Precariedad en la Administración

La temporalidad laboral, y la precariedad que de ella se deriva, han sido desde siempre una de las lacras de la economía española. Los esfuerzos para reducirla en el sector privado a través de la reforma laboral de 2021 han tenido, con las cifras en la mano, un notable éxito: en el primer trimestre, la temporalidad llegó al 12,3%, el mínimo registrado. Pero este logro no se ha extendido al sector público, donde tres de cada 10 trabajadores son temporales, con especial incidencia en la administración autonómica y local. El objetivo del Gobierno central de llegar a una tasa de temporalidad del 8% antes de final de año quedará muy lejos de cumplirse.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido en varias ocasiones (la última, la semana pasada) en la necesidad de resolver este problema, que tiene a más de un millón de trabajadores entre todas las administraciones en la constante incertidumbre sobre el futuro de su empleo.

El Gobierno central lleva dos años de oferta de empleo récord para la Administración General del Estado, justicia, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, con 39.000 plazas el año pasado y las 40.000 anunciadas este mismo miércoles. La Administración central registra una temporalidad del 5%. Pero España está pagando aún las consecuencias de la austeridad aplicada durante la crisis de 2011, que durante varios años impidió que los funcionarios que se jubilasen o pasasen al sector privado fuesen reemplazados. El déficit acumulado, sumado a la eliminación de cualquier oferta pública de empleo, llevó a las administraciones a abusar de las figuras legales temporales simplemente para mantener funcionando los engranajes del Estado, y en especial los del Estado de bienestar.

Así, la cifra de temporalidad es notable en las comunidades autónomas (alrededor del 45% de media), las que más han aumentado en personal en la última década porque de ellas dependen asuntos directamente relacionados con la calidad de vida, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. En la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Canarias, más de la mitad de los trabajadores públicos no son funcionarios. En esta última, casi tres de cada cuatro empleados de la sanidad son temporales.

Algunos casos son tan sangrantes que la justicia española se ha visto obligada a intervenir reconociendo situaciones sobrevenidas como la del “indefinido no fijo”, una terminología que, aparte de ser contradictoria, muestra cómo la precariedad se ha petrificado.

En los últimos años, el Gobierno y los sindicatos han acordado procedimientos de estabilización para intentar llevar por los cauces de la legalidad los casos más extendidos. Sin embargo, y aunque algunos de estos procesos han prescindido del examen de oposición por mera conveniencia, el ritmo de su puesta en práctica está lejos del necesario. De las cerca de 600.000 plazas ofertadas de esta manera desde 2022 para todas las administraciones, solo 225.000 tienen hoy a una persona en el puesto.

Es evidente que el empleo en la Administración no puede cubrirse de cualquier manera. Pero gran parte de los problemas que la ciudadanía ve en sectores como la sanidad, la educación y la justicia pueden explicarse porque no hay personal para resolverlos. Y, lo que es peor: las administraciones han aprendido a apreciar la conveniencia del trabajo precario, más barato, menos reivindicativo y que, en ciertos casos, se puede usar como herramienta política.

Las administraciones públicas son la piedra angular sobre la que se edifica una economía funcional. España necesita un sector público a la altura de sus ambiciones como país y es necesario redoblar los esfuerzos para compensar una década de retraso.