El error de excluir el castellano

Si nadie lo remedia, en ningún colegio de Cataluña sufragado con fondos públicos se impartirá un 25% de clases en castellano este curso. Es lo que ha prometido el consejero de Educación de la Generalitat. Las familias que pedían que sus hijos recibieran unas horas de clase a la semana en la lengua oficial de todo el Estado y la lengua materna de la mayoría de los catalanes ganaron en los tribunales. Pero, como han explicado Rafael Arenas y Joaquim Coll, los nacionalistas lograro...

Si nadie lo remedia, en ningún colegio de Cataluña sufragado con fondos públicos se impartirá un 25% de clases en castellano este curso. Es lo que ha prometido el consejero de Educación de la Generalitat. Las familias que pedían que sus hijos recibieran unas horas de clase a la semana en la lengua oficial de todo el Estado y la lengua materna de la mayoría de los catalanes ganaron en los tribunales. Pero, como han explicado Rafael Arenas y Joaquim Coll, los nacionalistas lograron hacer imposible la aplicación de la sentencia con una nueva ley que rechazaba el uso de porcentajes en la distribución de lenguas (aunque la Generalitat quiere que el 80% de las asignaturas en la Universidad sean en catalán). En palabras de Coll, el peligro es “que se produzca un retroceso sustancial en relación con un pleito en el que están en juego derechos fundamentales”. Han contribuido la inacción del Ministerio de Educación y de la Fiscalía, el apoyo del PSC y En Comú Podem a las políticas lingüísticas nacionalistas, la rendición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la inhibición del Gobierno. Escuela de Todos ha convocado este domingo en Barcelona una manifestación para protestar contra la exclusión del castellano. La situación es paradójica. Como ha escrito Alberto Penadés, una Cataluña independiente no podría mantener las políticas lingüísticas actuales a no ser que eligiera seguir el modelo de Visegrado o algo similar. Solo puede realizarlas gracias a la inhibición del Gobierno central: es decir, al desamparo de los ciudadanos. Familias y organizaciones como Asamblea por una Escuela Bilingüe recurren a los tribunales: cualquiera diría que para que te reconozcan como interlocutor es más eficaz romper la ley que reclamar su cumplimiento. No ayuda que sea un problema de pobres: muchos nacionalistas llevan a sus hijos a colegios privados plurilingües y muchos castellanoparlantes que se lo pueden permitir escogen la educación privada.

Este año España es el país invitado en la Feria del Libro de Fráncfort. El 25% de los autores que presenta España escriben en lenguas cooficiales. Hace unos años la invitada fue Cataluña y solo viajaron autores que escribían en catalán. En un sitio los porcentajes valen; en otros no. En un lugar, reivindicamos la diversidad; en otro, nos incomoda. Es un error, y cada vez será más evidente: los defensores de la exclusión del castellano, y los que prefieren mirar para otro lado, descubrirán que esa política cerril y el desprecio sistemático a los derechos de los ciudadanos ni siquiera sirvieron para ayudar al catalán.