La CFE pisa el acelerador para concretar obras energéticas en el año electoral

La empresa de electricidad del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció esta semana que ha firmado una asociación con la privada Grupo Carso para construir un gasoducto en el noroeste del país. Esta es solo la última de varias obras en las que CFE ha metido el acelerador antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así como la inversión pública ha resurgido en el último año, la paraestatal también ha impulsado proyectos energéticos para llegar con un portafolio lleno al 2024, año electoral.

El jueves, CFE informó que firmó una asociación con la empresa Gasoducto Centauro del Norte, subsidiaria de la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, para invertir y desarrollar, en conjunto, un ducto de 416 kilómetros que transporte gas natural para generar electricidad en Sonora y Baja California. Además, la empresa de Slim logró un contrato de servicio del combustible con CFEnergía, filial de CFE.

Unos días antes, la siderúrgica ArcelorMittal anunció que había firmado un contrato por 2.7000 millones de dólares para que CFE le suministre de gas natural por 10 años, acuerdo que pudiera considerarse una victoria para la paraestatal, ya que le suministrará del gas que le compra a Estados Unidos, cuyos compromisos se hicieron durante la Administración Federal previa. En noviembre, CFE contrató a Starlink, empresa del milmillonario Elon Musk, para proveer de servicios de internet. Unos días después, el director de CFE, Manuel Bartlett, aseguró a un grupo de legisladores que estaba lista una inversión de 24.000 millones de dólares que incrementaría la capacidad de generación de electricidad en todo el país.

El más grande proyecto de infraestructura que la CFE tiene en manos es un ducto marino que conectará las regiones costeras de Veracruz y Tabasco. Con un valor de 4.500 millones de dólares, este se construye en asociación con TC Energy, anteriormente llamada TransCanada.

En los primeros años de la Administración de López Obrador, la actitud de Bartlett hacia los privados fue hostil: negándose a asociaciones y buscando renegociaciones de contratos pactados bajo otros directivos. Lo mismo sucedió desde el Gobierno Federal: López Obrador canceló las asociaciones de la petrolera estatal con privados y se negó a trabajar de la mano del sector privado. La inversión fija bruta —aquella que combina la de fuentes públicas como privadas— tocó un fondo durante la pandemia antes de recuperarse, pero su salto más fuerte se dio entre junio del año pasado y septiembre de este año, cuando incrementó 27% según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

SI bien el tono de López Obrador para referirse a los empresarios no ha cambiado, tras bambalinas está llegando a acuerdos con ellos. Tres empresas resultaron ganadoras de contratos para desarrollar parques industriales en uno de los proyectos insignia del presidente: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo.

Este impulso de la inversión pública ha llevado a una sorpresiva expansión de la economía este año, coinciden analistas. En el caso de CFE, su rol en la construcción de infraestructura ha sido foco de atención en los últimos años, ya que empresas extranjeras que buscan abrir fábricas en el país temen apagones y falta de acceso a energía, como se vio en 12 estados este año durante el verano.

En noviembre del año pasado, el director de CFEnergía, filial privada de CFE también llamada CFE International, Miguel Reyes, reconoció que hay un cambio de actitud hacia las inversiones con privados. “Nos hemos tardado, pero ya hay una estrategia”, dijo en noviembre de 2022, “esta es la situación en que nos encontramos, estas son las salidas y a partir de ahora busquemos colaborar con el sector privado para que, inicialmente, terminemos de solucionar el problema de CFE y, posteriormente, ver qué nueva infraestructura va a requerir el país”.

Analistas económicos, como Gabriel Lozano de JPMorgan, han dicho que las condiciones que se han generado en el país a partir del incremento del gasto, tanto en apoyos sociales como en inversión fija, contribuye a las condiciones para una elección inclinada en favor del oficialismo en los comicios presidenciales del próximo año.

“Las condiciones económicas están sentando las bases para un triunfo del oficialismo: crecimiento potencial en el corto plazo, tasa de desempleo por debajo del promedio histórico, inflación que, quizás, no bajará al 3%, pero bajará con respecto a los últimos tres años y un tipo de cambio más fuerte”, señaló Lozano.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país