La gente que alimenta a Estados Unidos está pasando hambre
El cambio climático está agravando una crisis nacional, dejando a los trabajadores agrícolas con platos vacíos ante el aumento del costo de los alimentos
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Inmersa en una llanura esmeralda, bajo una hilera de árboles que ofrecen un respiro del calor sofocante, Rosa Morales reubica matas de chipilín, una leguminosa centroamericana. La mujer de 34 años ha estado viniendo al Campesinos’ Garden, administrado por la Farmworker Association of Florida, durante los últimos seis meses. Y cada vez se lleva a casa unos pocos alimentos. La pequeña parcela es una fuente cada vez más vital de comida para alimentar a su familia.
Desde que se mudó a los Estados Unidos hace 16 años, Morales ha sido trabajadora agrícola en granjas y viveros locales. Acepta trabajos estacionales que le garantizan los ingresos para cuidar a sus cinco hijos, de entre 18 meses y 15 años.
Este año, recogió arándanos hasta que la temporada terminó en mayo, ganando un dólar por libra. En un buen día podía llegar a ganar 8 dólares por hora, menos del salario mínimo del Estado, que es de 12. Lo hacía trabajando bajo un calor brutal, con poca protección frente al sol, los pesticidas o los herbicidas. Con escasa agua disponible, el riesgo de deshidratación o un golpe de calor nunca estuvo lejos de su mente. Pero este es el tipo de cosas que debe soportar para asegurarse de que su familia esté alimentada. “Realmente no tengo muchas opciones”, señala.
Su esposo trabaja como techador, pero a medida que el cambio climático disminuye el rendimiento de los cultivos e intensifica el clima extremo, ha habido menos trabajo para ambos. Y batallan para cubrir el alquiler, así como la creciente factura del supermercado. “Es difícil”, dice Morales. “El calor está aumentando, pero los salarios no”. Así, el Campesinos’ Garden ayuda a cerrar la brecha entre su salario y el costo de los alimentos.
Su historia saca a relucir una crisis escondida pero creciente: aquellos que garantizan que Estados Unidos tenga alimentos están pasando hambre. Aunque nadie puede decir con certeza cuántos trabajadores agrícolas sufren inseguridad alimentaria (los estudios locales sugieren que oscila entre el 52% y el 82%), los activistas están seguros de que ese número está a la alza, impulsado en gran parte por el cambio climático.
Los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores agrícolas que son la columna vertebral de la industria agrícola estadounidense perciben uno de los salarios más bajos del país. El promedio de los hogares estadounidenses gasta más de 1.000 dólares mensuales en alimentos, una suma casi inimaginable para las familias que ganan tan solo 20.000 dólares al año, especialmente cuando los costos de los alimentos han aumentado más del 25% desde 2019. Tener que lidiar con estos crecientes costos no es un desafío exclusivo de los agricultores, pero estos trabajadores son particularmente vulnerables porque son, en gran medida, invisibles para el sistema político estadounidense.
“Cuando hablamos de las cadenas de suministro y del aumento de los precios de los alimentos, no estamos pensando en la gente que produce esos alimentos”, dijo Nezahualcoyotl Xiuhtecutli, que trabaja con la National Sustainable Agriculture Coalition para proteger a los agricultores de los riesgos ocupacionales y la explotación laboral. Pocas personas, además de los propios trabajadores, reconocen que el hambre es un problema para la comunidad, asegura, o que se ve exacerbado por el cambio climático. La disminución del rendimiento del campo que puede presentarse tras periodos de calor extremo y debido a las perturbaciones provocadas por inundaciones, huracanes u otros eventos climáticos conduce inevitablemente a menos trabajo, lo que exacerba aún más la crisis.
Tampoco existe mucha ayuda disponible. Inscribirse en los programas de asistencia federal no es una opción para aproximadamente el 40% de los trabajadores agrícolas indocumentados; incluso aquellos que tienen derecho a esa ayuda pueden mostrarse reacios a buscarla. En lugar de estos recursos, un número cada vez mayor de organizaciones está llenando los vacíos que dejan los programas gubernamentales a través de despensas, sistemas colaborativos de alimentos y huertos comunitarios por todo Estados Unidos.
“Es más fácil pretender que esas poblaciones no existen”
Históricamente, los índices de hambre entre los trabajadores agrícolas han sido peores durante el invierno debido a la estacionalidad de su trabajo. Sin embargo, el cambio climático y la inflación han hecho de la inseguridad alimentaria un problema creciente durante todo el año. En septiembre, por ejemplo, las lluvias torrenciales causaron graves inundaciones en el oeste de Massachusetts. Aquella inundación diezmó tierras de cultivo ya devastadas por una serie de tormentas.
