¿Cataluña ante una nueva etapa?
Pensar que las cosas se resuelven sin hacer nada resulta irresponsable y daña a nuestro sistema democrático. Seguramente, la pérdida drástica de confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones derive de la incapacidad de buscar soluciones a los problemas
¿Cataluña está en una nueva etapa política? ¿El procés se ha acabado? Este es el debate. Y es evidente que la salida de Junts del Govern deja el Ejecutivo de Pere Aragonès en una notable fragilidad en términos de mayorías parlamentarias y con ...
¿Cataluña está en una nueva etapa política? ¿El procés se ha acabado? Este es el debate. Y es evidente que la salida de Junts del Govern deja el Ejecutivo de Pere Aragonès en una notable fragilidad en términos de mayorías parlamentarias y con interrogantes acerca del Presupuesto de 2023 y de la viabilidad política de la legislatura. Veremos.
Hay un cierto consenso en asumir que en 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut aprobado en referéndum inauguró una nueva etapa política en Cataluña. Forzó a los actores políticos a posicionarse de manera más rotunda ante los clivajes tradicionales que explicaban las afinidades partidistas en Cataluña (izquierda-derecha y centro-periferia); generó cambios profundos en el sistema de partidos con la irrupción, escisión y desaparición (o autodestrucción en el caso de CiU) de nuevos actores; el català emprenyat y la desafección de la que advirtió el president Montilla inauguró un ciclo de polarización política que ha llegado hasta hoy. El centro político, la sociovergencia, empezó a temblar hasta desvanecerse por completo. La alternativa la tomó el activismo disfrazado de política parlamentaria con la connivencia de los camaleones, vieja tipología de políticos dispuestos a adaptarse a todo con tal de mantenerse en el poder.
Entre 2010 y 2022, Cataluña ha vivido la irrupción de nuevos actores políticos, tales como una nueva sociedad civil politizada, o de mecanismos transformadores de la relación entre ciudadano y político. La irrupción con fuerza de las herramientas digitales y la concesión por parte de la ciudadanía de un rol de confianza relevante a la sociedad civil politizada puedan explicar muchos de los acontecimientos políticos vividos hasta ahora. Las motivaciones políticas de la salida de Junts del Govern se tienen que analizar también desde esta perspectiva.
ERC ha decidido romper con la dinámica de unidad de los partidos independentistas, un mantra que Mas, Puigdemont y las entidades independentistas consiguieron fijar como marco político preeminente entre 2012 y 2017. La decisión de Junts le permite a ERC jugar a fondo el papel de partido hegemónico de los independentistas en Cataluña, emulando al SNP escocés. El plantón de Aragonès y ERC a la ANC por la Diada, los fichajes de consellers procedentes de otras familias políticas como Campuzano, Nadal y Ubasart o el discurso de los republicanos de ensanchar la base social del independentismo no hacen más que refrendar esta estrategia. Aun así, el clásico triangulo tripartito de izquierdas que algunos analistas dan por hecho emulando tiempos pasados (Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) presenta a nuestro juicio una debilidad en su tesis: asumir que ERC contará con el apoyo del PSC en el Parlament supondría asumir que ERC acepta que Junts arme desde la oposición el discurso del purismo independentista, donde Junqueras regala sus votos a Sánchez a cambio de nada y Puigdemont, Borràs y Turull se convierten en los baluartes del 1-O defendiendo “no vender su coherencia política por cuatro coches oficiales” y abanderando el “no a todo” en las Cortes Generales. Aunque las geometrías parlamentarias son siempre caprichosas y todo puede ocurrir, no den por hecho que vuelvan los tripartitos estables en el tramo final de la legislatura, al menos hasta las elecciones municipales. Esto supondrá que el precio a pagar por el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC a sus cuentas para 2023 sea elevado. Mientras, Salvador Illa y los suyos trabajan para convertirse en alternativa amplia y erigirse como el relevo tranquilo en la Generalitat después de años de desgobierno de ERC y Junts.
Algo tiene que quedar claro: Junts no es Convergència. Y menos Convergència i Unió. Otra cosa es aceptar una realidad, que es que una parte del espacio electoral de la CDC de Mas transitó hacia el independentismo primero buscando los apoyos de ERC (2012-2015) y después bajo la plena convicción independentista de Carles Puigdemont. Y ya se sabe que, como en política el espacio vacío no existe, el trasvase del espacio electoral conllevó el trasvase de cuadros de partido y del sottogoverno. Esto permite que Junts, aunque algunos lo reivindiquen como un movimiento más que un partido, acoja en su seno a personas de muchas procedencias ideológicas y políticas que encuentran su punto de anclaje en la reivindicación del episodio del 1 de octubre de 2017. Pero precisamente su aparente fortaleza de transversalidad se ha convertido en su gran debilidad: buena parte de los cuadros procedentes de Convergència que aceptaron el apoyo del PP al primer Gobierno de Artur Mas; que renunciaron a su esencia ideológica ante la subida a 21 escaños en 2012 de ERC; que forzaron el estropicio de CiU en 2014; que aceptaron el paso al lado de Mas a exigencias de la CUP en 2016; que rompieron con el equilibro entre el principio democrático y el principio de legalidad en 2017; que se pusieron bajo las órdenes de Quim Torra pidiendo a los CDR que “apretaran”; que consideraron en 2020 que podían convivir en un mismo partido con el activismo antipolítico de algunos sectores de Junts… han sido desalojados del Govern. Aunque proliferan los rifirrafes y las batallas internas, todo parece indicar que Junts se mantendrá unido hasta las municipales. En función de los resultados, la pulsión más antipolítica de Junts podría sumarse al mainstream de ANC, que defiende una lista cívica en las próximas elecciones al Parlament. En esta coyuntura hay que tener en cuenta el papel del Consell per la República que dirige Carles Puigdemont desde Bruselas. Otros podrían optar por forzar la emergencia de nuevos liderazgos, pues Laura Borràs está pendiente de juicio y Jordi Turull inhabilitado. Ya se está librando la batalla por el futuro liderazgo electoral de Junts. Y no es pacífica.
Finalmente, es muy probable que se corrija en los próximos meses la anomalía que supone la falta de una oferta política y electoral de índole catalanista y centrada, que sea alternativa de gobierno y con vocación de influencia política en las Cortes Generales. Es posible que el PNV no se sienta tan solo en Madrid en la próxima legislatura. Después de algunos vaivenes entre los fragmentados herederos de CiU, algo con sentido parece moverse pensando en una candidatura catalanista para las próximas elecciones generales. Paso a paso.
¿El procés ha acabado? Seguramente sí. ¿Lo que algunos llaman “el problema catalán” ha acabado? Rotundamente no. Visto el impacto de la política catalana en la política española, harán bien los responsables políticos en formular soluciones realistas, estructurales y convincentes para la sociedad catalana. Pensar que las cosas se solucionan sin hacer nada es irresponsable y daña a nuestro sistema democrático. Seguramente, la pérdida drástica de confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones sea una consecuencia de la incapacidad de buscar soluciones a los problemas. La desafección política y la pérdida de confianza son un serio aviso que convendría tener en cuenta. Nos jugamos la calidad de nuestra democracia. Aviso para navegantes.