de un impuesto, por más que se llame pacífica, corre el riesgo de interpretarse como una justificación autorizada para no pagarlo.

Aguirre y la dirección del PP que secunda la "rebelión" arguyen que la subida del IVA aumentará el paro y será "letal" para la economía española. Por definición, un partido político debe promover los cambios legales a través de la confrontación parlamentaria; y si no consigue que se aprueben las normas que preconiza, incurre en gamberrismo político si canaliza su frustración o sus aspiraciones políticas a través de una apelación expresa a la "rebelión" contra la ley. Aguirre y el PP son corresponsables de la estabilidad democrática; y con sus actitudes de deslealtad institucional contribuyen a que el país sea ingobernable. Ese modo de ejercer la oposición es mucho más letal para la economía española que el subir dos puntos el IVA.

No es un secreto que la política tributaria española necesita un debate fiscal serio en el Parlamento y en las instituciones habilitadas para ello. Ese debate debería evitar el reproche mutuo con frases grandilocuentes y vacías, y centrarse en discutir cuál es el procedimiento más razonable de reducir el déficit público, casi el 12% del PIB, en los próximos tres años hasta las proximidades del 3%. Es cierto que la subida prevista del IVA estorbará la recuperación, aunque no en la magnitud que augura el PP. Pero también lo es que un plan de austeridad pública, incluso aunque se aplique con rigor en el Estado y en las comunidades autónomas, no va a ser suficiente para estabilizar las finanzas públicas. Ya no se puede negar que la política de reducción sistemática de impuestos seguida desde 1996 ha debilitado la estructura fiscal del Estado, de forma que no puede dar una respuesta satisfactoria a los costes de la crisis.

El martes pasado la vicepresidenta Salgado deploró la supresión del impuesto sobre el patrimonio en 2008. Hoy ya no se puede defender una rebaja de impuestos. Lo quiera o no el PP, lo entienda o no el Gobierno, la economía española atraviesa por dificultades que exigen un ajuste de gastos y rentas. Si la oposición quiere apoyar la recuperación, debería estar dispuesta a debatir con el Gobierno qué niveles de renta y qué gastos deben pagar ese ajuste. Pero si no quiere contribuir a un debate razonable, al menos que procure no destruir la credibilidad de la economía española con su deslealtad institucional.