“Afectó la capacidad de la gente de hacer dinero y luego de brindar sustento a sus familias”, explica Claudia Rosales. Como directora ejecutiva del Pioneer Valley Workers Center, Rosales lucha por ampliar la protección para los trabajadores agrícolas, una comunidad que ella conoce íntimamente. Después de emigrar desde El Salvador, pasó seis años trabajando en granjas, campos y viveros, y sabe lo que es experimentar inseguridad alimentaria. “Sé lo que es, cuánto sufre mi gente”, afirma Rosales. “No se nos reconoce como esenciales… pero sin nosotros, no habría comida en las mesas de todo este país”.
La elección imposible entre comprar alimentos o pagar otras facturas es algo que los científicos sociales han estudiado durante años. Las investigaciones muestran, por ejemplo, que las familias de bajos ingresos suelen comprar menos alimentos durante la época de frío para conservar la calefacción encendida. Pero el cambio climático ha dado lugar a una nueva área de estudio: cómo el calor extremo crea déficits calóricos y nutricionales. Un estudio de 2023 en 150 países reveló que un clima inusualmente caluroso puede, en cuestión de días, crear riesgos más altos de inseguridad alimentaria al limitar la capacidad de ganar suficiente dinero para pagar los alimentos.
Se trata de una tendencia que Parker Gilkesson Davis, analista senior de políticas que estudia las desigualdades económicas en el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro, ve escalar a nivel nacional a medida que aumentan las facturas de los servicios públicos. “Las familias definitivamente están teniendo que lidiar con la pregunta ‘¿Qué es lo que voy a pagar?”, señaló. “La gente, al final del mes, no come tanto, consume comidas improvisadas y no lo que consideramos una comida completa”.
Los programas federales como el Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP, están diseñados para ayudar en momentos como estos. Sin embargo, un estudio nacional de casi 3.700 trabajadores agrícolas halló que solo el 12,2 por ciento de ellos lo usa. Muchos agricultores no califican por su estatus migratorio, y aquellos que sí, a menudo dudan en utilizar el programa por miedo a que inscribirse pueda poner en peligro su estatus. Más aún, los trabajadores con un estatus legal temporal, como una visa de trabajo, o aquellos considerados “inmigrantes calificados”, generalmente deben esperar cinco años antes de que puedan comenzar a recibir los beneficios del SNAP. Únicamente seis estados proveen asistencia nutricional a sectores de la población como los trabajadores agrícolas indocumentados, que no son elegibles para el programa federal.
La expiración de los beneficios de la era covid y el aumento de los costos el año pasado forzaron a millones de estadounidenses a entrar en un estado de inseguridad alimentaria, pero nadie puede decir con exactitud cuántos son trabajadores agrícolas. Sin ese conocimiento, poco progreso puede generarse para abordar la crisis, dejando que la mayor parte del problema sea atendida por las organizaciones laborales y de alivio al hambre a nivel nacional.
“Mi conjetura es que sería la falta de interés o voluntad —algo así como una ignorancia deliberada— de comprender y proteger mejor a estas poblaciones”, señaló la científica social Miranda Carver Martin, quien estudia la justicia alimentaria y a los trabajadores agrícolas en la Universidad de Florida. “Parte de esto es la falta de conciencia por parte del público en general sobre las verdaderas condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores agrícolas. Y eso se correlaciona con una falta de interés o recursos disponibles para construir una base de evidencia que refleje esas preocupaciones.”
La falta de información empírica impidió que Martin y sus colegas, Amr Abd-Elrahman y Paul Monaghan, crearan una herramienta para identificar las vulnerabilidades que los trabajadores agrícolas locales experimentan antes y después de un desastre. Martin y sus colegas descubrieron que las barreras del idioma suelen impedir que los agricultores obtengan apoyo luego de un evento climático extremo. Al examinar las secuelas del huracán Idalia, encontraron casos de trabajadores agrícolas en Florida que intentaron, sin éxito, conseguir alimentos en las estaciones de emergencia: muchos de los trabajadores hablaban español y las instrucciones estaban escritas en inglés. Ella sospecha que los mismos impedimentos pueden obstaculizar los esfuerzos de aliviar el hambre después de un desastre en todo el país.
Martin también cree que se presta muy poca atención al asunto, en parte porque algunos políticos demonizan a los inmigrantes y porque la industria agrícola depende de la mano de obra barata. Es más fácil “pretender que esas poblaciones no existen”, indica. “Estas desigualdades necesitan atenderse a nivel federal. Los trabajadores agrícolas son seres humanos, y nuestra sociedad los está tratando como si no lo fueran.”
