Interoceánico: Sheinbaum contra sus fantasmas en 2026
La tragedia del tren ocurre justo cuando se asomaba una oportunidad de hacer desde Palacio Nacional cosas que no remitieran a problemas del anterior sexenio


Si Dios elige a sus mejores guerreros para las más duras batallas, Claudia Sheinbaum ya sabe que la divinidad le puso una primera gran prueba para el año que está por comenzar. Ha de desentrañar las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y prevenir una nueva tragedia. Y para ello, cueste lo que cueste políticamente, ha de enfrentar a varios de sus fantasmas.
Porque la tarea de esclarecer la causa de la muerte de 13 personas y hacerles justicia, está lejos de ser convencional.
No estamos ante la obligación elemental de una gobernante con respecto a evaluar qué fue lo que resultó terriblemente mal en ese corredor ferroviario el domingo para que sucediera el percance que se ha cobrado la vida de trece personas, entre ellas mujeres y menores de edad.
Porque el descarrilamiento, además de una tragedia para familias que desde ese día velan a muertos o cuidan a convalecientes, representa un enorme manchón a la imagen del sexenio anterior, que desoyó críticas y consejos al lanzarse apuradamente a construir trenes.
La presidenta Sheinbaum es consciente del reto.
El lunes en su conferencia destacó que además de procurar atención a las víctimas y sus familias, su Administración está comprometida con esclarecer las causas del percance que llevó al fondo de un barranco a un vagón, con el esencial objetivo de evitar una nueva desgracia.

Cumplir esa promesa resulta primordial, además, para quien ya vivió un gran percance con el desplome de la Línea 12 del Metro capitalino en 2021, cuando Sheinbaum ocupaba el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esa circunstancia, que dejó una herida en 26 familias que entonces tuvieron una víctima mortal, la obliga a proceder de forma muy distinta a la de aquella fecha.
A diferencia de entonces, hoy no debe tardar al pedir a los encargados directos del Interoceánico que se separen de sus puestos para permitir una investigación de las causas del percance. Es una señal indispensable para dotar de credibilidad las pesquisas, y para conjurar el temor de impunidad. Retirar a alguien de su cargo no es señal de debilidad ni aceptación anticipada de culpa, es prenda en compromiso de que es real la oferta de que se llegará hasta donde sea necesario. Si no hay falta o responsabilidad probada, se reinstala al suspendido. El fantasma de hace cuatro años, cuando puso oídos sordos a solicitar licencia a los encargados del Metro, ha de espantarse sin más.
Sheinbaum vivirá la tensión de perseguir un deslinde de responsabilidades, al tiempo que ataja el ambiente adverso por críticos que verán en este descarrilamiento la confirmación de los vaticinios donde se advertía que, en obras como el Interoceánico y tramos del propio Tren Maya, no se debía improvisar a las fuerzas armadas como constructores para la consecución de sus objetivos sexenales.
El del domingo es el más grave de los percances que han tenido los trenes de Andrés Manuel, y el primero con víctimas mortales. Para el actual Gobierno es la única oportunidad para revisar la obra heredada.
Un muerto por descarrilamiento es demasiado para cualquier tren. Ni qué decir trece. Lo son mucho más si se trata de una obra cuyo impulsor siempre puso por encima de cualquier otra consideración la posibilidad de concluir en su periodo lo que él mismo había iniciado.
La imagen de cuerpos inertes en un barranco de la vía que en su momento se presumió como estelar demanda una investigación exhaustiva y creíble más allá del obradorismo.
Este no es un asunto a dirimir entre dimes y diretes de seguidores y adversarios del régimen. Se trata de las vidas de personas que confiaron su seguridad a un medio de transporte del Estado, y éste les falló. La obligación de esclarecer las causas y fincar las responsabilidades es con los deudos, y con la sociedad.
Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República, tiene también una prueba crucial. Ha de ayudar a la presidenta a investigar a la Marina, que estuvo encargada de la construcción de ese tren y es la responsable de la operación del mismo. Las fuerzas armadas tienden a resistirse al escrutinio. Tendencia que con el obradorismo ha aumentado. Sin embargo, no es la fiscal quien tiene mucho qué perder si la investigación no es fidedigna: es la autoridad de la titular del Ejecutivo la que estará en tela de juicio.
Los audios de Latinus que han resucitado desde el domingo, donde presuntos contratistas cercanos a la familia de AMLO trivializan sobre la eventualidad de las consecuencias de un descarrilamiento, son indicios que esta vez sí o sí han de ser integrados a la indagatoria de Godoy. Investigar al entorno del expresidente no ha de espantar, ni ahora ni después, a una mandataria tan fuerte y popular como la actual.

