Los ultrarricos ríen más fuerte que López Obrador

En México, las cosas son más caras de lo que deberían ser. Y no por poco. En mi más reciente libro, No es normal, documento cómo la fruta, el pan y los lácteos tienen sobreprecios de al menos el 91%, las verduras del 29%, las tortillas del 26% y la transportación aérea del 23%. Hay sobreprecios en casi toda la canasta básica. Los sobreprecios aumentan la pobreza porque reducen la capacidad de consumo.

Lo peor es que esto no es nuevo. Los tremendos sobreprecios de la canasta básica mexicana ya habían sido identificados en 2014 por Andrés Aradillas, profesor investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania, y desde 2006 por Carlos Urzúa, quien fuera secretario de Hacienda.

Una de las principales razones por las que la economía mexicana está plagada de sobreprecios es porque, a lo largo de toda la cadena productiva, existen empresas gigantes con cotos de poder, monopolios o poder de mercado que impiden la competencia. Sin competencia las empresas ultrarricas se aprovechan de proveedores y clientes en todo México, reduciendo el poder de consumo de todos y aumentando la pobreza.

Sin embargo, López Obrador no parece interesado en erradicar el poder de mercado de las empresas gigantes. En este ensayo muestro por qué y hago un llamado a cambiar el rumbo a fin de implementar las ambiciosas reformas de competencia que necesitamos para desmantelar los sobreprecios y abusos que existen en los mercados mexicanos.

Lo que entiende López Obrador

Desde su campaña López Obrador sabía que el poder de mercado existía con demasiada frecuencia en México y que debía ser eliminado para dar pie a un modelo económico más justo. De hecho, él fue el único candidato a la presidencia de México en 2018 que en su plataforma mencionaba la palabra “competencia”. La mencionaba como parte de un plan para reducir las comisiones bancarias abusivas que existen en la banca mexicana.

Sin embargo, cuando tomó el poder, el tema se olvidó. O más bien, se trató de resolver de manera errada, sin cambiar la regulación y sin el apoyo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). López Obrador permitió que los bancos siguieran existiendo con una regulación que favorece la concentración y, para reducir los costos de bancarización para los más pobres, pretendió abrir un banco público, el Banco del Bienestar (BB).

Abrir un banco público no es malo. De hecho, se ha comprobado que, en otros mercados, la provisión de bienes privados por medio del Gobierno ha reducido el costo de estos bienes. El problema es que, incluso si funcionara, el BB, solo ampliará la oferta bancaria para el sector de menores recursos, pero no lo hará para las clases medias. No se resolverá el problema para todos.

Más aún, la operación del BB tiene severas limitaciones. Se creó de un plumazo cambiándole el nombre al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que operaba como una institución financiera pública desde el año 2002.

De hecho, el BB no tuvo una sola sucursal operando, que no fuera de Bansefi, hasta septiembre del 2021 cuando se abrieron once nuevas. Además, si bien existen promesas de que pronto habrá miles más, la realidad es que, por falta de dinero, solo ha construido los edificios pero no se les ha equipado para operar. De hecho, recientemente BB canceló la compra y distribución de 8.000 cajeros automáticos por falta de recursos.

Lo que no entiende López Obrador

Lo que López Obrador no comprende es que la falta de competencia no solo existe en la banca que atiende a los más pobres sino en cada uno de los mercados de la canasta básica mexicana. De hecho, al menos el 50% de los productos de la canasta básica mexicana tienen sobreprecios de al menos 25%.

Por eso, eliminar los cotos de poder que pululan en México requiere trabajar de la mano con la Cofece y con todos los reguladores públicos. Establecer una política de Estado que revise cada uno de los trámites que existen a nivel federal y local para abrir y operar empresas, y apoyar la generación de empresas en mercados previamente identificados como poco competitivos.

Lamentablemente, López Obrador no tiene interés en ello por tres razones.

Primero, porque Cofece está en contra de su reforma energética. La Comisión se ha posicionado en contra de ella recomendando al Congreso que no la apruebe porque desincentiva la inversión y prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en vez de la compra de energía barata a privados.

