Charo Carracedo, abogada feminista: “PP y PSOE mantienen una posición abolicionista que no se manifiesta en políticas públicas”

Charo Carracedo no creerá que existe “la intención real” de acabar con la prostitución hasta que vea que la ley abolicionista, que el Gobierno anunció que llevará a Consejo de Ministros este septiembre, llega. Quizás es porque ...

Charo Carracedo no creerá que existe “la intención real” de acabar con la prostitución hasta que vea que la ley abolicionista, que el Gobierno anunció que llevará a Consejo de Ministros este septiembre, llega. Quizás es porque esta abogada, madrileña, está en sus 68, lleva desde 1976 en el movimiento feminista, desde 2002 en la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PaP) ―de la que ahora es portavoz― y ha visto pasar casi nueve legislaturas “alternándose izquierda y derecha en el Gobierno sin que nada pase”. A esta última, con el PSOE en coalición con Sumar, aún le queda margen, pero a la pregunta de si confía en que este sea el momento, es la única vez que dice: “No contesto”.

Carracedo, al teléfono desde Villajoyosa (Alicante), es una de las ocho mujeres que, de forma más directa, redactaron hace cinco años la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), una norma que aglutinó las aportaciones de cientos de feministas de distintos ámbitos de los colectivos dentro de la PaP. En noviembre de 2020, ya acabada, quisieron entregarla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Afirma Carracedo que Iván Redondo, ya exdirector de Gabinete, les dijo que “no era competencia del presidente”. Un mes después, el 20 de diciembre, fue Irene Montero, ministra de Igualdad en esa legislatura, quien las recibió para, supone, “echarla a un cajón, porque nada más se supo”.

Pregunta. ¿Qué pasó?

Respuesta. Lo de siempre, nadie que ha pasado por el Gobierno ha puesto esto, el abolicionismo, en sus deberes de verdad. Es el cambio de paradigma que ayuda mucho a entender la ley sueca de 1999 [que prohibió la compra de servicios sexuales y despenalizó a las mujeres que la ejercían], la idea de que yo me puedo prostituir, pero tú no tienes derecho a hacer uso sexual de mí por dinero.

P. No lo ve factible en España.

R. Llevamos años intentando abrir diálogo, desde que nos integramos como plataforma no hemos parado de hacer peticiones al Gobierno de turno, a los grupos parlamentarios. Seguimos haciéndolo.

P. ¿También a Vox?

R. No, ese partido neofascista no forma parte de la interlocución para el movimiento feminista.

P. ¿Y con cuántos pudieron hablar?

R. Hasta ahora con PSOE, PP, Esquerra y EH-Bildu.

Todas las mujeres, todas, deben tener reparación del Estado

P. ¿Con qué sensación salieron de esas conversaciones?

R. PP y PSOE mantienen siempre una posición abolicionista, pero una posición de titulares, que no se manifiesta en políticas públicas. Su intención se diluye en cuanto tienen que pasar a la acción.

P. Todo esto en un contexto cambiante en la última década, pero sobre todo en los últimos cinco años, cuando la prostitución ha ido pasando en masa a Internet. ¿Qué valoración se hace desde la PaP?

R. Lluís Ballester [sociólogo e investigador en la Universidad de Islas Baleares] habla del tema de la deslocalización: la actividad económica del proxenetismo se ha desplazado en la oferta a través de las webs. Y hay también un gran desplazamiento de las mujeres a los lugares donde son demandadas: hoteles, citas, pisos. ¿Tiene dificultades? Efectivamente. Habrá que buscar la solución legislativa para actuar. Y administrativa para el cierre de las páginas.

P. ¿Han hecho cambios en estos cinco años teniendo en cuenta esta evolución?

R. No. La LOAPS marca las líneas fundamentales de cuál debe ser la política del Estado en materia de prostitución y los tres ejes principales de intervención no cambian aunque lo haya hecho la situación.

P. ¿Cuáles son?

R. Primero, reparación y protección de las mujeres en situación de prostitución con acceso a una cartera básica de recursos como una renta activa de inserción y un programa sociolaboral para que pueda iniciarse un proceso de salida. Segundo: hay que actuar sobre el proxenetismo, todos sus derivados e intermediarios, y poner freno a la normalización de esta cultura de la prostitución, hay que alentar una idea crítica y eso son políticas de prevención del Estado. Y tercero, actuación sobre los puteros.

P. En la norma no aparece ninguna alusión a algo que en el debate siempre aparece, pero que aparentemente nadie quiere tocar, la Ley de Extranjería.

