Chaves y Griñán, procesados por el ‘caso ERE’ a 25 días de las elecciones
El magistrado, que cierra la rama política de la macrocausa, acusa a Griñán de malversación
El juez Álvaro Martín ha cerrado las pesquisas de la rama política del caso ERE con un giro inesperado al procesar a los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y otros 18 ex altos cargos por prolongar la “ilicitud” del fondo de 855 millones de euros durante una década. Mientras que Chaves y siete exdirigentes se sentarán en el banquillo solo por prevaricación, Griñán y 17 ex altos cargos lo harán también por malversación continuada, un delito penado con de cuatro a ocho años de cárcel. La nueva tesis judicial provocó un seísmo en las filas del PSOE, al que el procesamiento de dos de sus referentes históricos le estalla a 25 días de las elecciones generales.
El magistrado ha concluido una investigación que ha durado cinco años y ha pasado por cuatro jueces —incluido uno del Tribunal Supremo— y que ha señalado a la cúpula del anterior Ejecutivo socialista andaluz. El procesamiento de Chaves y Griñán, dos dirigentes del PSOE que han sido, además de responsables de la Junta, ministros —Chaves incluso vicepresidente con Zapatero— y presidentes federales del partido puede dañar ahora a la formación el 26-J en su principal bastión.
El juez recupera la prosa ácida de la primera instructora, Mercedes Alaya, y traza un relato muy duro del “sistema opaco” preñado de “descontrol” para conceder 855 millones entre 2001 y 2010 desde el Gobierno autonómico. Los políticos, “concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito”, permitieron la entrega de subvenciones “con total discrecionalidad”, según el auto del juez. Sin embargo, 24 de los 50 investigados han quedado exculpados porque desconocían las tripas del sistema de ayudas. Entre ellos: los exconsejeros Martín Soler, Antonio Ávila y Manuel Recio; y el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años, respectivamente, y jubilados, se dieron de baja en el PSOE hace unos días. Ambos ya abandonaron la vida política hace un año tras su imputación por el Supremo, y ahora afrontan un futuro judicial en el que se juegan una mancha que oscurecería toda su larga carrera política. El de esta mañana es solo el primer paso de un amplio recorrido judicial con parada en la Audiencia de Sevilla, que celebrará en su día el juicio, y meta final en el Supremo tras los previsibles recursos de defensas y acusaciones.
Entre los procesados destacan el antiguo vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez —en su día vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones—, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Además, están señalados cinco ex viceconsejeros, dos ex secretarios generales, cuatro ex directores generales y otros seis ex altos cargos de la Administración, además del que fue interventor general y el jefe de los servicios jurídicos.
Tras el auto de procedimiento abreviado, las acusaciones y defensas tienen ahora 45 días para presentar sus calificaciones de delitos antes de que se celebre el juicio, previsiblemente en la primavera de 2017.
Los años decisivos de la rama política
Agosto de 2014. Tras más de tres años de instrucción, la juez Mercedes Alaya eleva la rama política del caso ERE al Tribunal Supremo al encontrar indicios que supuestamente incriminan en el fraude a siete aforados, entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En enero de 2015, también se inhibe a favor del Tribunal Superior andaluz al ver indicios contra otros cuatro diputados autónomicos y exconsejeros.
Enero de 2015. El magistrado del Supremo imputa a Griñán y Chaves y les cita a declarar el 9 y el 14 de abril, respectivamente. En sus comparecencias, ambos defienden su inocencia.
15 de junio de 2015. Griñán formaliza su renuncia a su escaño de senador del PSOE.
25 de junio. El juez del Supremo cree que Chaves y Griñán pudieron prevaricar al permitir que durante una década se concedieron ayudas a empresas mediante un sistema "claramente ilegal".
22 de junio. Alaya deja el juzgado y la sustituye María Núñez, quien da los primeros pasos para desgajar el caso, en contra del criterio que siempre defendió su antecesora.
29 de junio. Chaves renuncia a su escaño como diputado socialista. Un día después, Núñez ordena dividir en piezas el caso de los ERE.
8 de octubre. El Supremo devuelve la investigación al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras no quedar en la causa ningún aforado. El último en renunciar a su acta fue el exconsejero José Antonio Viera.
