Estados Unidos plantea la creación de un mecanismo de respuesta rápida en temas medioambientales bajo el amparo del TMEC

En la antesala de la próxima revisión del TMEC, el gobierno de Donald Trump busca endurecer y ampliar la aplicación del mecanismo laboral de respuesta rápida para denunciar posibles violaciones de las exportadoras mexicanas en temas de medio ambiente. Fuentes allegadas a las reuniones binacionales indicaron a EL PAÍS que es todavía una idea que ha surgido en las reuniones de negociación y que busca elevar las garantías a cumplir por parte de las firmas en México en materia medioambiental. La creación de esta herramienta implicaría una mayor vigilancia de los tres países firmantes, EE UU, México y Canadá, en el manejo de residuos, la reducción de emisiones contaminantes y el control del uso de productos químicos, entre otros compromisos.

Aunque el planteamiento de EE UU aún está en ciernes, supone un punto de inflexión sobre un mecanismo que será parte central en la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica el próximo año. En 2020, cuando el TLCAN migró al TMEC, se incluyó por primera vez un capítulo laboral bajo fuertes presiones de EE UU. El gobierno estadounidense en ese entonces esgrimió que el objetivo era equilibrar el terreno de juego entre las condiciones laborales de las plantas de EE UU y México.

De esta manera, el mecanismo laboral permite a Estados Unidos presentar una queja directamente en casos en que exista la sospecha de la negación de derechos laborales en una empresa mexicana. Para los sindicatos mexicanos, este procedimiento representa una nueva vía para denunciar abusos, exigir salarios justos y promover la democracia sindical al interior de sus empresas. Sin embargo, tanto el gobierno como el empresariado han declarado que para conservarlo como una herramienta legítima es necesario que se aplique con sensatez, equilibrio y con apego al TMEC.

A cinco años de que entrara en vigor el procedimiento, Estados Unidos ha presentado 41 quejas laborales contra empresas exportadoras mexicanas, invocando el mecanismo. Las denuncias versan sobre las supuestas violaciones a la libertad sindical y a las negociaciones colectivas de sus trabajadores en estos centros de trabajo y cinco de estos casos han sido escalados a un panel, bajo el amparo del TMEC. Las empresas que se determine que violan los derechos de los trabajadores se enfrentan a sanciones que incluyen el bloqueo al mercado estadounidense.

El caso más reciente se presentó esta semana contra Grupo Yazaki, ubicada en León, Guanajuato, por presuntas violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. En agosto de 2023, un sindicato disidente presentó una denuncia por la presunta denegación de derechos de libertad sindical en la planta. Sin embargo, el gobierno de México resolvió, en ese entonces, que no existían elementos para sostener la acusación y desestimó la queja. En este nuevo caso contra la misma compañía, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz alega que el sindicato titular del contrato colectivo ha violado los derechos de los trabajadores al interferir en la actividad sindical de los empleados y tomar represalias contra ellos por sus intentos de organizar un sindicato independiente en la planta.

Además de Grupo Yazaki, firmas como Volkswagen, Atento Servicios, Aerotransportes Mas de Carga, Grupo México o Goodyear han enfrentado un proceso de investigación y, en algunos casos, de implementación de sanciones para resarcir las supuestas violaciones laborales. En el balance, la mayoría de las quejas versan contra empresas de autopartes, la joya de la corona del sector exportador en México.

Por esta razón, no es fortuito que el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza, haya alzado la voz hace unas semanas ante Washington para pedir que el procedimiento sea trilateral y equilibrado. “Es esencial que el mecanismo se utilice estrictamente para fines laborales legítimos y como medida de último recurso, evitando su uso indebido como instrumento para imponer obstáculos comerciales o acciones coercitivas que puedan socavar el espíritu de colaboración e integración que define las relaciones comerciales de América del Norte”, zanjó en una misiva a fines de octubre pasado. No obstante, EE UU apunta en otra dirección: no solo a un endurecimiento del mecanismo, sino también a su ampliación a otros ámbitos como el medioambiental.