El ir y venir de la legislatura
Aunque los legisladores federales han comenzado al menos a considerar proteger a los trabajadores de la exposición al calor, hasta ahora no ha habido ningún esfuerzo legislativo o regulatorio para atender la inseguridad alimentaria entre los trabajadores agrícolas.
De hecho, los legisladores podrían estar a punto de empeorar las cosas. En mayo, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley agrícola que eliminaría al SNAP y prohibiría a los Gobiernos estatales adoptar estándares de protección que regulen la producción agrícola y el uso de pesticidas.
La inclusión de tal disposición es “decepcionante”, afirmó DeShawn Blanding, un alto representante de Washington de la Union of Concerned Scientists, una organización sin fines de lucro. Él espera que la versión que eventualmente surja del Senado, controlado por los demócratas, en donde sigue estancada, incorpore otros varios proyectos de ley destinados a proteger a los trabajadores agrícolas.
Estos proyectos de ley, presentados por el senador demócrata de California Alex Padilla, les darían a los legisladores una mayor visibilidad de las necesidades y experiencias de los agricultores. Pero el mayor beneficio podría provenir de otra propuesta que Padilla reintrodujo, la Ley de Equidad para los Trabajadores Agrícolas, que reformaría la ley de 1938 que rige las políticas de salario mínimo y tiempo extra para los agricultores, al tiempo que los exime de protecciones laborales.
Al senador le gustaría ver un camino acelerado hacia la ciudadanía de más de 5 millones de trabajadores esenciales, incluyendo a los trabajadores agrícolas, que carecen de acceso a un estatus legal permanente y beneficios de seguridad social. “A medida que los precios se incrementan, los trabajadores de bajos ingresos enfrentan mayores índices de inseguridad alimentaria”, dijo Padilla. “Pero aproximadamente la mitad de los agricultores de nuestra nación son indocumentados y no pueden acceder a estos beneficios”.
Aún así, ninguno de estos proyectos de ley aborda directamente el hambre de los agricultores. Sin un enfoque concertado, estos esfuerzos pierden el sentido, indica Mónica Ramírez. “Para mí es algo irónico. Pensarías que ese habría sido el punto de partida. ¿Qué se necesita para garantizar que las personas que nos están alimentado, que literalmente nos brindan sustento, no estén muriendo de hambre?”, se pregunta.
“Siempre es lo correcto alimentar a alguien”
Para Jesús Morales, de 68 años, el Campesinos’ Garden en Apopka es su segundo hogar. Le gusta cultivar y cosechar moringa, que se emplea en México para tratar una variedad de dolencias. Los visitantes regulares del lugar lo conocen como el “doctor de las plantas”.
“Mira alrededor. Este es el regalo de Dios”, dice Morales. Él encontró la sede de la organización estatal de agricultores por las clases gratuitas de inglés que ofrecía y luego conoció su huerto. Aunque el lugar comenzó hace una década, su propósito se ha ampliado a lo largo de los años para convertirse en una fuente de seguridad y soberanía alimentaria para los trabajadores agrícolas locales.
“Las personas que vienen a nuestro huerto comunitario, se llevan baldes cuando pueden”, dice Ernesto Ruiz, coordinador de investigación de la Farmworker Association de Florida y supervisor del jardín. “Son familias con seis hijos, y trabajan con salarios de miseria… Les encanta trabajar la tierra y aman estar allá afuera, pero la comida también es un gran incentivo para ellos”.
A lo largo de la semana, la organización sin fines de lucro distribuye lo que cosecha Ruiz. Los productos se complementan con donaciones periódicas de supermercados locales que, a menudo, Ruiz distribuye personalmente.
Pero algunos de los mismos factores que propician el hambre de los trabajadores agrícolas han comenzado a invadir el huerto. El calor abrasador del verano, así como las primaveras más cálidas, han acabado con los cultivos, incluidas varias parcelas de tomates, pimientos y melones. “Muchas plantas están muriendo porque hace mucho calor, y no estamos teniendo lluvias”, dijo Ruiz. Al huerto también le vendría bien equipo nuevo —el sistema de irrigación es manual, mientras que el desmalezador es de tercer grado y a menudo es reemplazado por un machete — y fondos para contratar a otra persona que ayude a Ruiz a aumentar la cantidad de alimentos cultivados.
La demanda va en aumento, y con ella, la presión de cumplir. La legislación federal es una gran parte de la solución, señala Ruiz, pero también lo son iniciativas comunitarias como el Campesinos’ Garden. “Haces lo correcto porque es lo correcto”, afirma. “Siempre es lo correcto alimentar a alguien. Siempre”.
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