Ayutla después del Estado

Sube el Tsuru la ladera y resulta inevitable pensar que aquello parece un milagro, más después de las lluvias de anoche. Onésimo Justo, el conductor, remonta zanjas, penachos de barro y cuestas empedradas a toda velocidad: no quiere llegar tarde a la asamblea. Este domingo, los vecinos de Ayutla, en Guerrero, eligen a sus nuevos gobernantes y hasta entonces las comunidades y colonias son un hervidero de reuniones, juntas y discusiones. “Ahora ya tenemos experiencia, pero va a ser complicado”, dirá Justo dentro de un rato, ya con el carro aparcado, mientras deglute unos huevos con frijoles.

Si el carro evoca un milagro, la vida política de Ayutla parece el evangelio entero, un pueblo funambulista sobre el alambre de la democracia. Hace algo más de tres años, el municipio cambió de régimen. Después de décadas de alternancia entre el PRI, el PRD o más recientemente el Partido Verde, los vecinos decicidieron que ya habían tenido suficiente. Acusaciones constantes de corrupción presupuestaria les pusieron de acuerdo. Ya no sería un partido contra otro: los echaron a todos. Formaron un consejo comunitario, con tres coordinadores en vez de un alcalde. Los regidores no decidirían nada porque ya no habría. La asamblea general y las de las 140 comunidades de Ayutla se encargarían de gestionar.

Era la culminación de un largo proceso de desilusión con el Estado. O el feliz encontronazo con un camino propio y definitivo. Enclavado en la sierra sur de Guerrero, el municipio ha discutido por décadas sobre sí mismo, siempre con la idea de que los gobiernos estatal y federal les ignorarían. Eso en el mejor de los casos, porque si algo distingue la relación de Ayutla con el Estado es la violencia. Muchos vecinos recuerdan sin dificultad la matanza de El Charco, una operación contrainsurgente del Ejército que acabó con 11 muertos en 1998; o la violación y tortura cometidas por militares contra una vecina, Inés Fernández, en 2002; o el hostigamiento del Gobierno estatal contra los primeros grupos de autodefensas en 2013 y 2014, que llevaron a algunos de sus integrantes a la cárcel durante años.

Justo era apenas un bebé cuando los militares perpetraron la matanza en la comunidad de El Charco. No habla de aquello porque es joven y porque el tiempo en Ayutla es un mar de agravios: no tiene sentido abundar en uno que ocurrió hace 25 años. Excelente conductor, orador insospechado, reparte el tiempo entre su familia, las asambleas y los estudios en educación primaria para población indígena, que está a punto de terminar. Justo se casó -”me junté”, dice él- en enero de este año y vive en un claro de un bosque de encinos, a una hora de la cabecera municipal.

Aunque lo suyo es el presente, parece que el pasado le ha permeado y desde muy joven ha participado en la acitivad politica del pueblo. Cuando Ayutla cambió de régimen, el joven, que entonces contaba 22 años, se convirtió en representante de su comunidad, Tecruz. El cambio obligaba a los representantes a inventar una nueva forma de organizarse. Así, decidieron que en vez de un alcalde habría tres, uno se encargaría de las funciones institucionales del antiguo presidente municipal, otro de la tesorería y otro, el síndico, de la seguridad. Cada comunidad eligió a dos representantes, que en total sumaban 280. De entre ellos eligieron a 38 consejeros. Justo fue uno de ellos. “A mí me tocó al principio en el área en contraloría”, explica, “pero no sabía qué hacer o cómo. No sabía de contabilidad”.

Ayutla se prepara para elegir a sus representantes por usos y costumbres

Justo ha llegado al final de su mandato y ahora acude a las asambleas preparatorias como observador y asesor. Este jueves participó en la que mantuvieron los nuevos representantes de la zona tlapaneca, que participarán en la gran asamblea del domingo. Además de los coordinadores y representanes, Ayutla se organiza en tres zonas: las 40 comunidades mixtecas, las 25 tlapanecas y las 75 comunidades y colonias mestizas. Cada zona funciona en grupo y los tres grupos se juntan en días importantes como el domingo. Pero antes, cada uno se reune por su lado para consensuar posturas.

