A 100 días del accidente en un acto de campaña de Movimiento Ciudadano: sin investigación ni respuesta del partido
Aun sin un deslinde de responsabilidades, el Gobierno de Nuevo León asegura haber gastado hasta ahora más de 15 millones de pesos en indemnizaciones y atención hospitalaria
La noche del 22 de mayo pasado cerraba su campaña política Lorenia Canavati, candidata del partido Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León; considerado el municipio más rico de México e incluso de Latinoamérica. El evento, al que asistió el candidato presidencial de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, había concluido y ya sólo esperaba la aparición de los grupos musicales, entre ellos Bronco. Eran los últimos días de un periodo de campaña con decenas de candidatos asesinados, territorios bajo el poder del narco, promesas vacías y jingles pegajosos, hasta ese momento el candidato Máynez había ganado la conversación en redes sociales, en los debates no le había ido ni bien ni mal y todo apuntaba a que llegaría al objetivo trazado desde un inicio: conseguir al menos el 10% en la votación del 2 de junio. Sin embargo, minutos después llegaría una de las peores tragedias en la historia de las campañas electorales de este país.
Alrededor de las ocho de la noche, una intensa ráfaga de viento corrió por el campo de béisbol ‘El Obispo’, donde se realizaba el evento, arrastrando consigo el templete y toda la estructura metálica del escenario, que se desplomó sobre los asistentes. Los candidatos emecistas corrieron hacia atrás del escenario —en sentido opuesto a la caída de la estructura— y por ello salieron ilesos, pero casi 200 asistentes al evento resultaron heridos y otros 10 murieron a causa del colapso.
Aunque la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por estos hechos, desde un principio fue calificado como un accidente, debido a que el templete cayó empujado por el viento. No obstante, se mencionó el nombre de la empresa que montó el escenario del evento: Proaudio del Norte, a la que, se dijo por esos días, ya le había ocurrido un evento similar antes, pero el fallo fue detectado a tiempo y el evento fue cancelado.
Por su parte, el gobernador del estado, Samuel García se comprometió a indemnizar de manera integral a las familias de las personas fallecidas, de las heridas y de los asistentes: 400.000 pesos para los deudos de los fallecidos y cubrir sus gastos funerarios; 100.000 para los lesionados y atención médica del Estado; atención psicológica para quienes presenciaron el accidente y pudieran requerirla; así como becas y apoyos para las familias cuyo sustento dependía de las personas fallecidas o heridas.
100 días después, el periódico El Norte reportó que aún no existe el peritaje de los hechos, ya que según fuentes de la Fiscalía local, “aún esperan las conclusiones del estudio solicitado al Instituto de Ingeniería Civil” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Aun sin un deslinde de responsabilidades ni una investigación que permita saber quién debería pagar por los daños, el Gobierno de Nuevo León asegura haber gastado hasta ahora más de 15 millones de pesos en indemnizaciones y atención hospitalaria para las 63 personas que resultaron con lesiones de incapacidad prolongada, de los 246 que requirieron hospitalización, según el conteo final.
Una de las lesionadas esa noche, la señora Fabiola de la Fuente, en entrevista para esta columna confirmó que el Gobierno del estado la apoyó con 100.000 pesos de indemnización a ella y algunas amigas que habían asistido al evento y también resultaron heridas. Confirmó que recibió atención médica gratuita, terapia psicológica y el apoyo de algunas despensas: “Yo ya estoy mucho mejor, porque lo mío fueron más que todo golpes, pero sí me cambió la vida porque yo soy cuidadora de mi papá. Él tiene demencia y depende al 100% de nosotros para bañarse, para lavarse los dientes… Él está en cama y pues yo tuve que contratar quién me ayudara, porque la espalda ya no puedo cargarlo, me duele la espalda y el brazo izquierdo, me quedó también lastimado”.
La mujer, de 50 años, además de cuidadora primaria de su papá de 85, trabaja vendiendo jabones artesanales y a la fecha no ha podido salir, tanto a trabajar como a cualquier actividad porque tiene estrés postraumático, estar fuera de casa le provoca ansiedad.
Sin embargo, la pregunta que sigue en el aire es ¿por qué nadie del partido Movimiento Ciudadano se ha acercado a ella después de la tragedia? Al menos en el caso de Fabiola de la Fuente, no ha tenido contacto con ningún vocero ni representante legal de MC, tampoco del equipo del excandidato Álvarez Máynez: nadie en el partido se ha acercado a ella, solamente el gobierno estatal.
La respuesta del Estado se deriva de la premisa de que fue un accidente, pero resulta increíble el deslinde por parte de esta agrupación política, que fue quien organizó el evento.
Hace algunas semanas entrevisté a Jorge Álvarez Máynez en mi programa en Radio Fórmula. “Es un tema muy triste, que marcó el final de la campaña, pero que sobre todo deja una estela de tristeza, de dolor, que creo en este país debemos entender que lo que se necesita en esos casos es acompañamiento, reparación del daño, atención permanente a las víctimas, una política integral; porque aunque se han hecho esfuerzos loables por parte del gobierno, cada caso es distinto”, dijo en ese espacio.
Elogió la respuesta del Gobierno de Samuel García ante esta tragedia —ocurrida en un evento del partido en el que ambos militan— pero aseguró que en algunos de los casos la indemnización no ha sido suficiente, “porque la atención a la persona que sufrió lesiones tiene que ser permanente, y somos un país donde la precariedad del sistema de salud hace que cuando las personas atraviesan una circunstancia así terminen invirtiendo mucho tiempo y recursos en el tratamiento”.
Por esto, aseguró que él se ha mantenido en contacto con esas personas, sin especificar si les ha dado algún apoyo o solo se mantiene en comunicación. Asimismo, precisó que quienes han estado “al frente” de la atención a las víctimas han sido la excandidata Lorenia Canavati y Marta Herrera, quien es Secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal; es decir, que quien ha atendido a las víctimas es, de nuevo, el estado y no el partido.
Esto me lo confirmó Fabiola, quien dijo que Igualdad le llevó medicamentos, pañales, una silla de ruedas y varias despensas. No obstante, quien debe determinar formalmente las responsabilidades en este caso es la Fiscalía del estado, solo que… no tiene fiscal desde hace dos años, solo un encargado de despacho, que es Pedro Arce.
100 días después una fiscalía paralizada e inoperante, un partido político ausente, muchos lamentos de figuras políticas y decenas de víctimas, ya nadie habla de campañas, mucho menos de responsables de una de las mayores tragedias en la historia de las campañas en este país ¿alguien piensa que esto se va a investigar? ¿Algún día sabremos si se pudo haber evitado?
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