Abuso policial, deuda pública y migración: los desafíos del próximo gobernador de Coahuila

El Estado de Coahuila se acerca a las urnas. El 4 de junio, la entidad elegirá al próximo gobernador entre cuatro candidatos: Manolo Jiménez, por la alianza PRI, PAN, PRD; Armando Guadiana, por Morena; Ricardo Mejía, por el Partido del Trabajo; y Lenin Pérez, por la coalición entre Partido Verde y la local Unión Democrática de Coahuila. Quien gane la elección tendrá que enfrentar un Estado que ha sido gobernado durante más de 70 años por el PRI. El legado que recibirá el candidato ganador incluye bajas cifras criminales en comparación con las altas que tienen sus vecinos Tamaulipas, Zacatecas o Chihuahua. Pero sí tendrá que gobernar una entidad con numerosas denuncias contra la policía estatal por abusos, una enorme deuda pública y grandes desafíos en temas como la crisis migratoria, la búsqueda de 3.200 desaparecidos y un repunte en las adicciones.

Migración a manos del crimen organizado

La migración en Coahuila está regulada por el crimen organizado. Así lo explicaba un grupo de migrantes que pasaban por Saltillo el pasado miércoles. En casi todo el Estado, el Cartel del Noreste —una escisión de los Zetas— opera a sus anchas. La mecánica puede funcionar de dos formas: a través de códigos para transitar libremente o con secuestro. Si una persona quiere cruzar la entidad para llegar a la frontera puede comprarle a los criminales unos códigos a 500 pesos, cuenta la venezolana Verónica. Esas claves sirven para poder salir ilesos cuando son detenidos por grupos del cartel. Si por el contrario la persona decide intentarlo sin pagar ese dinero, cuando sea retenida por los criminales, lo más probable es que sea secuestrada, asegura el hondureño Jesús, que vivió un secuestro en carne propia.

“Él es nuestro amigo, estaba acá con nosotros hace unos días”, decía otro hondureño enseñando una foto en su teléfono móvil. En la imagen podía verse un hombre de rodillas que sostiene un cartel con la fecha, detrás alguien sujeta un cuchillo en su garganta. Una vez es capturado el migrante por el crimen organizado, le avisan a las familias en sus países de origen para que envíen dinero. “Piden 6.000 dólares”, explicaba. Si no pagan, la promesa de la muerte cae sobre ellos. Si entregan el monto, pueden ser liberados en territorio estadounidense, contaba el grupo.

Todos los migrantes entrevistados repetían una idea: quedarse en Saltillo es lo más seguro. Pero salir de la capital del Estado puede ser fatal. No solo enfrentan a la delincuencia organizada, además deben escapar de las fuerzas de seguridad que buscan quitarles lo poco que les queda. “Ya en Ramos Arizpe [en el área metropolitana de Saltillo] eres bocadillo para la policía”, dice Jesús. “Las policías municipales y estatales siempre nos paran para pedirnos [dinero]”, agrega Marco, otro migrante hondureño.

El cartel actúa además en colusión con las autoridades, aseguran. Jesús recordaba que cuando el Cartel del Noreste le secuestró en Piedras Negras, sobre la frontera con Estados Unidos, le retuvieron en una vivienda. “Como tres veces llegó la patrulla de Fuerza Coahuila a la casita, y la primera vez que les vi, pensé: vienen a rescatarnos. Pero no, solo llegaron, estuvieron viendo y se fueron”.

La última cara de la moneda de los desafíos que enfrenta el futuro gobernador de Coahuila tiene el rostro de quienes buscan una vida mejor. En plena crisis migratoria y tras la eliminación del Título 42 el pasado 11 de mayo, los centroamericanos, africanos y asiáticos que llegan a México para cruzar a Estados Unidos se acumulan en la frontera sin un futuro claro a la vista. En medio, intentan sobrevivir al peligro y evadir las garras del crimen organizado.

Abuso policial y seguridad de cristal

Una de las cosas que más destacaban los asistentes a los mítines de Manolo Jiménez estos días era la seguridad. Un grupo de personas que se acercaron el sábado pasado a ver al candidato del PRI contaba a este periódico que ellos elegían al delfín del actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme, porque creen que de esta forma puede mantenerse la “situación de seguridad” que vive la entidad actualmente. Las cifras marcan la clave: mientras que Coahuila registró 391 asesinatos en todo el año pasado, los Estados vecinos vieron una escalada en la violencia: Zacatecas reportó 1.360 homicidios, Chihuahua alcanzó los 2.059 y Tamaulipas 1.190, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, los seguidores priistas aseguraban que buscan la continuidad política porque las transiciones suelen traer un aumento en la violencia.

Sin embargo, el PRI también estuvo al mando del Estado a inicios de la década pasada, cuando la entidad fue azotada por una ola de desapariciones y asesinatos a manos del grupo criminal de Los Zetas. Varias fuentes que prefieren el anonimato por miedo señalan que en las ciudades del sur, como Torreón o Saltillo, ya no se reportan grandes matanzas como sucedía antes porque allí el crimen organizado no pelea ninguna plaza, sino que sostiene un acuerdo con las fuerzas de seguridad. Al menos cuatro personas aseguraron que miembros de la policía estatal son quienes comercializan ahora las drogas en estos puntos.