La asamblea de este jueves se celebraba en Barranca de Guadalupe, una caserío serrano de acceso complicado a dos horas de la cabecera municipal. Sus vecinos, poco más de 40, han cavado zanjas en el camino para desaguar las lluvias. Como Justo, decenas de pobladores de las comunidades cercanas llegaron poco antes de las 9.00, pasaron por el novísimo comedor comunitario, enguyeron el reglamentario almuerzo y se sentaron en la cancha de basket, esperando que iniciara la reunión.

Cualquiera podría haber contado truculentas historias sobre sus desplazamientos en la sierra. Uno de ellos, Onésimo Gatica, de 32 años, explicaba que su pueblo, Ríovelero, a media hora de Barranca, ya no tenía puente. La cercanía temporal que sugiere ese “ya” resultaba más bien falsa. Una crecida del río tiró el puente en 2013 y aún ahora los vecinos salvan el cauce gracias a una pasarela de madera. “En otros sitios, esto es un lujo turistico”, decía irónico, “pero aquí es por necesidad”.

Las tres obras

Uno de los puntos importantes de la asamblea del jueves consistía en seleccionar a los representantes tlapanecos del nuevo Gobierno, que deberán ser aprobados finalmente en la sesión del domingo. Otro, que además causó cierto revuelo, apuntaba a las cuentas públicas. Los vecinos querían que en su próxima reunión se informe sobre el estado de la deuda de Ayutla, motivo de grandes discusiones estos años. En 2019, la asamblea decidió destituir a uno de los tres coordinadores, el que desempeñaba funciones de tesorería, por presuntos malos manejos del presupuesto.

Es bastante raro hablar de Ayutla y que no salga el tema del presupuesto. El profesor Samuel Calderón, de 64 años, explica que el tesorero, Isidro Cantú, de la zona tlapaneca, “hacía transferencias sin avisar, tomaba decisiones sin consultar, gastaba el recurso y los otros dos coordinadores no sabía en qué”. Calderón, mestizo, ha representado estos años a una de las colonias de la cabecera en la asamblea. Entre reunión y reunión, esta semana se hizo el tiempo para hacer balance. “Lo peor de este tiempo ha sido la desorganización”, reconocía, “lo mejor, las obras públicas”.

En todas las conversaciones mantenidas esta semana en Ayutla no ha habido mayor coincidencia que esa, la obra pública. Calderón cuenta que antes, el gobierno del Partido Verde, que dirigió el municipio de 2012 a 2018, hacía las obras que quería, sin consultar a las comunidades, con total opacidad en el gasto. Ya no era solo que pudieran robar parte del presupuesto, es que aprovechaban su posición para lucrar. El profesor explica que el presidente municipal, su esposa, que le sucedió y el grupo alrededor crearon empresas de construcción que conseguían las licitaciones y casas de materiales que vendían ladrillos, cemento y demás enseres. Un circuito perfectamente clientelar en el que todo iba a parar a las mismas manos.

“En Ayutla la gente es muy dada a pedir apoyos”, argumenta Calderón, “y antes el presidente municipal decidía qué y dónde”. Con el nuevo Gobierno, explica, el compromiso fue hacer tres obras por cada una de las 140 comunidades y colonias, sin distinguir o disciminar, dejando de lado la cantidad de votos que había llegado de una u otra. En una región donde la usura electoral enraizó en las profundidades de la concienca pública, construir una casa de salud en una comunidad aislada es un acto revolucionario.

El dedo índice

Salpicada de ranchos y caserios, la sierra que rodea a Ayutla es un compendio de supervivencias. Ahora en mayo, los pobladores queman cahcitos de cerro para plantar maiz y frijol, aprovechando las lluvias que poco a poco empiezan a caer. Algunos cultivan flor de jamaica, hit de la temporada por encima incluso de la amapola, vieja conocida de estas laderas.