Encargada de la consolidación del obradorismo al gobernar, Claudia no puede comprometer su espacio para maniobrar al cuidar que las indagatorias no abochornen aún más a la Marina o incluso a AMLO y a su familia.
El único camino posible es una explicación puntual que garantice, además de eventuales sanciones a quienes no hayan estado a la altura de sus responsabilidades, que en esa línea férrea no se va a presentar otro descarrilamiento ni remotamente similar.
Si hay que tomar alguna drástica medida como suspender por semanas o meses la operación de ese tren a fin de obtener toda la información necesaria para determinar las causas del descarrilamiento y proceder a las correcciones a que haya lugar, esa determinación, por embarazosa que sea para el régimen, vale mucho menos que la eventualidad de poner el riesgo la vida de personas que en el futuro decidan tomar esa vía de transporte. Y si se concluye que sus actuales operadores no son los óptimos, como con cualquier otra entidad civil o pública, se cambian los términos de la asignación del tren a la Marina.
Las fuerzas armadas no deben convertirse en un espectro institucional al que sea complejo, o imposible, exigir cuentas e incluso revocar encargos.
Se trata, en resumen, de un nuevo momento crítico para la mandataria que se ha pasado la primera parte de su mandato corrigiendo la herencia de AMLO. Y justo cuando asomaba un nuevo año, es decir, una nueva oportunidad de hacer desde Palacio cosas que no remitieran a problemas del anterior sexenio, ocurre esta tragedia, que comprometerá recursos y energía de la presidenta y su equipo. Y que supondrá batallar ante las previsibles resistencias internas de quienes minimizarán lo ocurrido en su afán de no permitir cuestionamientos al fundador del movimiento.
No se puede exagerar la dimensión de lo que hay en juego.
Por un lado, la presidenta pondrá bajo la lupa la obra que fue encargada, el sexenio pasado, a quien en la presente Administración es el responsable máximo de operarla. El actual titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, es al mismo tiempo quien ayer la construyó y quien hoy debe supervisar que funcione adecuadamente en todos los sentidos.
Y por otro lado, mientras ella misma se ha comprometido a construir 3.000 kilómetros de vías férreas, la presidenta ha de explicarle a las y los mexicanos qué hizo mal su predecesor para que haya ocurrido la desgracia férrea que enluta trece hogares.
Lo anterior sin dejar de subrayar que así como fueron entusiastas a la hora de aceptar ser los constructores del sexenio pasado, los mandos de las fuerzas armadas ahora han de mostrarle a la nación que el haber recibido contratos y el operar empresas del Estado ha elevado su rengo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Dicho de otra forma: las y los mexicanos por años han tenido en buena estima a las fuerzas armadas porque en muchas horas de calamidad, los uniformados han sido el último recurso, el auxilio que en no pocas coyunturas ha significado la diferencia entre la vida y la muerte.
Ahora, cuando las familias les depositan su confianza para que los trasladen en trenes como los del Interoceánico, y lo mismo en aviones o desde aeropuertos operados por las FFAA, esa imagen de gente que sabe estar a la altura de la responsabilidad no puede quedar en entredicho por lo ocurrido el domingo.
Si hay un momento para corregir todo lo que en el caso del Interoceánico no haya estado bien, ése ha llegado.
Nadie va a culpar a Sheinbaum de lo sucedido. Pero su responsabilidad será inescapable si tras la desgracia del domingo no hay un antes y un después donde la autoridad de la presidenta deje en claro que ella hizo la diferencia.
Es por la vida de las y los mexicanos, de esos que juró poner por encima de todo. Por encima de la Marina y del expresidente, por supuesto.
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