Cataluña: minuto y resultado

La pasada semana hemos conocido tres importantes noticias que ayudan a rastrear la evolución del contencioso catalán, tanto por su relación con el conjunto del contexto español, como en referencia a la situación política interna catalana.

La primera es la reunión de la mesa de diálogo, de la cual han salido acuerdos en torno a la desjudicialización del procés, y a la implementación de mejoras en la defensa y promoción de la lengua cat...

La pasada semana hemos conocido tres importantes noticias que ayudan a rastrear la evolución del contencioso catalán, tanto por su relación con el conjunto del contexto español, como en referencia a la situación política interna catalana.

La primera es la reunión de la mesa de diálogo, de la cual han salido acuerdos en torno a la desjudicialización del procés, y a la implementación de mejoras en la defensa y promoción de la lengua catalana, dos carpetas extremadamente importantes. La normalización de las relaciones institucionales —que de hecho ha ido avanzando a lo largo de todos estos meses a pesar de los obstáculos más difíciles de obviar, como el caso Pegasus— no podrá completarse del todo hasta que no se encuentre una solución viable para las personas que siguen encausadas por hechos vinculados al procés. No se trata —tal y como vienen repitiendo desde posiciones diferentes los independentistas más encendidos y la derecha política y mediática para erosionar al Gobierno de coalición progresista—, de decretar una amnistía, pero sí de poner en la agenda los cambios legislativos que, mientras rediseñen algunas previsiones legislativas en línea con lo que está previsto en otros países europeos, puedan acabar teniendo impactos en las causas abiertas. Por otro lado, los acuerdos en torno a la lengua tocan uno de los elementos a la vez concretos y simbólicos que están en el trasfondo de las convulsiones de los últimos años. No solo, o no tanto, por el contencioso en torno a la lengua vehicular de la escuela que se pretende atajar definitivamente, sino porque la reclamación de una traducción práctica de la previsión constitucional de defensa y promoción de las lenguas cooficiales por parte del Estado (en las Cámaras legislativas y también en los organismos internacionales, incluida la UE), aparte de ser de justicia, ya que reflejará la realidad del país en su diversidad, ayudará, más de lo que se pueda imaginar, a una percepción distinta de sectores importantes de la sociedad catalana sobre el respeto de su identidad cultural.

La segunda noticia importante es la que atañe a la vicisitud de Laura Borràs, que ha dejado su función de presidenta del Parlament de Cataluña, en aplicación de un artículo del reglamento de la Cámara que prevé la suspensión automática en el momento en que se abra un juicio oral por una imputación por delitos vinculados a la corrupción. En su caso, concretamente, por el fraccionamiento fraudulento de contratos en su etapa al frente del Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Evidentemente, se puede debatir en torno a hasta qué punto el citado artículo (introducido en 2017 con el aval del partido de la misma Borràs), sea garantista con respeto a la presunción de inocencia de los diputados y las diputadas. Sin embargo, aquí lo que parece relevante es que la durísima campaña de Borràs y sus seguidores (especialmente en redes) para presentar su caso como una persecución política por su condición de líder carismática de un sector independentista a la hora de la verdad no ha surtido efecto. La decisión de suspender a la presidenta ha sido avalada en la mesa del Parlament por los representantes de ERC, de la CUP y del PSC. Y, algunos dirigentes importantes de Junts per Cat, a pesar de que el partido ha manifestado su apoyo aparentemente unánime a la dirigente independentista, han sugerido, aunque fuera con la boca pequeña, que hubiera sido mucho mejor que la propia Borrás diera un paso atrás para no desgastar a las instituciones. Todo ello muestra dos cosas. La primera es que ni ERC ni la CUP ya están dispuestos, en aras de una pretendida unidad y so pena un linchamiento tuitero, a reírle todas las gracias a los sectores más integristas y desaforados (e incluso un tanto freak) de un cierto trumpismo nacionalista que campa en los alrededores y dentro de Junts. Y aquí va el segundo elemento: la derrota de Borràs se fragua también dentro de su mismo partido, primero en el congreso celebrado ahora hace pocas semanas (en el que los candidatos más afines a Jordi Turull han desbancado a los “independientes” capitaneados por la ya expresidenta), y después con la decisión por parte de la dirección de que la suspensión de Borràs no implicaría la ruptura de la coalición con ERC. Esto último habla de una reconfiguración del espacio de Junts que apunta más a la tradición convergente que a las retóricas revolucionarias octubrinas. Habrá concesiones narrativas barricaderas y esencialistas (éstas últimas ya presentes en el pujolismo) pero se recuperará una propuesta política que apele a los sectores moderados y conservadores y promocione perfiles solventes en la gestión, como la consellera de Exterior, Victòria Alsina, o el de Economía, Jaume Giró.

La tercera noticia es el sondeo del CEO (el CIS catalán): mínimo histórico de los favorables a la independencia, consenso a los partidos que han protagonizado la apuesta por el diálogo y repunte del PP. Muchos elementos apuntan a que el ciclo que viene será muy diferente.