Airbnb o el derecho a la vivienda: lecciones de Barcelona a Ciudad de México

Leo con preocupación que en estas fechas la plataforma Airbnb (plataforma digital de alquileres de apartamentos por días a turistas) ha incrementado su presión a las autoridades de Ciudad de México para expandir su actividad. Por supuesto que yo no soy nadie para decirle a Ciudad de México lo que debe hacer, pero por la mucha estima que le tengo a México, sus gentes y su capital, sí quisiera humildemente compartirles la experiencia de relaciones con Airbnb en los ocho años que tuve el honor de estar al frente de la alcaldía de Barcelona, entre 2015 y 2023.

Llegamos a la alcaldía de la ciudad con el mandato popular de hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para defender el derecho a la vivienda, uno de los derechos más pisoteados en la mayoría de grandes ciudades de todo el mundo. El motivo de que sea un derecho sistemáticamente vulnerado tiene mucho que ver con que la economía global de grandes capitales encuentra una inversión segura cuando compra y alquila viviendas en las ciudades. El suelo urbano es uno de los pocos bienes que siempre suben de precio, que generan plusvalía de forma certera. Si además esa inversión es en el alquiler por días a turistas, el beneficio a corto plazo se multiplica.

En Barcelona, cuando llegamos al gobierno de la ciudad en junio de 2015, tuvimos que enfrentar una situación de descontrol: durante los años anteriores, el gobierno de derechas había liberalizado completamente la actividad turística, dejando como resultado miles de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad y un descontento social creciente con la actividad turística que, cada vez más, era percibida como una amenaza a la vida cotidiana. El aumento descontrolado del turismo de masas no sólo había acelerado la especulación inmobiliaria en las zonas céntricas de la ciudad, sino que provocaba graves problemas de convivencia, por ejemplo, el aumento de la inseguridad, o de apartamentos turísticos que alteraban la normal convivencia de fincas donde vivían personas que necesitaban descansar porque madrugaban para ir a trabajar.

Escuchando el malestar ciudadano, decidimos actuar con decisión. No contra los turistas —Barcelona es una ciudad abierta y estamos orgullosos de recibir a muchos visitantes—, sino contra los abusos y la falta de regulación del negocio del turismo de masas. Lo primero que hicimos fue una regulación urbanística a través del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), donde se fijaron las zonas de la ciudad donde ya no se podía crecer más en alojamientos turísticos porque lo que se necesitaba era crecer en viviendas accesibles para la población. Una vez fijadas las zonas, se puso en marcha un cuerpo de inspectores que vigilaban el cumplimiento de la norma. Fue así cómo detectamos miles de pisos turísticos ilegales y que plataformas como Airbnb anunciaban miles de esos pisos ilegales. Requerimos formalmente a la plataforma para que cumpliera con la normativa y retirara esos anuncios, y al no responder a nuestro requerimiento, procedimos a interponer una contundente sanción de 600.000 euros. Finalmente, fruto de todos estos esfuerzos, logramos cerrar la actividad de más de 6.000 apartamentos ilegales, que Airbnb retirara más de 4.000 anuncios y facilitamos que al menos 2.000 de esas viviendas volvieran al mercado del alquiler para residentes habituales.

Por supuesto, a raíz de estas y otras políticas que impulsamos para enfrentar la especulación con la vivienda, recibimos duros ataques de los lobbies implicados, ya sea con campañas comunicativas de desprestigio, con fake news incluidas, como con guerra sucia en los tribunales a través de querellas sin ninguna base pero que pretendían amedrentarnos y generar ruido a nuestro alrededor (lo que se conoce como lawfare).

Sin caer en sus provocaciones ni responder a sus ataques, atendamos a sus argumentos. En el caso de Airbnb sus responsables argumentan que allí donde se ha limitado su actividad, como New York o Barcelona, no se ha resuelto el problema del acceso a la vivienda. Y tienen razón: resolver el problema de los precios de la vivienda necesita de más medidas. Lo que ellos no reconocen, y en cambio es también un hecho probado, es que allí donde no se limita su actividad, el problema de la vivienda empeora rápidamente, porque se trata de una actividad depredadora y extractivista. Que no sea el único factor de especulación no significa que su impacto sea positivo. Por nuestra experiencia y la de otras ciudades, hay al menos dos hechos probados: primero, la expectativa de mayor beneficio inmediato por el alquiler a turistas respecto al alquiler residencial hace que haya un desplazamiento masivo de la oferta hacia el alquiler turístico en detrimento del residencial. Segundo, si la normativa que se aprueba es laxa y deja márgenes de interpretación, plataformas como Airbnb tienen un ejército de abogados, profesionales del márquetin y mucho dinero para hacer “estudios” por encargo que les salgan favorables, hacer presión a las instituciones, así como para invertir en publicidad en grandes medios y redes sociales.

En relación con esto es importante recordar que Airbnb no es una asociación de pequeños propietarios, como a veces pudiera parecer por la retórica que utilizan para defender su actividad. Estamos hablando de una plataforma digital que cotiza en bolsa y que sólo en 2023 declaró unos beneficios netos de 4.792 millones de dólares.

El espacio urbano es limitado y, por lo tanto, muy disputado. En concreto, las viviendas son un recurso muy solicitado, tanto por las personas que viven y desean seguir viviendo en la ciudad, como por grandes inversores locales e internacionales que pretenden especular con un bien de primera necesidad. Quienes asumen el liderazgo de la gestión pública deben responder esta sencilla pregunta: ¿Para quién deben ser las ciudades? Ante un recurso escaso, hay que fijar prioridades. Personalmente, soy de las que cree que las ciudades deben ser en primer lugar espacios para la vida cotidiana de sus habitantes. Si estamos de acuerdo con esta afirmación, entonces es imperativo limitar la actividad de los agentes que pretenden especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda, entre ellos plataformas digitales como Airbnb. La cuadratura del círculo no es posible y hay que tomar partido: entre la ciudadanía que da vida a la ciudad y los especuladores que sólo piensan en sacar su máximo beneficio, creo que quienes luchamos por la ciudad democrática como un espacio para la vida, debemos elegir defender el derecho a la vivienda de los y las habitantes.