Lo que Sheinbaum calló sobre los jueces de Estados Unidos

La presidenta electa Claudia Sheinbaum le reviró al embajador de Estados Unidos en México sus críticas a la reforma del Poder Judicial que empuja Morena para que todos los jueces del país sean electos. “Información relevante”, fue como Sheinbaum calificó el dato que ofreció: en 43 de los 50 estados de Estados Unidos los jueces se eligen por voto popular.

Más que relevante, el dato es engañoso y omite una realidad que, si la analizamos a fondo, demerita la polémica iniciativa de reforma. De hecho, si vemos el sistema de Justicia de Estados Unidos, tendremos que hablar de temas que Morena no quiere tocar en esta reforma.

El dato de 43 Estados que dio Sheinbaum se refiere a jueces estatales de primera instancia en lo que aquí llamamos el fuero común. En instancias superiores se va reduciendo el peso de la elección popular: solo en 20 estados eligen a los jueces de sus tribunales supremos, y a nivel federal ninguno de los jueces, desde los distritos hasta la Suprema Corte son electos.

Pero el problema no es de números sino de métodos. El mismo dato de 43 Estados que da la presidenta omite una diferencia fundamental entre el sistema de Estados Unidos y el que pretende Morena: allá cada Estado es libre de escoger el método por el que eligen a los jueces.

Es así como en 19 Estados se eligen jueces donde los candidatos son postulados por partidos, pero en 21 los candidatos no pueden estar afiliados a un partido, y en 3 se realizan elecciones para ratificar a jueces que han sido designados de otra forma. En algunos Estados hay segunda vuelta, en otros no. En otros siete Estados, los jueces son designados por los gobernadores o por comisiones similares a los consejos de la judicatura en México.

Nada en la Constitución de Estados Unidos dice que deba ser así, porque el documento no dice nada sobre los jueces estatales y al no establecer una norma, deja a los Estados libres para decidir. Esa flexibilidad no existe en México, donde la Constitución unifica criterios para seleccionar jueces, y la reforma propuesta por Morena no pretende cambiar ese principio.

Es decir, Sheinbaum quería aplicar una comparación de manera parcial. Porque su dato sobre los Estados también omitió mencionar que a nivel federal en Estados Unidos ningún juez, desde los distritos hasta la Suprema Corte, es electo. Todos son propuestos por el presidente y nominados por el Senado.

De hecho hay razones para pensar que el sistema actual que tiene México, de selección de jueces con base en su experiencia y carrera judicial por un Consejo de la Judicatura independiente, es mejor que el sistema del país vecino, donde la selección de jueces de distrito y de circuito es un mercado de clientelismo, con poderosos senadores que pagan favores políticos empujando favoritos o bloquean las propuestas de rivales.

Pero eso no lo mencionó Sheinbaum, como tampoco mencionó el gran elefante en la sala de la reforma judicial. La pieza faltante que hace ver la iniciativa de Morena más como un capricho y una revancha política: las fiscalías.

Se ha discutido mucho que gran parte de las fallas que los promotores de la reforma judicial, del presidente López Obrador para abajo, atribuyen a jueces en realidad son responsabilidad de los ministerios públicos: delincuentes quedan libres porque las carpetas de investigación no están bien integradas, o son absueltos porque las fiscalías no pudieron probar delitos.

Pero la reforma del Poder Judicial no toca a las fiscalías y aquí también resalta lo engañoso del dato con el que Sheinbaum nos quiso ilustrar sobre el sistema de Justicia en Estados Unidos.

Porque si Sheinbaum estaba buscando áreas donde la voz del pueblo tiene más peso, podría haber ofrecido el siguiente dato: el 98% de los fiscales locales en Estados Unidos son electos por voto popular. Solo en 3 de los 50 estados eso no ocurre: Nueva Jersey, Connecticut y Alaska y juntos tienen solo 59 de los 3.143 condados donde el fiscal de distrito es la máxima autoridad para perseguir delitos.

Esto tiene cierta lógica: los fiscales son cargos ejecutivos que deben dar resultados y si en un condado los delincuentes no van a la cárcel, el fiscal se va a su casa en la siguiente elección.

El dato de 43 Estados también aplica para los procuradores de justicia estatales, pues en ese número de entidades son electos por voto popular. Pero los siete restantes no son nombrados por el gobernador, eso solo ocurre en tres y en los restantes el nombramiento lo da el tribunal superior o el Congreso del Estado. A nivel federal, los fiscales de los 93 distritos judiciales son nombrados por el presidente pero confirmados por el Senado, lo que añade un elemento de representación popular al proceso.

Si el argumento es darle al pueblo voz en la selección de sus funcionarios judiciales, Sheinbaum y Morena no pueden hacer el comparativo con Estados Unidos porque pierden el debate: en ese país la voz del pueblo tiene más peso en elegir a las personas que persiguen los delitos que a las personas que juzgan.

Pero Morena no quiere hablar de las fiscalías, solo de los jueces, y expone ejemplos parciales que no resisten el análisis. Seguramente por su trayectoria científica, la presidenta electa sabe del valor de la evidencia.

@jagarzaramos

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