Esta posición ideológica es imposible de cambiar por Morena ya que el proceso de selección de consejeros está completamente blindado ante los deseos del Ejecutivo y prioriza, por medio de sus requisitos de conocimiento, a un tipo de persona que muy probablemente reprobaría la reforma energética por principio.

Segundo, López Obrador concibe a la Cofece como un organismo caro e inefectivo. Los consejeros se ampararon para poder tener sueldos más altos que el presidente y, a pesar de ello, la realidad es que en muchos casos no han sido tan efectivos.

Por ejemplo, en casos paradigmáticos la Cofece ha implementado sanciones extremadamente pequeñas ante colusiones de mercado escandalosas, ha afectado a los trabajadores sin darse cuenta por algunas de sus resoluciones y aun cuando sanciona a privados, éstos se amparan y llevan a juicio las multas. Así, el 20% de los casos termina en amparo y en general, el 46% de las multas impuestas por la Cofece no se cobran por revisión judicial o nulidad.

Finalmente, el presidente no piensa que la competencia pueda tener un impacto real en el bienestar de las personas. De hecho, su Gobierno ha tomado decisiones que probablemente conducen a mayor concentración. Tal es el caso de la adjudicación directa a Banco Azteca de la gestión del pago de los principales programas sociales con un presupuesto de más de 12.000 millones de dólares. El tema es tan sensible que cuando la entonces comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, criticó la medida fue denunciada por los abogados de la compañía.

Así, López Obrador ha dejado a la Cofece acéfala y operando a medio vapor, es decir, con solo cuatro de siete consejeros por el simple hecho de que el Ejecutivo se ha negado a seleccionarlos. López Obrador ha dicho que no hay prisa por hacerlo y los senadores de Morena simplemente no han asistido a las sesiones donde se debería aprobar el dictamen de elegibilidad de los comisionados. Al respecto, la Cofece ya interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia, pero el caso sigue sin resolverse.

Las consecuencias

López Obrador piensa que al afectar a la Cofece afecta los intereses de las élites económicas y las hace sufrir. En realidad, las beneficia.

Sin consejeros, la Cofece no puede separar empresas que tengan dominancia de mercado y en caso de que faltara el titular de la autoridad investigadora, o quisiera remover al actual, no podría hacerlo. Pero aún, la Comisión no puede cambiar su regulación interna, ni realizar investigaciones sobre barreras a la competencia.

Quienes más ganan sin una Cofece funcional son los ultrarricos, los dueños de empresas con poder de mercado que le cobran sobreprecios a todos los mexicanos.

Y no ganan poco. Una de las formas de medir el poder de mercado es ver qué tan altos son los márgenes de ganancia (markup) de las empresas. Si éstos son demasiado altos, ello puede ser evidencia de que las empresas están imponiendo sobreprecios por falta de competencia.

En México los markups son asombrosamente altos. Entre 1980 y 2015, los márgenes de ganancia promedio de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa han sido 26 puntos porcentuales superiores que los de empresas similares en el resto del mundo. Incluso para el estándar latinoamericano, México tiene markups altísimos. El margen promedio de los países latinoamericanos es de 50% y el de México de 55%.

La situación es tan grave que se estima que, de eliminarse el poder de mercado que pulula en múltiples industrias, el mexicano promedio aumentaría en 8,4% su poder de consumo, debido a que múltiples bienes de la canasta básica bajarían de precio. Esto significaría poder sacar de la pobreza a 3,8 millones de mexicanos, la mayor reducción en el número de pobres que se ha tenido desde que existen datos comparables, es decir desde 2006.

Es imperante que el Gobierno mexicano comprenda que una política de competencia puede ser muy efectiva como política social. López Obrador debe dejar de jugar a las vencidas con la Cofece y en vez de ello, otorgarle las herramientas necesarias para que mejore su actuar.

Ello requerirá cambios legales, pero sobre todo que la política de competencia se convierta en una meta institucional en cada área del Gobierno.

La Cofece no puede sola. Su agenda debe ser abrazada por cada una de las instituciones de Gobierno con la finalidad de reducir el costo de la canasta básica y empoderar al trabajador para que pueda ofrecer sus servicios en un mercado competitivo.

La competencia por sí sola no creará desarrollo social, pero sin ella será muy difícil alcanzarlo.

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