14 de diciembre. Tras apartar a la juez Alaya para mantener el caso, Núñez cede la rama política a su magistrado de apoyo, Álvaro Martín.
16 de marzo de 2016. Chaves y Griñán declaran ante el nuevo instructor y ambos vuelven a defender su inocencia.
1 de junio. El magistrado procesa a Chaves y Griñán por prevaricación. Además, acusa a Griñán y otros altos cargos de malversación, un delito que está penado con hasta ocho años de cárcel.
Para Chaves, la prevaricación administrativa no contempla pena de cárcel, sino inhabilitación para cargo público. Sin embargo, Griñán afronta una posible condena de cuatro a ocho años de cárcel. El juez le acusa de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que la Consejería de Empleo estaba otorgando “ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas”, además de “no hacer nada para evitarlo”.
El juez considera que Griñán sabía como consejero andaluz de Economía —de 2004 a 2009— que “se manipulaban los presupuestos (...) No es concebible que se mantuviese ajeno a los mecanismos” usados para pagar los ERE un año tras otro. Tanto Griñán como sus colaboradores ignoraron las alertas de la Intervención General para frenar el sistema opaco de los ERE. Y con sus decisiones propiciaron que el director de Trabajo Javier Guerrero repartiera subvenciones con total “descontrol”, añade el instructor. El juez censura la actuación de Guerrero: "Esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".
La pieza política marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa —con casi 300 imputados— y su resolución afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas —más de 200— concedidas desde 2001 por la Junta.
Alaya señaló a los principales líderes del Gobierno andaluz como responsables ya en 2012, y posteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió su tesis de la prevaricación, pero descartó la malversación. Más tarde, el caso regresó a finales de 2015 a Sevilla tras perder los expresidentes su aforamiento en el Congreso y el Senado, y la juez María Núñez compartió brevemente este criterio hasta que varios meses después designó a Martín, su juez de refuerzo, al frente de la pieza clave de la macrocausa.
El momento elegido por el instructor para cerrar sus pesquisas rompe la ley no escrita según la cual los jueces aparcan los procesos de tinte político en tiempo electoral. Pero desde que asumió la causa en diciembre, las elecciones han dejado a Martín pocas opciones para ello, ya que un retraso habría llevado el cierre de la instrucción al verano, lo que habría coincidido con las conversaciones para el nuevo Gobierno.
Durante cinco años, Alaya hizo coincidir sus autos más explosivos con momentos clave de la política andaluza. Esta mañana, en plena precampaña del 26-J, la maldición de los tiempos en el caso volvió a afectar de lleno al PSOE.
Baja voluntaria en el PSOE mientras la acusación se agrava
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, históricos dirigentes del PSOE, presentaron su baja voluntaria del partido días antes de que ayer se hiciese público el auto que los procesa por el caso de los ERE. Chaves afirmó que se adelantó en cuanto tuvo conocimiento de la decisión inminente que tomaría el juez, pese a que el PSOE explicó que ninguno de los investigados tenía que presentar su renuncia a la militancia hasta la apertura efectiva de juicio oral, que será el siguiente paso procesal.
La dirección socialista calificó de “generosa” la decisión de ambos, ya que evitan la utilización política de su militancia en la campaña del 26-J.
El caso ERE se escoró ayer varios grados hacia la tesis más inculpatoria. José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos de la Junta afrontan una acusación por malversación continuada, penada con entre cuatro y ocho años de cárcel. Este paso que acerca la posibilidad de ver en la cárcel a un símbolo del PSOE —ha sido presidente federal del partido, ministro, presidente de la Junta, diputado y senador— ha dejado perplejos a los juristas expertos del caso y a los políticos, sobre todo de la cúpula socialista.
Hace un año, el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro inculpó a ambos por prevaricación administrativa, pero los eximió de malversación. Es decir, los hacía conocedores de que el sistema de los ERE era “claramente ilegal”, pero no de que estaba destinado “al lucro ilícito de terceras personas”.
Ahora, el juez Álvaro Martín cree que Griñán, cuatro exconsejeros y 13 ex altos cargos estaban al corriente de que los presupuestos “se manipulaban” para mantener la “total perversión del sistema”.
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