R. Sabemos que la mayoría [de prostitutas] son migrantes y tiene que haber una habilitación rápida y eficiente de legalización de su situación administrativa sin requerir que colaboren con el sistema de Justicia. La LOASP habilita mecanismos para que tengan permisos de residencia y trabajo con el fin de que puedan comenzar ese proceso de salida; han de estar sujetas a los mismos derechos que las que no son migrantes; y establecemos que todas las mujeres, todas, deben tener reparación del Estado. Pero no hemos tocado la Ley de Extranjería como tal.

P. ¿Por qué?

R. Las organizaciones que integran la PaP somos de fronteras abiertas, y sabemos que es importante. Precisamente por eso creemos que sobrepasa nuestra competencia y requiere un debate en el que concurran múltiples sectores sociales, desde empresas a organizaciones humanitarias.

P. ¿Alguna otra cuestión transversal a no olvidar a la hora de legislar?

R. El desmantelamiento de la industria tiene que ser prioridad para el Ministerio del Interior, si no se habilitan recursos, tampoco sirve para nada. También tiene que haber coordinación institucional y cooperación entre administraciones: central, autonómicas y locales, todas tienen responsabilidades. Y, evidentemente, que sean políticas públicas no nominalistas, sino materiales; es decir, con presupuesto, si no, es un brindis al sol. Que esos fondos se alimenten con el decomiso a los proxenetas, y que haya responsabilidad compartida, las CC AA tienen que habilitar también recursos.

P. ¿Han hecho alguna estimación de la inversión que requeriría esta norma?

R. No, aunque estoy convencida de que costará menos que los recursos que se destinan en este ámbito a Sanidad y al desmantelamiento del sistema. El Grupo Nido (Mouvement du Nid), uno de los impulsores de la ley francesa [que siguió el modelo sueco], sacó una estimación de los gastos en sanidad pública para la atención a las personas prostituidas y lo que costaría la reincorporación de esas personas a la sociedad civil. Este último era menor.

El abolicionismo jamás autoriza la sanción a las mujeres prostituidas

P. No ha salido aún en la conversación la pornografía. En la LOASP hay una disposición adicional para modificar la ley de violencia de género de 2004 e incluirla como una de sus formas.

R. Lo es. Hay que atajar esta exhibición permanente de mujeres en las redes sociales. Suecia, por ejemplo, ya ha puesto límites a OnlyFans. [Se refiere a que desde el 1 de julio de este año es ilegal pedir y pagar por vídeos sexuales con penas de hasta un año de prisión].

P. Respecto a eso, ¿qué opina de las soluciones punitivistas? La LOASP no está, en los términos actualmente redactados, en esa posición, no modifica por ejemplo las penas elevando las ya existentes.

R. El feminismo no es punitivista. Siempre se nos acusa de ello y no está basado en la realidad. El Código Penal educa, y muy deprisa, según para quién. Si eres proxeneta y tienes un negocio dedicado a la intermediación lucrativa, no necesitas ninguna educación. Es una actividad delictiva y hay que suprimirla. Y al putero hay que mandarle un mensaje normativo, también como hizo Suecia: esta sociedad no admite que tú pienses que tienes privilegios y legitimación para hacer uso sexual de las mujeres.

P. El efecto disuasorio.

R. Es lo que tiene la norma penal: manda al grupo social la idea de que esa conducta no está bien. Y es importante, porque tú lo percibes como algo reprobable o que no es admitido en el grupo.

P. ¿Y fuera de la cuestión penal?

R. Las políticas públicas obviamente requieren de elementos complementarios que acompañen y que formen una conciencia colectiva. Para eso hace falta la participación de sectores críticos que tienen mucha importancia: prensa, radio, tele, la cultura, las aulas, la formación policial… Que se vayan creando condiciones para una nueva conciencia social. Y querría enfatizar dos cuestiones, ¿puedo?

P. Adelante.

R. Una, que el abolicionismo jamás autoriza la sanción a las mujeres prostituidas. En ninguna modalidad, ni a través de lo penal, ni multando a través de lo administrativo. Por eso nuestra ley contempla la supresión de esa parte en la Ley de Seguridad Ciudadana que tendría efecto sobre todas esas ordenanzas con las que pueden sancionar los ayuntamientos.

P. ¿Y la otra?

R. Que no se pueden hacer políticas públicas y decir que eres abolicionista cuando sigues manteniendo criterios de subvención a favor de organizaciones que promueven el “trabajo sexual” [las comillas son petición de la entrevistada para mostrar su disconformidad con ese término], como Aprosex, en Barcelona, que recibió dinero del ayuntamiento con Ada Colau, o el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) en Murcia. Estamos financiando con dinero público organizaciones que mantienen un discurso y una posición política de reivindicar la prostitución como una fiesta. No con dinero público, no con dinero de la ciudadanía.

P. ¿Espera que haya una escucha política dentro de la tramitación parlamentaria de la ley abolicionista en la que está el Gobierno?

R. No lo sé. Nosotras no vamos a parar. Lo que esperamos es un invierno agitado.