Hace falta un nuevo Fondo de Estabilidad Financiera
Una organización con objetivos a largo plazo independiente en su ejecución de los gobiernos es la mejor defensa de los intereses de todos los ciudadanos
El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este miércoles, que, como escribió este periódico, “permitirá a Sánchez reactivar la negociación con Junts y ERC, que reclaman el cumplimiento de compromisos”, en particular, el problema de ...
El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este miércoles, que, como escribió este periódico, “permitirá a Sánchez reactivar la negociación con Junts y ERC, que reclaman el cumplimiento de compromisos”, en particular, el problema de la quita de la deuda de la Generalitat, pactada entre el PSC y ERC de acuerdo con La Moncloa, para garantizar el nombramiento de Salvador Illa como president de la Generalitat y que ya formaba parte del pacto con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.
¿Puede el CPFF resolver el problema? Si contamos por el número de comunidades autónomas que tiene garantizadas Sánchez o por su población, la respuesta es no, dado que la quita de la Generalitat no desaparece: se transforma en un incremento de la deuda de todos los españoles (o en un aumento equivalente de su carga fiscal). Es decir, el problema de la quita de Sánchez e Illa se convierte en un gran problema político para la Generalitat y para el Gobierno de España. Pero puede ser que Sánchez tenga razón… Vamos por partes: en que los 15.700 millones de euros son impagados de la crisis seguramente hay algo de verdad, pero es una verdad envenenada, porque solo lo han dicho y propuesto el PSOE y el PSC cuando ha sido necesario para ganar sus respectivos gobiernos. Sin embargo, dada la forma algo kafkiana en que se vota en el CPFF y, en particular, la promesa de una quita generalizada, es muy posible que la quita de la Generalitat salga adelante. ¿Realmente resuelve esto el problema? No; como pasa con la energía, otra vez solo se transforma. En este caso el problema es del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). ¿Qué van a hacer las comunidades en el futuro cuando se les diga que no se endeuden, como la UE exige?
El FLA, creado en julio de 2012 para ayudar a las comunidades autónomas que durante la crisis del euro tenían dificultades para acceder a los mercados financieros, fue una buena idea para España, como lo fue para la eurozona la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) en octubre de 2012 con el mismo objetivo para los países miembros de la UE. Sin embargo, el FLA nunca ha llegado a ser un mecanismo con normas que regulen deudas y pagos. El Mede las tiene y, aunque se podrían mejorar, le impiden actuar como lo hace el FLA, como un instrumento que el ministro de Hacienda puede utilizar a su antojo o de su Gobierno. Lo de la quita generalizada a cambio de votos es la expresión definitiva de que el problema no es del FLA, sino que el problema es el propio FLA, que ha acabado siendo un mecanismo de trueque en un entorno en que la instrumentalización partidista de las políticas e instituciones democráticas se acepta como algo normal.
En el caso de las políticas territoriales, llueve sobre mojado. Por mucho que se hable de pactos territoriales, de la reforma de su financiación, y que se convoque el CPFF, ninguno de estos instrumentos va a resolver este doble problema de inconsistencia temporal partidista. Partidista, porque no se trata del bienestar de los españoles independientemente de la comunidad en que residan, sino de los intereses de los partidos (o de su líder). Inconsistencia temporal, porque ni siquiera defienden sus intereses a largo plazo, sino sus intereses en el corto plazo de los Presupuestos, de la legislatura o de las próximas elecciones.
El problema de la inconsistencia temporal en política económica es bien conocido y entendido. Edward Prescott y Finn Kydland obtuvieron el Nobel de Economía en 2004 en parte por su análisis: un Gobierno que defiende los intereses de sus ciudadanos, al hacerlo a corto plazo (indemnizar a los ayuntamientos cuyo torrente lleno de coches se ha desbordado por la dana) puede estar en contradicción con sus intereses a largo plazo (que desaparezcan los torrentes-parking). Sin embargo, los agentes racionales responden a las políticas que se hacen, no a las que se anuncian (a los pocos años de la dana, los torrentes-parking reaparecen; un ejemplo así es el que utilizaron en su artículo original). Ellos no fueron los primeros Nobel que hablaron de “reglas en vez de discreción” (rules rather than discretion). Milton Friedman ya lo mencionó es su famoso Un programa de estabilidad monetaria en 1960. Según él, la política monetaria solo debía perseguir los objetivos a largo plazo —en particular, la estabilidad de precios—, no tanto por una cuestión de incentivos, sino porque la política del banco central debía coordinar las expectativas de todos los agentes económicos y, como el navegante que define el puerto a que finalmente quiere llegar, lo mejor son los objetivos a largo plazo. Es decir, todos coinciden en el qué. Prescott y Kydland también señalan el cómo.
Nada es infalible, pero una organización con objetivos a largo plazo independiente en su ejecución de los gobiernos —pero responsable frente a los parlamentos— es, según la teoría económica, la mejor defensa de los intereses de todos los ciudadanos. De hecho, esto es lo que se ha realizado en política monetaria, dotando a los bancos centrales de independencia para implementar la política con un mandato claro: la estabilidad de los precios y el Banco Central Europeo son un buen ejemplo.
Cerrar el FLA y crear un Fondo de Estabilidad Financiera (FEF) bien diseñado para gestionar sus deudas podría ser un excelente primer paso por dos razones. Primero, porque los bancos centrales son los guardianes de un activo muy importante del país o unión: su moneda. Aquí estamos hablando de las deudas de las comunidades. ¿Cuál es el valor de la deuda de un país? El valor presente de sus excedentes fiscales futuros (sus ahorros, con los que se deberá pagar) y con esto no se juega. Mejor que tenga un guardián y, mucho más cuando, en el caso de las comunidades autónomas, estos excedentes dependen de los flujos con el Estado o, como es normal, el Estado garantiza sus deudas (y entonces es el valor de una parte de los excedentes futuros del Estado). Es decir, el FEF deberá supervisar estos flujos fiscales y predecir los futuros. Segundo, haciéndolo con profesionalidad y transparencia, estará preparado para ser el guardián de los flujos fiscales territoriales —el activo de las políticas territoriales— y se podrá hacer una reforma creíble de su financiación. No hay mayor riesgo en una sociedad que perder la confianza.