Esto se volvió un tema de discusión incluso entre los candidatos. Ricardo Mejía ha denunciado varias veces que el PRI opera a través de las fuerzas de seguridad un “cartel de cristal”, en referencia a una de las drogas que más se consumen en el Estado. “Esa seguridad que vanaglorian está con alfileres”, ha señalado sobre el tema Armando Guadiana en entrevista con este periódico. “Como ellos son un cartel, no quieren que se metan los otros cárteles”, ha agregado.

Más allá de la venta de drogas, la policía estatal sufrió una avalancha de denuncias en los últimos años por abuso policial. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila admitió en los primeros cuatro meses de este año unas 507 quejas por violaciones a los derechos humanos. Mientras que el año pasado recibió unas 1611. Entre los más señalados están los llamados GATES, el grupo de elite de la policía que además está envuelto en acusaciones de estar a cargo de la comercialización ilegal de narcóticos.

La subida en el consumo de cristal

Otro de los temas que han discutido los candidatos ha sido el aumento de las adicciones, puntualmente en el uso del cristal. Un matrimonio que prefiere no dar sus nombres, y cuyo hijo terminó enganchado al cristal, relataba a este periódico esta semana cómo opera actualmente la venta. El joven comenzó a transitar bares y locales nocturnos donde grupos de la policía estatal le vendían este tipo de metanfetamina, relatan. Una vez enganchado a la droga, decidió entrar en uno de los centros de rehabilitación que hay en la entidad.

De esas instituciones han salido las últimas estadísticas del tema, que encienden las alertas sobre lo que sucede en el Estado. Los números dibujan cómo se ha ido agravando el problema. El cristal pasó a ser la droga de impacto más consumida en la entidad, por encima del crack, la cocaína o los inhalables. Otro dato poco alentador marca puntualmente la evolución de la situación durante el Gobierno de Riquelme: el porcentaje de los que acudieron a los centros de atención y dijeron consumir metanfetaminas pasó de 6,7% en el primer semestre de 2017 a 38,7% a finales de 2022, según el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.

Continuidad en la búsqueda de desaparecidos

Coahuila, como otros Estados del norte, se convirtió desde 2010 en una enorme fosa usada por el grupo criminal los Zetas. A partir de eso se formaron grupos de familiares de personas desaparecidas, entre los primeros en todo el país, que se lanzaban a los montes y a los desiertos a buscar a sus hijos, hermanos o padres. El Grupo de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA) es una de esas organizaciones, que el pasado abril cumplió una década dedicado a la búsqueda. Silvia Ortiz, la líder del colectivo, expresa su preocupación de cara a las elecciones por la posibilidad de que gane Morena.

Ortiz asegura que su trabajo ha sido perjudicado por las políticas de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que implicaron para ellos mayores retrasos en las investigaciones judiciales —en unos casos que ya tenían grandes demoras— y una ralentización en la identificación de los restos humanos que son hallados. La mujer agrega que la eliminación del fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que les servía para canalizar recursos para llevar adelantes las búsquedas, les ha golpeado significativamente.

El martes pasado, el Grupo VIDA realizó una búsqueda en un rancho en Santa Elena, en la zona oeste del Estado, en la que encontró algunos pedazos de huesos que el arqueólogo de la Fiscalía estatal que les acompañaba catalogó como “probablemente humano”. Los restos fueron empaquetados para ser entregados a la Fiscalía General de la República, encargada de hacer el proceso de identificación. “Quien sabe cuánto tardarán, recién están reconociendo restos que encontramos en 2017″, explicaba una madre buscadora del grupo. Y el miedo a los recortes no es en vano. Guadiana, el candidato de Morena, ha anticipado que si gana aplicará la austeridad republicana que promociona el presidente.

La deuda y los Moreira

Coahuila es uno de los Estado más endeudados del país, en términos de la relación entre deuda y economía. El próximo gobernador tendrá que hacer frente a un endeudamiento que supera los 38.121 millones de pesos. Esto se traduce en la pérdida del 13% de los ingresos que tiene la entidad, que se destinan a pagar esa deuda, de acuerdo a la estimación de varios analistas. Este boquete en las finanzas públicas ha sido uno de los dardos que han utilizado los candidatos de Morena y el PT contra el del PRI durante la campaña. Una de las propuestas de Mejía, del PT, ha sido crear una comisión especial para investigar a los hermanos Rubén y Humberto Moreira, dos exgobernadores del PRI que son acusados de haber saqueado al Estado y haberlo hundido en una millonaria deuda.

“Mi lucha es contra el moreirato corrupto, mi propuesta es meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila, como Humberto y Rubén Moreira”, señalaba el candidato del PT este jueves en un video en Twitter. Guadiana, por su parte, ha propuesto abrir los documentos clasificados de la deuda para poder entender realmente lo que sucedió. Lo que se sabe es que Humberto Moreira adquirió de manera irregular en su Administración (2005-2011) una deuda pública por casi 36.000 millones de pesos. La Fiscalía estatal le abrió una investigación durante el Gobierno de su hermano (2011-2017), pero finalmente fue desestimada. “Vamos a castigar a los culpables de la megadeuda y de todas las raterías que hicieron”, ha prometido el candidato de Morena.

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