Antaño productor de la adormidera, Onésimo Justo cuenta lo que todo el mundo sabe en la sierra. El precio de la goma de opio cayó hace varios años a los 300 pesos por kilo y ya no vale la pena el esfuerzo de cultivarla. “En 2014 mucha gente empezó a plantarla. Nosotros lo hicimos en Tecruz. Es que hubo un huracán el año anterior y además se pagaba bien, 25 pesos el gramo”, explica. “Ese año nos cayó el Ejército y las quisieron arancar, pero los encerramos. Al final llegamos a un acuerdo. Nos dieron tres años de gracia por lo del huracán”.

Según los números del propio Ejército, Ayutla ha sido uno de los enclaves del país donde más hectáreas de adormidera han arrancado en los últimos 30 años, casi 40.000, por encima incluso del poblado sinaloense de Badiraguato. Según Justo y otros pobladores de la sierra, tal afirmación resulta algo marciana. El mixteco Juan Antonio García comenta por ejemplo que él nunca la ha visto en su zona, 40 comunidades enclavadas en la sierra, por los menos en los últimos diez años. “En la zona tlapaneca nos ha llegado que ahí sí, pero aquí desde que llegó la policía comunitaria no”, explica.

Agricultor y migrante, Garcia, de 42 años, perdió la mitad del dedo índice de la mano izquierda en un accidente laboral en California hace años. Fue la última de sus pérdidas, esta quizá la menos dolorosa, por fortuita, tras los asesinatos de su padre y su hermano años atrás. Sin relacionar directamente sus muertes con los acontecimientos de años posteriores, García cuenta que a principios de la década de 2010, las comunidades mixtecas empezaron a organizar sus propias policías comunitarias. Ya hacía años que otros pueblos de la región habían fundado las suyas y ellos preferían integrarse que quedarse fuera.

“Había muchos casos de homicidio, violación y abuso en aquella época”, explica. Su comunidad y otras cercanas se integraron a la primera fuerza de autodefensa creada en el Estado años antes, la CRAC. En 2016, García se convirtió en uno de los coordinadores de la CRAC en la región. “A mi me tocaba presentar los casos de los detenidos”, explica, “me tocaba dar pláticas de reeducación, pero hay personas que no reaccionan, que no reconocen que cometieron un error”, añade.

La tentación de considerar cambios de este tipo como meros lavados de cara resulta obvia y no es descartable. Ocurrió con la CRAC y sus escisiones. En los pueblos de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, el hecho de que unos y otros han cometido abusos, igual que policías y militares, es irrefutable. La diferencia es que las autodefensas permanecen y se autorregulan, con más o menos éxito, siempre bajo la supervisión y la vigilancia inconsciente del pueblo.

Lo mismo ocurre con el nuevo régimen de Ayutla. Podría parecer que los cambios son estéticos, que igual antes había un presidente, pero ahora hay tres; que antes había regidores y ahora hay consejeros; que antes peleaban los partidos y ahora pelean las tres zonas, e incluso dentro de las zonas. Pero en el fondo, la idea de que la autoridad final recae en una asamblea integrada por cientos de personas, elegidas a su vez por pequeñas asambleas comunitarias, resulta rotunda y relativiza los errores de desorganización que se hayan cometido o los reflejos partidistas de un pasado cercano.

En el carro, Juan Francisco García observa por la ventanilla el crepúsculo ventoso de la sierra y hace preguntas sobre Ciudad de México y el tráfico. Cuando viaja a la capital, el hombre prefiere dejar su vehículo en el peaje de entrada y contratar un taxi para moverse. Le pone nervioso el conductor chilango. Luego habla de su expareja, que dejó en California, del Gobierno, de los usos y costumbres. Usa mucho una frase, “como dice el dicho”, aunque luego el dicho parece una invención suya. Habla del vocabulario de la policía comunitaria, palabras como reeducar o erroe, en vez de encarcelar o delito. “Cómo dice el dicho”, zanja, “para aprender hay que cometer errores”. Luego calla y al rato, ya llegando a la cabecera municipal de Ayutla, dice de la nada, como si de repente destilara su vida entera en un susurro: “Está bonito el sistema comunitario porque hay forma de conciliar”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país