“La Iglesia nos ha vendido”

Cuando Marcial Sinforiano y Pilar se mudaron a su actual casa, la misma que tendrán que abandonar por orden judicial el 23 de mayo, aún faltaban diez años para que el hombre pisara la Luna. Hasta entonces habían vivido, junto al padre de Pilar, sus seis primeros hijos y unas cuantas cabras, en una casa que tenía una sola habitación sin baño junto a las salinas donde trabajaba Marcial. Eran tiempos duros en Lanzarote: no había agua corriente, no tenían luz eléctrica y había poco que comer.

Domingo Valenciano, que hoy, como Marcial, tiene 90 años, pertenecía entonces a los Cursillistas de la Cristiandad. En 1959 decidieron construir seis viviendas en Argana Alta (Arrecife) y ponerlas a disposición de la parroquia para alojar a familias necesitadas. “Se construyeron como se construía en aquella época, entre todos: pedíamos los materiales a las empresas y trabajábamos los fines de semana”, recuerda. Las casas se levantaron en la décima parte de una hectárea de terreno que había comprado la Diócesis de Canarias a Leopoldo Díaz por 2.500 pesetas, muy por debajo de su valor real. Fue otro cursillista, Félix Cabrera, el que les prometió que una sería para ellos cuando vio que los seis hijos de Marcial y Pilar dormían todos juntos en el mismo colchón en el suelo.

En 2006 el nuevo párroco les dijo que se iba a vender el terreno

El 7 de diciembre de 1959 firmaron el contrato con el párroco de San Ginés, Lorenzo Aguiar, en el que se especifica que se trata de una cesión gratuita que terminará cuando el matrimonio “no tenga ya la grave necesidad causante de esta cesión o exista persona o familia con mayor grado de necesidad que con perentoriedad precise alojamiento. (...) Este juicio será personal y privativo del reverendo padre Aguiar”, estipula el contrato.

Durante los 46 años siguientes nadie les dijo que tuvieran que marcharse y la Iglesia les hizo, en los años setenta, como a los otros cinco inquilinos, unos contratos para poder obtener los servicios de luz y agua. Marcial y Pilar tuvieron tres hijos más, arreglaron y ampliaron la casa, hicieron un corral, donde aún tienen una cabra “que da cinco litros de leche al día”, una cocina, un baño, dos habitaciones y una segunda planta. “He puesto yo aquí más de lo que valía”, dice Pilar.

En el año 2006 apareció por allí el nuevo párroco de San Ginés, Antonio Perera. “Nos dijo que si nos importaba hacer una reunión con los otros vecinos en nuestra casa y yo le dije que no había problema”, cuenta Pilar. “Se les dijo que se iba a proceder a una venta —dice Perera por teléfono desde Gran Canaria— y se les dieron tres opciones: que devolvieran la casa, que era lo más lógico, que compraran o que se fueran a vivir a otra vivienda en usufructo”. El cura reconoce que “no fue una cosa muy agradable” y asegura que la venta estaba condicionada a que el comprador ofreciera una vivienda a los inquilinos, pero se niega a decir para qué quería la Iglesia los 360.607 euros que obtuvo por la venta: “No tengo por qué informar, había una razón seria y se hizo. Es una decisión que se piensa muy bien y se equilibra”.

Les dimos opciones: devolver la casa, comprar o mudarse en usufructo”

No fue, efectivamente, una decisión precipitada. La Iglesia vendió las casas a la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco, que explota un taller y un concesionario, en 2006, pero un año antes el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y el Colegio de Consultores ya habían decidido hacer una segregación valorando el terreno en el precio exacto por el que se hizo después la venta, y facultar al párroco para la enajenación de esos 750 metros cuadrados. La Iglesia y la empresa de camiones ya habían hecho negocios antes. En 2001 le había vendido otros 4.000 metros cuadrados de la misma finca.

Juan Antonio Rivera no ha querido hablar para este reportaje, pero la oferta de realojo la resume Pilar así: “Vino un señor y nos dijo que si conseguíamos un solar nos fabricaba una casa, y nada más; no le hemos vuelto a ver, ni a él ni al cura”. Ninguno de los inquilinos quiso irse y todos niegan que se les hiciera una oferta en serio, aunque Antonio Perera dice que “las cosas no se hicieron para perjudicar a nadie” y que no querían llegar “a lo que ellos nos obligaron a llegar”.

La empresa de camiones envió a todos los vecinos una orden de desalojo y ante la negativa optó finalmente por intentar el desahucio por vía judicial. Durante varios años los vecinos mantuvieron colgada una pancarta que decía: “La Iglesia nos ha vendido”. Hoy, de las seis casas, solo quedan cuatro en pie. Dos las derribaron y el resto recurrió en los tribunales. La Audiencia provincial de Las Palmas ha dictado dos sentencias favorables a los vecinos y otras dos favorables a la empresa. Marcial y Pilar habían ganado en primera instancia pero perdieron después y se les pasó el plazo para recurrir al Tribunal Supremo. El Juzgado número 4 de Arrecife fijó la fecha del desahucio el 21 de marzo, aunque ha otorgado una prórroga de dos meses. Su vecino, Luis Manuel Torres, de 56 años, en paro y enfermo, tendrá que dejar su casa, la que le concedieron a sus padres, el 11 de abril.

Cobro una pensión de 800 euros. Si debo pagar una vivienda, ¿con qué como?"

Pilar todavía confía en no tener que abandonar la vivienda: “Si me tengo que ir, me voy, pero no quiero, yo estoy fundada en Andrés”, dice. Andrés Medina es el expresidente de la asociación de vecinos del barrio, que se ha volcado en ayudarles y ha llegado incluso a escribir dos cartas al Papa Francisco denunciando la especulación de la Iglesia y el escaso apoyo legal que han tenido. “El abogado de oficio que tenían dejó de ejercer poco antes de que se dictara la sentencia, y no se enteraron, y después han tenido tres abogados en un mes y medio: el primero pidió un aplazamiento del desahucio fuera de plazo y el segundo renunció”, dice. Ahora cuentan también con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lanzarote, que asegura que no van a permitir que les echen de su casa. “Lo que está claro es que la venta ya estaba decidida antes de saber cómo se encontraban estas personas o si querían irse”, dice Medina, que además ha denunciado a la empresa compradora varias veces por diversas irregularidades. El Ayuntamiento decretó hace un año y medio la clausura del taller, pero no la ha hecho efectiva.

Marcial, que es hombre de pocas palabras, cobra 800 euros de pensión, pero dice que tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono y las medicinas. “Si me tengo que pagar una casa, ¿con qué como?”, pregunta mientras se levanta para mostrar la bolsa donde guarda todas las pastillas que se toma cada día, para la circulación, para el riñón, para el corazón... Pilar también se levanta. Tiene cita con el médico. La lleva Andrés porque le cuesta caminar, tienes mareos y no puede dormir: “Ya ni sé lo que digo, se me está yendo la cabeza”, dice y se echa a llorar.