Chaves y Griñán comparecen el 16 de marzo ante el juez como investigados

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán comparecerán como investigados (nueva denominación de imputados) ante el juez instructor del caso de los ERE fraudulentos, Álvaro Martín, el próximo 16 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción pidió su declaración en la rama política del caso, y estas serán consecutivas con una hora de diferencia, a las 10.00 y las 11.00. A continuación, declarará ante el magistrado el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

Dos semanas después, el 30 de marzo, el juez oirá como imputados al exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. Los seis antiguos altos cargos del Gobierno andaluz declaran por primera vez en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla después de que la causa que afectaba a los aforados regresara desde el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras perder todos ellos el aforamiento al no ser diputados ni senadores.

El magistrado, que instruye las primeras seis piezas tras la división del caso, cita a los excargos investigados por malversación y prevaricación "para garantizar suficientemente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes", según una providencia del pasado viernes. Esa misma mañana la defensa de Griñán había presentado un escrito para evitar repetir su declaración en sede judicial: "A lo único que conduciría su nueva citación es a un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme a mi representado".

Chaves y Griñán comparecen el 16 de marzo ante el juez como investigados

Esta investigación afecta a 51 ex altos cargos de varias consejerías, la Intervención General y los servicios jurídicos, y será probablemente la primera cuyo juicio se celebre. Y su resultado será fundamental porque afectará a cada una de las piezas formadas en esta macrocausa que acumula 275 investigados.

La rama política de los ERE investiga si la cúpula de la Junta andaluza diseñó un plan para desviar fondos públicos mediante un sistema ilegal a través de las transferencias de financiación. La juez Mercedes Alaya acusó a los máximos dirigentes del Ejecutivo autonómico de malversación y prevaricación. Sin embargo, el Supremo rebajó la acusación y solo consideró que podrían haber cometido una prevaricación por su gestión del fondo de los ERE, que contó con 855 millones entre 2001 y 2010.