Andrea Marván, presidenta de la Cofece: “Buscamos evitar un daño al mercado con la operación entre el Gobierno e Iberdrola”

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), impuso condiciones a la transacción a la compra, por parte del Estado, de las 13 plantas eléctricas de Iberdrola en México, una operación estimada en 6.000 millones de dólares. “La Comisión está buscando evitar que se genere un daño al mercado con esta operación”, sostiene Andrea Marván, comisionada presidenta de la Cofece, en entrevista con EL PAÍS. “Esta es justo la importancia de que la Comisión tenga autonomía técnica, misma que permite hacer estos análisis técnicos y llegar a este tipo de conclusiones”. El fallo llega en un momento en que el futuro de la Cofece está en peligro. Después de cinco años de descalificaciones constantes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley al Congreso para extinguirlo junto con otros seis órganos autónomos.

López Obrador ha celebrado la compra del parque eléctrico de 8.500 mega watts, activos que equivalen al 80% de la presencia de Iberdrola en el país latinoamericano, como una “nueva nacionalización”. Pero si se mira el detalle, el comprador mayoritario es un fideicomiso público, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual utilizó un fondo privado, Mexican Infrastructure Partners (MIP) como vehículo financiero. Todavía queda por definir quiénes invertirán el 49% y, aunque el Estado será el dueño de las 13 plantas eléctricas, no será la empresa eléctrica del Estado quien las opere. Esto, para evitar que se comprometa la competencia en el mercado.

Pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que impuso Cofece?

Respuesta. Analizamos la compra como hacemos con toda operación que supera cierto monto. En este caso, la Comisión determinó imponer condiciones que van encaminadas en dos direcciones: que se opere las plantas de manera independiente y que se evite el intercambio de información sensible o estratégica entre competidores. Para garantizar que las plantas se operen con independencia, la participación del Fonadin no puede ser mayor a 51%. Además, el Fonadin no puede ser el administrador de las plantas, se tendrá que asignar a un tercer administrador independiente.

También se establecen controles para que todas las decisiones relativas a la administración de las plantas puedan ser adoptadas solamente con quórums calificados con la intervención de los otros inversionistas, es decir, los que van a tener el 49% restante de participación. Será necesario que quien opere las plantas no pueda tener conflicto de interés alguno. Y para evitar el intercambio de información sensible, será necesario que se designe a un oficial de cumplimiento que sea totalmente independiente y que debe de verificar que no se intercambien datos como, por ejemplo, precios, volumen, proveedores, entre muchos otros.

Además, los directivos y las personas encargadas de operar las plantas no pueden ejercer funciones de ningún otro competidor y no podrán estar en este puesto han sido funcionarios públicos en los cuatro años anteriores a la designación. Con esto se garantiza que, si bien el Fonadin es el principal inversionista en esta operación, las plantas van a funcionar de manera independiente y no habrá injerencia o comunicación con sus competidores. La vigencia de las condiciones es de diez años y la Comisión las estará verificando de manera constante.

P. El Gobierno ha dicho que parte de la operación se financiará con la banca del desarrollo. Si el Fonadin es el Estado y la banca del desarrollo también, ¿esto no va en contra de las condiciones impuestas?

R. Habrá que revisar quienes llegarán a ser los otros inversionistas, pero se tiene que buscar que exista un mayor número de inversionistas que estén calificados y sean independientes.

P. Hacienda calificó el fallo como una autorización. ¿Ya está autorizada la transacción?

R. Solamente si se aceptan estas condiciones se autorizará la operación y tienen diez días hábiles para aceptarlas. Una vez que esto suceda inicia la verificación constante que durará diez años. De no cumplirse, se puede retirar la autorización y además imponer sanciones como marca el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia. La multa puede ser de hasta el 10% de los ingresos.

P. ¿Por qué consideraron que estas condiciones eran necesarias?

R. La Comisión está buscando evitar que se genere un daño al mercado con esta operación. Esta es justo la importancia de que la Comisión tenga autonomía técnica, misma que permite hacer estos análisis técnicos y llegar a este tipo de conclusiones.

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